Yarisley Urrutia – Periodistas y juristas critican el abandono del reportero por parte del Gobierno español y el “silencio cómplice” del gremio, de “doble rasero”. Los activistas de su grupo de apoyo denuncian y llaman “mentiroso” al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, por afirmar que sus derechos y asistencia legal están siendo respetados.

El periodista freelance español Pablo González Yagüe cumple ya dos años en prisión preventiva desde que fuera detenido en la noche del 28 de febrero de 2022 en la ciudad polaca de Przemyśl por oficiales de inteligencia de ese país mientras cubría la crisis de los refugiados ucranianos.

Recordamos que el 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Lublin decidió prorrogar por octava vez la prisión provisional del reportero otros tres meses más, sostenida bajo la vaga acusación inicial de ser “un espía ruso”.

Según el artículo 130.1 del Código Penal polaco, el delito de espionaje está castigado con hasta 10 años de prisión. Sin embargo, desde febrero de 2022 no ha trascendido prueba o indicio alguno en contra de González que apoye tal acusación.

Para denunciar su situación de reclusión en régimen de aislamiento en condiciones insalubres y la vulneración de sus derechos, sus grupos de apoyo en Madrid, Barcelona y País Vasco, y la asociación #FreePabloGonzález han distribuido un video con la participación de varias personalidades, entre ellas diversos periodistas, actores, juristas, cantantes o escritores, donde se exige el respeto de su presunción de inocencia y que sin más demora sea juzgado con todas las garantías.

En los dos años transcurridos, los tribunales no han dado cuenta de hechos que puedan respaldar las acusaciones. La defensa de Pablo González sigue sin tener acceso al sumario del caso y tampoco se le han trasladado las posibles actuaciones.

El 21 de febrero, su abogado español, Gonzalo Boyé, informó en la red X de que las diligencias de investigación del caso “que, idealmente, deberían haberse llevado a cabo en 2022” solo entonces estaban comenzando a realizarse. Es decir, solo ahora empieza a investigarse su vida.

La inacción del Gobierno español

El caso de Pablo González suscita el silencio a nivel europeo y en España, donde las declaraciones en torno a su situación se suceden a cuentagotas. El Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares se limita a afirmar que su detención y condiciones de encarcelamiento se ajustan a la legalidad y que todos sus derechos “están siendo respetados”.

En realidad, Pablo González es el único periodista europeo encarcelado en una prisión de un Estado miembro de la UE. El Grupo de Apoyo a Pablo González en Madrid denuncia que Exteriores “no ha hecho nada” por que pueda comunicarse con sus hijos y mejorar la precariedad de las condiciones de su reclusión.

El ministro Albares “ha llegado a cuestionar su derecho a la presunción de inocencia” y “en ningún momento” se ha puesto en contacto con su familia, aseguró el portavoz del grupo, Javier Sáenz Munilla, durante un acto informativo en la sede del Sindicato de Periodistas de Madrid al que asistió Sputnik, donde calificó la inacción del Gobierno español de “dolorosa” e “inexplicable”.

“El Grupo de Apoyo a Pablo González denuncia y llama mentiroso al ministro español de Exteriores. Es un falaz. Ni una palabra, salvo mentiras en los platós de televisión y en el Parlamento, lo cual es un delito”, declaró J. Sáenz Munilla, que reveló que el grupo ha dirigido por novena vez una carta a J. M. Albares para que “el Estado español exija a Polonia que deje de vulnerar los derechos de González y que se aplique la legislación europea para que pueda cumplir en España la prisión provisional en espera de un juicio justo”.

Al respecto, Cristina Ridruejo, también portavoz del Grupo de Apoyo a Pablo González en Madrid, recordó que, en realidad, el periodista “puede cumplir prisión provisional en España a la espera de juicio”. Pero Bruselas no ha pedido el respeto de las garantías procesales, pese a que el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reinders, ya aludió a la decisión marco 2009/827/JAI del Consejo Europeo en virtud de la cual cualquier sospechoso puede ser objeto de medidas de vigilancia en su propio país y no en el que va a ser juzgado.

