Koldo García, ayer, tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional

La supuesta “trama” del Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos, investigado por su intermediacion en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia “obtuvo unos beneficios en torno a un 32% de los fondos obtenidos”, alrededor de 16,5 millones de euros, destinando un 13% del total del montante de las adjudicaciones (más de seis millones de euros) a pagar el suministro y transporte aéreo de las mascarillas.

Así consta en una de las resoluciones en las que el juez del caso, Ismael Moreno, acordó la adopción de medidas cautelares para tres de los imputados que comparecieron ante el instructor el pasado jueves.

En esa resolución se señala que fue el Ministerio de Transportes el que llevó a cabo la “preselección” de la empresa Sociedades de Gestión para la adjudicación de los controvertidos contratos, que suman 52 millones entre diferentes administraciones. En primer lugar, Puertos del Estado, después ADIF y, por último, Interior.

De hecho, el juez de la Audiencia Nacional cree que existió “un concierto previo” entre los responsables de dicha empresa y la Administración Pública, puesto que la publicación de la orden para la adquisición del material sanitario se produce el mismo día de la adjudicación.

Fue Koldo García Izaguirre, entonces mano derecha del ministro (y ahora diputado del PSOE) José Luis Ábalos, quien “facilita” a Soluciones de Gestión “información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iba a abrir de forma inmediata”. García Izaguirre era asesor del ministro desde junio de 2018, y continuaría siéndolo hasta julio de 2021 (además de consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, dependiente del mismo ministerio).

Es Aldama quien pone en contacto a Soluciones de Gestión con Koldo García Izaguirre, pues se conocían desde 2018 por motivos de trabajo.

La investigación señala que “al menos en una ocasión” el presidente del Zamora recurrió al asesor de Ábalos para “agilizar trámites” con el Ministerio de Transportes respecto a la contratación durante la pandemia.

Para el magistrado resulta relevante que el primer contrato adjudicado fuese por parte de Puertos del Estado, de cuyo Consejo Rector formaba parte García Izaguirre, y que el segundo lo adjudicase Adif, un ente dependiente de Transportes, donde “asesoraba” a Ábalos.

En cuanto a los contratos que adjudicó después Interior, se apunta que se hizo así porque desde el departamento de Grande-Marlaska se tuvo conocimiento de que Fomento “había logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento de material sanitario”.

“Notable incremento” de patrimonio

Para el instructor, resulta “sumamente relevante” para precisar el papel de Koldo García en la supuesta “trama” es el “notable incremento” de patrimonio que experimentó durante los dos últimos años, posiblemente recurriendo a testaferros de entre su círculo familiar o utilizando a terceras personas. Para lograr así “ocultar”, o al menos “dificultar” la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos.

El magistrado sitúa en el origen de los supuestos “pelotazos” a Víctor de Aldame, presidente del Zamora CF, cuya participación en los hechos -recalca- “no es casual”. Según expone el juez, Aldama, al conocer que el Ministerio de Transportes “necesitaba adquirir equipos de protección individual”, asumiendo que no disponía de medios humanos ni técnicos, como tampoco de la financiación necesaria, para llevar a cabo en solitario esos suministros, contactó con el grupo Cueto (con quien había colaborado con anterioridad en proyectos comunes) y con Soluciones de Gestión, “titular real” de esta empresa situada en el epicentro de la “trama”, “para aprovechar su capacidad y ejecutar el contrato”. De ahí que la investigación apunte a que los nueve contratos investigados fueron “un proyecto conjunto” de Aldama y Juan Carlos Cueto, ambos imputados.

En esos momentos, los ingresos y pagos de Soluciones de Gestión se habían visto “drásticamente disminuidos”.

Además de los tres contratos adjudicados entre marzo y abril de 2020 por los ministerios de Transportes e Interior, por un montante total de casi 36 millones de euros, el Servicio de Salud del Gobierno canario le adjudicó otros cuatro contratos en abril de ese mismo año por un importe de 12,3 millones de euros, y el Gobierno Balear le pagó otros 3,7 millones en mayo. Respecto a esta última adjudicación, al afectar esas partidas a fondos de la UE la Fiscalía Europea se ha hecho cargo de la investigación, a la que Anticorrupción remitió toda la documentación en junio del pasado año.

Por último, la querella de la Fiscalía detalla también que la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó el 22 de diciembre de 2020 a una UTE (unión temporal de empresas) de Ferrovial y Soluciones de Gestión dos lotes de mascarillas, aunque en este caso el desembolso no se ha especificado aún.

Soluciones de Gestión, constituida en 2017, era propiedad en el momento de los hechos investigados del empresario Iñigo Rotaeche, también imputado, y que tras declarar ante el instructor quedó en libertad el pasado jueves, aunque el juez le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y debe comparecer cada 15 días en el juzgado.

Anticorrupción sostiene en su denuncia que la empresa bajo sospecha “estaba controlada por el Grupo Cueto”, un conglomerado empresarial compuesto por siete sociedades