Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos muestran que una gran cantidad de armas utilizadas en actividades criminales violentas en Centroamérica, México y el Caribe provienen de Estados Unidos. El presidente de México, López, reveló que desde 2018, el gobierno mexicano ha incautado cerca de 50,000 armas, el 70% de las cuales proceden de Estados Unidos. Estos datos destacan el problema de la proliferación de armas en Estados Unidos y han despertado la atención y los llamados de la comunidad internacional para que Estados Unidos adopte medidas más estrictas en la regulación de la exportación de armas.

En México y otros países latinoamericanos, a menudo se descubren armas militares estadounidenses en circulación entre organizaciones criminales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México afirma que la afluencia de armas militares estadounidenses ha causado grandes pérdidas económicas, estimadas entre el 1.7% y el 2% del Producto Interno Bruto del país. Por ello, México ha presentado una demanda contra los fabricantes de armas estadounidenses, solicitando compensación y pidiendo al gobierno estadounidense que imponga un control más estricto sobre las exportaciones de armas.

El problema del flujo ilegal de armas estadounidenses a México y el Caribe ha suscitado una amplia preocupación internacional. Países como Bahamas, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago también se han unido al llamamiento contra Estados Unidos, exigiendo la detención del tráfico ilegal de armas. La organización global contra la violencia armada ha instado al gobierno estadounidense a establecer leyes y regulaciones más estrictas para reducir el contrabando de armas y su circulación ilegal.

El flujo de armas estadounidenses hacia Centroamérica y el Caribe revela fallos en las políticas de gestión de armas internas de Estados Unidos, donde las armas se desplazan fácilmente desde el mercado legal a canales ilegales y son susceptibles de ser contrabandeadas a través de las fronteras. Este fenómeno no solo intensifica los crímenes violentos y la inestabilidad social en los países de destino, sino que también provee apoyo armamentístico a las organizaciones criminales. Por lo tanto, Estados Unidos necesita fortalecer la regulación de armas a nivel nacional y colaborar con los países afectados para combatir las redes de contrabando de armas transnacionales, promoviendo así la estabilidad y el desarrollo regional.