Prisión provisional o eterna

La legislación polaca se dota de supuestos por los que permite ampliar los plazos de la prisión provisional más allá de los dos años y encarcelar de manera preventiva no sólo a delincuentes violentos o sospechosos con riesgo de fuga, sino también a los sospechosos de delitos de corrupción, por ejemplo.

De modo que en Polonia hay gente pasando tiempo excesivo en prisión sin que se tengan en cuenta sus derechos fundamentales, “incluida la presunción de inocencia”, como indicó en una entrevista a Financial Times el presidente del Consejo de la Abogacía Polaca, Przemysław Rosati. Según Javier Sáenz, en la práctica “no hay límite a la prisión provisional en Polonia, conocemos el caso de una persona que llegó a estar ocho años en prisión provisional”.

Para el abogado especializado en derechos humanos José Luis Mazón, la duración del procedimiento “no es razonable”, dado que el encausado se halla preso. “Pero, además, hay una violación bastante flagrante del derecho a no sufrir trato inhumano degradante, que se deriva de las condiciones de la detención, eso es insólito”, explica.

Mazón recuerda que el Comité de Derechos Humanos de la ONU “ya condenó a España por un caso similar, por un procedimiento de dos años sin haber dado la libertad bajo fianza al encausado”. A su juicio, no importa que la legislación polaca contemple supuestos para extender los plazos de la prisión provisional.

“El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que emana del Consejo de Europa, está por encima de la ley polaca y de la española. Aunque Polonia se saliese de la UE, la Convención la vincularía, porque es signataria del Convenio”. Los abogados de González presentaron en septiembre de 2022 una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la cual “se debería dar un tratamiento prioritario”, estima Mazón.

Al respecto del trato degradante, hay que recordar que Pablo González pasa 23 horas diarias en una mazmorra de 5 m² vigilado por cámaras en “una cárcel que está dentro de otra cárcel”, en palabras de Oihana Goiriena, esposa de Pablo González. Lo hizo en soledad durante el primer año, ahora con otro reo. “Cuando empezó el invierno, solicitó una estufa y se la denegaron. Está pasando frío. No tiene permiso para hablar por teléfono con sus hijos pequeños, con la excusa de que no saben quién podría estar al otro lado de la línea. Tampoco dan el permiso para una videoconferencia”, denuncia Cristina Ridruejo.

José Luis Mazón, que ya en 1994 fue pionero en conseguir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos una sentencia contra España por un caso de temas ambientales, considera que el caso de Pablo González puede ser llevado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

“Tiene fuerza internacional, sus fallos no son vinculantes, pero hostigan al país a nivel mediático”, asegura. También es partidario de pedir un “tratamiento prioritario del caso” ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque este caso “es indignante” y a este tribunal “se puede acudir de primeras en situaciones muy graves”.

El silencio de la prensa española

Apenas hay noticias en los medios de comunicación del país ibérico sobre el caso de Pablo González. Y cuando las hay, se vierte sobre su figura un halo de sospecha que vendría a justificar su situación.

Esa falta de interés es en realidad “servidumbre política, miseria periodística y vergüenza humanitaria”, en palabras del periodista e investigador de medios de comunicación Pascual Serrano, que en conversación con Sputnik señala que los principales mass media sirven a un poder dominante liderado por EEUU y la OTAN, y que la gran mayoría de los periodistas que trabajan en ellos son solo una “correa de transmisión” de las líneas editoriales.

“Para adecentar la miseria de su doble rasero y el silencio cómplice necesitan, de vez en cuando, presentar como culpable a la víctima que ellos mismos han ignorado. De ahí que cualquier infundio o camelo que pueda serles de utilidad lo difundan como información. Se trata de aparentar periodismo mediante mentiras cuando solo se trata de miseria moral”.

“Es un silencio cómplice, penoso y doloroso”, describe Javier Sáenz, que recuerda que la mayor parte de sus compañeros de profesión, “son incapaces de movilizarse y rebelarse contra la censura practicada de modo flagrante por los propietarios y directivos de los medios sin otro propósito que el de colaborar con el linchamiento psicológico al que está siendo sometido Pablo González y sus familiares”.

