La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) consideran que el nuevo texto pactado por PSOE, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y Sumar para la ley de amnistía, que incluye cambios para perdonar delitos de terrorismo, traición y malversación en el ‘procés’, sigue siendo contrario al Derecho europeo.

Es la opinión compartida este jueves por estas tres asociaciones de jueces, consultadas por Europa Press, tras el acuerdo entre los socialistas y los partidos independentistas catalanes que busca blindar al expresidente catalán Carles Puigdemont ante el “terrorismo callejero” que investiga el Tribunal Supremo y que pretende amparar la alta traición que se indaga en la supuesta trama rusa del ‘caso Voloh’.

“No estoy tan convencido de que con estos cambios la amnistía se salve definitivamente en la Unión Europea”, ha indicado el miembro de la APM, Alejandro Gómez Mariscal de Gante, que califica de pequeñas alteraciones los cambios introducidos, que a su entender vulneran el Estado de Derecho.

A su juicio, se quieren perdonar delitos de corrupción bajo la premisa de que “todo está amparado por la Comisión de Venecia, cuando no está aún el informe definitivo y si se lee el borrador, no dice nada” de lo que se ha interpretado desde los partidos que proponen la amnistía y que usan “frases descontextualizadas”.

Sobre el terrorismo, Gómez Mariscal de Gante ha incidido en que quitar la referencia al Código Penal español y sí mencionar la directiva europea, como hace el nuevo texto, no quita que el Derecho español también incluye el europeo: “Nuestra definición de terrorismo es propia de la UE”.

El miembro de la APM ha lamentado que estos cambios den a entender que la normativa española es diferente a la europea, a la vez que ha criticado que esta ley se haya planteado como una especie de pelea entre los políticos y los jueces, a los que se ve como un “obstáculo a salvar”.

“Lo que se opone a la amnistía es el Estado de Derecho”, ha subrayado Gómez Mariscal de Gante, antes de recordar que será obligación de los jueces plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si entienden que no es conforme a la Constitución ni al Derecho europeo.

A esta ley de amnistía, en su opinión, le falta un gran consenso social para poder ser valorada como válida, coincidiendo en este punto –según ha hecho hincapié– con la Comisión de Venecia.

EL NUEVO TEXTO, “PERVERSO Y CONFUSO”

La AJFV, por su parte, ha señalado que las referencias al terrorismo, la traición y la malversación en el texto reformado “no cumplen con los valores fundamentales de la UE”, lo que invalida la ley y tiene también “difícil pase” ante el Constitucional.

Su portavoz, Sergio Oliva, ha resaltado que esta amnistía, desde su texto inicial, no alcanza ningún fin constitucional porque crea “desigualdad” entre los españoles al perdonar determinados delitos por finalidades políticas.

Oliva ha expresado que estos cambios contravienen los más elementales principios, dado que no ofrecen mecanismos de seguridad jurídica sobre lo que es o no amnistiable.

Ha tildado de “perverso” el nuevo texto, porque su redacción es “intencionadamente confusa y ambigua, provocando que cualquier tipo de interpretación válida” de un juez “sea calificada como prevaricadora”.

El portavoz de AJFV ha desmentido que la normativa europea sobre terrorismo tenga un umbral de delitos más bajo y ha lamentado que se duda del Código Penal español, que es “totalmente compatible” con el Derecho comunitario.

Respecto a la malversación, Oliva ha reprochado que se entienda solo como corrupción cuando el dinero público se destina para enriquecerse, incidiendo en que la UE contempla que existe desvío de fondos públicos para fines ilegales como el ‘procés’.

Y sobre el delito de traición, que se incluye en la amnistía cuando no se haya cometido con fuerza, desde AJFV han reaccionado advirtiendo que deja “indefenso” al Estado.

ES INCONSTITUCIONAL, ANTES Y AHORA

En parecidos términos, el presidente de FJI, Fernando Portillo, ha manifestado que “el Derecho europeo camina en una dirección y la amnistía en la contraria”.

Ha rechazado la separación “forzosa y artificial” de terrorismo grave o menos grave, así como de malversación “mala o menos mala”, precisando que estas diferencias no las hace el ordenamiento jurídico europeo, que obliga a perseguir los delitos con independencia de quien los cometa y España, de esta forma, lo incumpliría.

Portillo ha recalcado que la posición de FJI sobre la amnistía no ha cambiado tras estos cambios, insistiendo en que, a su entender, es inconstitucional desde el principio por contraria a la separación de poderes y por privilegiar el interés de determinadas personas sobre el general.