LR (Reproducido).- En dos semanas se celebran las elecciones gallegas. Las primeras urnas desde que Pedro Sánchez firmó su pacto de investidura con Carles Puigdemont. La amnistía, lo que se juega el PP, la mediación de Europa en la renovación del GCPJ, la crisis de Vox y hasta si cabe pensar en una moción de censura. Los temas fluyen en un diálogo en el que Feijóo asume su responsabilidad en lo que pase en Galicia.

Esta semana pasada estuvo usted en Bruselas. ¿Puede detallarme qué gestiones están haciendo allí para frenar la ley de amnistía?

Simplemente estamos informando de lo que está ocurriendo en nuestro país con una ley que atenta contra los pilares básicos de la Unión Europea: la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la separación de poderes. Europa no va a aceptar que la cuarta economía del euro rompa los principios fundacionales de la Unión, como es el Estado de Derecho, que se basa también en la independencia del Poder Judicial.

Ya, pero, en concreto, ¿con quién están hablando y qué les están pidiendo?

El Partido Popular Europeo conoce perfectamente qué está ocurriendo en España y está cumpliendo con su responsabilidad como principal fuerza del Parlamento Europeo. Las instituciones comunitarias saben que, en España, después de 45 años de democracia, por primera vez preside el gobierno quien ha perdido las elecciones y lo hace gracias a un trueque de votos con los independentistas, investidura a cambio de impunidad penal.

¿Y hasta dónde cree que va a llegar Bruselas?

Europa no va a mirar hacia otro lado ante los ataques que está sufriendo nuestro Estado de Derecho. La Comisión ya ha pedido explicaciones al Gobierno español respecto al proyecto de ley y actuará como guardiana de los tratados para asegurar el respeto al derecho de la Unión Europea. Si después de la aprobación de la ley de amnistía los tribunales españoles plantean una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión, de oficio, se posicionará con toda la información que ya tiene y después de ver cómo en menos de tres meses se han echado a la calle tres millones de españoles para reclamar igualdad y separación de poderes. Todo lo que está pasando en nuestro país no tiene precedentes en democracia.

¿Por qué dice que tendrá que pronunciarse la Comisión Europea?

Cuando se presenta un asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión debe posicionarse jurídicamente.

¿Su partido se dirigirá a ella para pedirle que actúe?

No será necesario. Serán los letrados de la Comisión, ya la que salga de las próximas elecciones europeas de junio, los que fijarán posición, en el caso de que, como le comenté antes, los tribunales españoles presenten una cuestión prejudicial.

¿Cree que pese al voto en contra de Junts en el Congreso, la pasada semana, habrá finalmente ley de amnistía?

Sí. Sánchez sabe que no puede seguir siendo presidente del Gobierno sin Puigdemont. Y Puigdemont necesita rescatar a Sánchez para rescatarse a él también. Al día siguiente de la votación de la amnistía en el Congreso estaba agendada una reunión con el comisario Reynders, y esto pudo influir en cómo se movió el PSOE en esa votación porque Europa es muy sensible con el Estado de Derecho, pero lo es todavía más con la amenaza que representa Putin para la Unión. También se están investigando los contactos del independentismo con el régimen de Putin, porque su objetivo es desastabilizar la unidad territorial de España y, en consecuencia, de la Unión Europea.

¿Y quién espera que ceda, Puigdemont o el presidente del Gobierno?

Puigdemont conseguirá lo que quiere y la cesión volverá a ser de Sánchez. Una vez que Sánchez ha abandonado los pocos principios que le quedaban, está en una huida hacia delante que solo puede llevarle al abismo. Después de haber engañado a su electorado, de haber engañado a su partido, de haber aniquilado al PSOE dejándole prácticamente sin representación territorial, y después de haber pactado contra el Estado de Derecho, contra la Constitución española y contra la biografía del Partido Socialista, contra todo lo que ha dicho como presidente del Gobierno, todo lo que todavía tenga que ceder más ya le parece irrelevante. Él sabe que la ley es inconstitucional porque tiene un pecado original, que es que la amnistía no cabe en nuestra Constitución, como argumentan, con fundamento, magistrados del Tribunal Constitucional, catedráticos de Derecho Constitucional, los expresidentes del Tribunal Constitucional o el señor Laborda, que fue presidente del Senado por el PSOE y ponente de las enmiendas por las que se rechazó que la amnistía formase parte de la Constitución.