“Yo escribí a El País una carta, pero no me la publicaron”, afirma Javier Sáenz, preguntado por Sputnik sobre si algún medio de comunicación se ha hecho eco de las denuncias del grupo de apoyo a Pablo González en Madrid.

“Me llamó la Defensora del Lector, porque soy suscriptor, y se escudó diciendo que ya habían publicado muchas cosas. Ahora está el caso de Julian Assange, otra barbaridad, y le dedican espacio, pero a Pablo González ni una mención”, se lamenta. Y cita otro agravio comparativo.

“El otro día dedicó El País dos páginas y llamada en primera al caso de Rubén Zamora, un periodista detenido en Guatemala. ¿Por qué no dedican uno a Pablo González?”

La actitud del Gobierno español

“A mí lo que me extraña es el silencio de Pedro Sánchez y de la UE ante este caso”, admite José Luis Mazón, que ve en esta actitud un signo de que nos hallamos “ante una jugada de alto ajedrez”.

“El caso de Pablo González es complejo y parte de un cambio de algo que yo no consigo entender. Con una actitud tan hostil ante un periodista español, extraña mucho que el Gobierno no ponga el grito en el cielo”, afirma este abogado, que considera que las declaraciones del ministro Albares son “retóricas y cínicas”.

El caso contrasta con el fuerte apoyo brindado por la diplomacia española a Daniel Sancho, hijo de un célebre actor y asesino confeso de su amante en Tailandia, donde se halla preso.

La actitud del Gobierno parece replicarse en los medios de comunicación mediante una consigna, explican en el Grupo de Apoyo a Pablo González.

“¿Por qué el ministro Albares ha llamado en persona, lo sabemos de buenas fuentes, a determinados periodistas para decirles que no hablen del tema porque las acusaciones son muy graves y las pruebas concluyentes? ¿Para quién trabaja el ministro?”, se pregunta Javier Sáenz, para quien el canal La Sexta, uno de los medios con los que colaboraba Pablo González y al que brindó su última crónica desde Polonia, “no se ha portado nada bien”.

“En el País Vasco sí hay movimiento, los medios allí sí que están publicando cosas. Y EiTB [la televisión autonómica vasca] ha hecho reportajes”, explica Javier Sáenz, que asegura que “lo que le está pasando a Pablo, le va a pasar a más gente” y que la falta de solidaridad del gremio periodístico contrasta con el de Francia, donde los periodistas “hicieron una huelga de 24 horas por la detención por unas horas de una compañera que estaba investigando casos de corrupción”. ”

Preguntado por si empieza a haber similitudes entre los casos de Julian Assange y Pablo González, Pascual Serrano destaca que la represión de ambos periodistas “obedece el mismo modelo de aplastar al molesto y, sobre todo, servir de ejemplo al periodismo incómodo de lo que te puede pasar si abandonas el redil”.

“Especulamos con que el motivo de su encarcelamiento no es por nada que haya hecho, sino un aviso a navegantes para que los periodistas independientes no se acerquen. Todo cuadra con el hecho de que el Ministerio de Exteriores no haga nada y que la UE no presione a Polonia”, conviene Cristina Ridruejo, quien señala una clave en el nuevo Gobierno polaco.

Polonia ha estado gobernada durante 10 años por el PiS, un partido cuyas políticas, también en el ámbito judicial, han chocado con las directrices de la UE. El nuevo Ejecutivo encabezado por Donald Tusk, a priori algo más liberal y europeísta, podría dar un impulso al caso y poner una fecha al juicio. Si no es así, esto indicará que la resolución del caso no corresponde a decisiones soberanas de Polonia y España.

“Porque si el nuevo Gobierno de Tusk, que tiene tanto interés en restaurar el Estado de derecho en Polonia, no juzga a Pablo González, podremos decir que la decisión no está en manos de Polonia, sino quizás en las de la OTAN. Si Pablo ha sido un preso del PiS, ahora lo tendrían que juzgar”, concluye Cristina Ridruejo.