Juan Peña.–El Gobierno británico dio la orden a las clínicas médicas trans de proporcionar datos acerca de la evolución de sus pacientes y sus estados actuales, después de someterse a terapias de conversión de género. Además de esta orden de cooperar compartiendo datos, el Servicio de Salud Nacional (NHS) abrió una investigación contra siete clínicas.

La decisión del Gobierno de Rishi Sunak llega después de recibir su Ministerio de la Salud un devastador informe que pone en evidencia los efectos nocivos en algunos casos y desconocidos en muchos otros de las terapias trans. Se trata del informe Cass, una investigación de casi 400 páginas elaborada por un organismo independiente de la Universidad de York. Sus conclusiones aseguran que no hay suficientes elementos materiales que respalden los efectos de las terapias hormonales y de bloqueadores de la pubertad en adultos y menores de edad.

“La realidad es que no disponemos de pruebas concluyentes sobre los resultados a largo plazo de las intervenciones para tratar la angustia relacionada con el género”, escribió en la introducción Hilary Cass, expresidenta del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil británico, que dirigió la revisión.

¿Qué fue de los 9.000 pacientes trans de las clínicas?

La información de la que disponen las clínicas médicas acerca del estado actual de sus pacientes sometidos a estas terapias será fundamental para que el Gobierno avale por completo las conclusiones del informe Cass. Darán un panorama global de los efectos a medio y largo plazo en la salud de las terapias tan polémicas. De acuerdo The Telegraph, las autoridades reclaman información sobre cerca de 9.000 pacientes de las clínicas transgénero en Reino Unido.

En un principio, de acuerdo con el Daily Mail, el informe Cass debía contar con los datos que ahora demanda el Gobierno británico. Sin embargo, seis de las siete clínicas investigadas decidieron no cooperar con el equipo de investigadores independientes. Aseguraron que el informe daría una imagen distorsionada de los efectos de sus terapias y que en caso de existir resultados negativos, los centros de salud no quieren considerarse responsables de estos mismos.

En el centro de esta polémica está el centro Tavistock, una clínica pionera en las terapias trans en Reino Unido. Aplicó tratamientos hormonales con bloqueadores de la pubertad a menores de edad. El Gobierno ordenó su clausura en 2020 después de una evaluación desfavorable por parte de los inspectores de sanidad. De acuerdo con la BBC, miembros de la clínica denunciaron que algunos pacientes fueron remitidos a un itinerario de transición de género sin garantías suficientes.

“Pondremos en marcha una revisión del funcionamiento y la prestación de los CDG [clínicas de disforia de género] para adultos, junto con la revisión prevista de la especificación del servicio de disforia de género para adultos”, asegura una carta del NHS filtrada por el diario The Guardian.

Una “cultura de ideología e intimidación”

Victoria Atkins, secretaria de Sanidad del Gobierno de Rishi Sunak, tuvo algunas palabras de crítica hacia las clínicas que no cooperaron con el informe Cass. “Es vergonzoso que las clínicas de género para adultos no hayan cooperado con la investigación de la Universidad de York para vincular los datos de los niños en el Tavistock para que podamos entender su viaje a la edad adulta”, sostuvo la secretaria Atkins para el diario The Telegraph.

En una aparición en medios nacionales, Victoria Atkins cargó además contra una “cultura de ideología e intimidación” expuesta por el informe Cass y que resulta extremadamente dañina para los menores de edad, la salud pública y la evidencia científica. Se refiere así a la ideología woke que promueve unos presuntos beneficios que respaldan las terapias trans en los centros de salud. Beneficios que no tienen ningún fundamento científico y que el Gobierno de Rishi Sunak pone de nuevo en su agenda pública.

Reino Unido no es el único país europeo que retrocede y pone en cuestión estos tratamientos trans. Pese a las ofensivas de progresistas, Finlandia o Suecia eliminaron los tratamientos hormonales en menores de edad después de que sus autoridades emitieran concusiones en condena a sus efectos sobre la salud de los niños.