¿Qué salida alternativa propone usted a la de que la amnistía se apruebe a cambio de más cesiones?

El Gobierno solo tiene una salida, retirar esta ley. Y dejar sin efecto las comisiones de investigación pactadas con Puigdemont.

Pero eso certificaría de manera oficial que no tiene apoyos para gobernar. Salvo que usted le ofrezca estabilidad hasta que se convoquen otras elecciones.

Mi afirmación de que «cuando le fallen los independentistas no me busque» sigue teniendo plena vigencia porque sabíamos lo que iba a suceder. A partir de ahí, el Gobierno es el que tiene que definir sus proyectos, llevarlos al Congreso y ver si tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Nosotros no estamos aquí para rescatar a Sánchez de sus propias mentiras. Puigdemont siempre ha dicho lo mismo, que quiere una amnistía integral, no engaña en sus objetivos. Pero Sánchez sí engaña a todo el mundo, empezando por sus electores.

¿Su partido mantiene abierta una vía de contacto con Junts?

No.

¿No tienen interlocución con nadie de Junts?

Para actuar fuera de la Constitución, no.

El presidente del Gobierno ha dicho que «todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas».¿Usted también cree que Puigdemont no es un terrorista?

No soy quién para colgarle a Puigdemont la etiqueta de terrorista, pero tampoco soy quién para quitársela. Sí sostengo que los actos vandálicos, los actos de «kale borroka» y de terror en los que se sumió Cataluña, y especialmente Barcelona, durante días, son actos que entran dentro del concepto de terrorismo. Hay policías heridos, uno de ellos con una invalidez permanente. Quemaron mobiliario urbano durante varias noches, provocaron el colapso del aeropuerto y de las vías de acceso a Barcelona, forzaron la interrupción de las cercanías y llenaron de terror y de miedo las calles de Cataluña y esto necesita una tipificación penal. Ahora bien, son los jueces los que tienen que decidir si eso entra en actos de terrorismo o no, y yo me someteré a lo que dictaminen. Sí que me pregunto por qué si tienen tan claro que no son actos de terrorismo están tan preocupados por incluir el terrorismo en la amnistía. Éste es el objetivo de Puigdemont y también el de Sánchez, por lo que supongo que deben tener dudas razonables sobre la tipificación de esas conductas.

¿Cree en las casualidades? Lo digo por la coincidencia de que se reactiven las causas contra Puigdemont, que llevan los jueces García Castellón y Aguirre, en el momento más delicado del trámite de la ley de amnistía.

Estas causas se iniciaron hace años. Son sumarios complejos y los ritmos judiciales son los que son. La izquierda les señala para tapar el alcance de los hechos investigados.

Por eso le pregunto, llevan años y estallan justo ahora.

Aquí el problema no está en los tiempos, sino en que hay un poder ejecutivo que quiere controlar al poder judicial y esto implica poner en cuestión la esencia misma de la democracia. A fin de cuentas, Puigdemont está buscando la inviolabilidad propia de un jefe del Estado y tenemos que enfrentarnos a la paradoja de que la izquierda discute la inviolabilidad del jefe del Estado, pero se la otorga a un señor que está pendiente de juicio en el Tribunal Supremo porque le necesita para mantenerse en el poder. En España, familiares de la Casa Real se han sentado en el banquillo, y han estado en prisión, lo que es un ejemplo del buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Y aquellos que van dando lecciones desde la izquierda son los mismos que defienden la inviolabilidad de Puigdemont.

Viendo las dificultades que ya está mostrando el Gobierno en el Congreso, ¿se ve presentando una moción de censura con Junts como compañero de viaje?

Sanchez no solo está en manos de Junts. También de Esquerra, del PNV, de Bildu y de Podemos, y lo que es más grave, de todos a la vez y siempre, ya que con que falle uno de estos partidos, Sánchez pierde el gobierno.

¿Usted empieza a ver espacio para presentar una moción de censura?

