Los inspectores de Hacienda del Estado han advertido este lunes de que una eventual independencia fiscal de Cataluña crearía una situación privilegiada que restaría recursos al resto de comunidades autónomas, lo que sería inconstitucional.

Un eventual sistema de financiación singular para Cataluña “conculcaría los principios de igualdad, solidaridad y justicia”, ha asegurado la presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, en un encuentro con medios.

La cesión de la gestión y la recaudación de la totalidad de los tributos a la Generalitat de Cataluña, como ha solicitado su presidente, Pere Aragonés, “no tiene ninguna cobertura legal ni en la Constitución, ni en la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) ni en las leyes de desarrollo”, ha subrayado el vocal de la asociación José María Peláez.

De la Herrán ha añadido que si, para salvar esta situación, se optara por reformar la Lofca para dar una “especialidad” a la financiación catalana constituiría “un fraude de ley”, ya que daría un privilegio prohibido por la Constitución a una región del régimen común.

Peláez añade que tampoco la normativa catalana incorpora “ninguna especialidad que pueda amparar esta petición”, ya que el Estatut está “en consonancia plena y total con la Constitución” en materia de financiación.

Tampoco tiene amparo constitucional una eventual traslación a la Generalitat de la gestión o recaudación de impuestos no cedidos a través de un consorcio entre el Estado y la comunidad autónoma, una figura que solo está prevista para casos concretos “cuando se crea conveniente y la naturaleza del tributo lo exija”.

Aún así, el documento presentado por Aragonés reclama esta singularidad en la financiación catalana basada en un “agravio” que procede, en realidad, del retraso en la revisión del sistema de financiación, que afecta más a otras regiones como la Comunidad Valenciana, por lo que no es justificable, según los inspectores.

Una eventual independencia fiscal de Cataluña contravendría, además, el principio constitucional de no privilegiar unas regiones frente a otras, algo que ocurriría porque Cataluña estaría mejor financiada que las demás -casi duplicaría sus ingresos, al pasar de 25.600 millones a 52.000 millones, según cálculos de la Generalitat- y, por lo tanto, podría prestar mejores servicios.

Al mismo tiempo, si Cataluña, al quedarse con la totalidad de los impuestos de la región, dejara de dotar a los fondos de cohesión social del Estado “el resto de comunidades autónomas van a recibir menos” ingresos por esta vía, ha advertido Peláez, es decir, “van a estar peor financiados y recibir peores servicios públicos”.

El fraccionamiento de la Agencia Tributaria, además, pondría en cuestión el futuro de los 5.000 trabajadores actualmente destinados en Cataluña -que ya están mostrando nerviosismo, según la asociación- y dificultaría la lucha contra un fraude fiscal cada vez más globalizado, ya que se perdería el sistema de información único.

Los regímenes forales de País Vasco y Navarra, previstos en la Constitución, ya suponen un “agujero negro” en materia de información a efectos de lucha contra el fraude, ha subrayado Peláez, una deficiencia que se subsana porque suponen alrededor del 6 o el 7 % del PIB, pero Cataluña supone el 20 % del PIB, por lo que su salida de la Agencia tendría “una repercusión muchísimo mayor”.

De la Herrán ha aprovechado además el evento para cargar contra el “silencio rotundo” del Ministerio de Hacienda ante las peticiones de la asociación para abordar la reforma de la función pública, que, a su juicio, dará acceso a funcionarios no preparados, lo “que acabará siendo un sistema clientelar”.