La Comisión Europea ha alertado a España en numerosas ocasiones de los incumplimientos en materia de deuda pública y déficit de las cuentas. Lo ha hecho con otros países y nunca ha tenido grandes efectos. Ahora más recientemente, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo han apercibido a nuestro país de los defectos en la consecución de los compromisos adoptados para recibir los distintos tramos de los fondos europeos y su transmisión de la información de ejecución y destinatarios.

Incluso el cuarto tramo está pendiente y se nos ha dado hasta mayo para mejorar lo presentado y recibir el dinero. Las autoridades comunitarias no es que secularmente hayan dado mucho miedo y las sanciones y apercibimientos sean tomados demasiado en serio por los distintos países. Basta recordar la visita hace ya más de un año de la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo. La alemana Hohlmeier se fue escandalizada por la falta de transparencia e incluso por no haber conseguido saber, según ella misma denunció, dónde estaba el dinero de los fondos. Nunca más se supo del asunto.

El pasado lunes, el Gobierno recibió el último informe de la Comisión Europea. En él se pide a España un esfuerzo adicional y una estrategia creíble que conlleve una reducción significativa de la deuda pública y del déficit estructural. Hay que recordar que ya han entrado en vigor las reglas fiscales suspendidas por la pandemia. De momento, el año pasado ya no se cumplió con el 3% de déficit y veremos este año. La aritmética parlamentaria es endiablada y aunque los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados, los grupos que apoyan a Sánchez son insaciables y exigirán prebendas de todo tipo incluidas las económicas. Sin ir más lejos, los independentistas catalanes están exigiendo una especie de cupo vasco. Es decir, quieren recaudar todos los impuestos y que el Estado les pague, por ejemplo, las pensiones, ya que son deficitarios. Además, no pararán hasta contar con una financiación propia al margen de las demás Comunidades Autónomas. De tú a tú con el Gobierno.

Cabe pensar que cada Ley o Decreto-Ley que el ejecutivo quiera aprobar llevará consigo una negociación que estará ligada de un modo u otro a la necesidad de financiación o inversiones prometidas. Acabamos de comprobar que por medio de la SEPI se ha comprado el 3% de Telefónica, decenas de millones que en pura teoría y sin presupuesto nuevo es difícil de encajar.

Veremos cómo responde el Gobierno a la petición, que no exigencia, de reducción deuda y déficit y qué consecuencias tendría no hacerlo o hacerlo tarde y mal. Sánchez necesita ganar tiempo. Hay tres procesos electorales en marcha y en todos están implicados sus socios, por lo que sus resultados tendrán efectos en el Congreso de los Diputados y en las cuentas de Sánchez.