No me gusta la política ficción, pero sí creo que en España va a haber cambio de presidente, y yo no voy a cambiar mis principios para serlo.

¿El cambio de presidente lo ve cerca o lejos?

Le acabo de decir que no me gusta la política ficción ni la ingenuidad política. Creo que Junts necesita a Sánchez y que Sánchez necesita a Junts. Por tanto, los dos se necesitan y los dos harán el viaje juntos hasta que uno de los dos deje de necesitar al otro. En mi opinión, Puigdemont dejará de necesitar a Sánchez mucho antes de lo que Sánchez dejará de necesitar a Junts: Sánchez necesita a Junts todo el tiempo y Junts necesita a Sánchez un poco de tiempo y a partir de ahí, a partir de la amnistía o a partir de las elecciones catalanas, habrá un nuevo tiempo político en España.

¿Cómo fue la primera reunión con mediación europea en el diálogo que han vuelto a activar con el Gobierno para la renovación del CGPJ?

Si la Unión Europea no advirtiese que en España el Estado de Derecho está sometido al acoso del Gobierno, y que hay un señalamiento, con nombre y apellidos, a los jueces del Tribunal Supremo y a jueces de la Audiencia Nacional, no hubiese aceptado participar de este diálogo.

Bueno, lo que la UE lleva años pidiendo a las dos partes, al Gobierno y a ustedes, es que se pongan de acuerdo en la renovación del Consejo.

No partimos de la misma posición. Ésta es una gran oportunidad para que la Comisión vea que aquí hay un partido, el PP, que no quiere controlar al Poder Judicial y sí profundizar en su independencia, o que no queremos controlar al Tribunal Constitucional, sino garantizar que es un tribunal semejante al alemán, que tiene un enorme prestigio en el país y que es hasta capaz de parar un presupuesto.

Le preguntaba si ve posible el pacto sobre el GGPJ tras la primera reunión con mediación europea.

No voy a revelar de qué se ha hablado en la primera reunión porque mi objetivo es que la negociación llegue a buen término. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición. Solo puede haber acuerdo si hay garantía absoluta de que se aprueba una ley de despolitización de la Justicia, en la que se garantiza que para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial no se puede haber estado en política en los últimos cinco años. Igual que para el Tribunal Constitucional. Que un ministro juez no puede volver a su juzgado hasta que pasen, al menos, dos años. Que los nombramientos del Consejo General no se van a hacer ni por mayorías ni por minorías progresistas o conservadoras, sino que se van a obtener mayorías reforzadas para cada nombramiento. También queremos un sistema automático en el que, finalizado el plazo de los cinco años, dos meses antes, se vote por parte de todos los jueces y magistrados a los 12 miembros del Consejo General, que son los jueces y magistrados que lo conforman. Tenemos además a ocho juristas de reconocido prestigio que los seleccionan en las Cámaras. Nos parece un sistema mixto, un sistema correcto, y un sistema que renuncia a cualquier tipo de control o tentación política en el Consejo.

Ya que saca el tema del TC, ¿comparte las duras críticas que recientemente hizo González Pons contra él, aquello de que es «el cáncer del Estado»?

Yo quiero recuperar un Tribunal Constitucional que no tenga en su seno a un ex fiscal general de un Gobierno socialista como presidente y a dos magistrados, un ministro y una asesora de la Presidencia del Gobierno, del mismo Gobierno que les ha nombrado. Esto no había pasado nunca. Nunca un miembro de la ejecutiva de un partido había dispuesto de 20 millones de euros para hacer encuestas en favor del Gobierno y de su partido, como ocurre con el presidente del CIS. Nunca una directora del CNI había sido cesada por seguir una instrucción del presidente del Gobierno para obtener información del mundo independentista. Y nunca un presidente del Gobierno había negociado su investidura con un partido independentista al que, a su vez, había autorizado el pinchazo de sus teléfonos para saber lo que estaban hablando. Lo que está ocurriendo en nuestro país no había ocurrido nunca.

¿Qué se juega usted en las elecciones de Galicia?

Yo ya les he pedido a los gallegos en cuatro ocasiones su confianza y me la han otorgado en las cuatro. Volví a pedírsela en julio para ser presidente del Gobierno, y, extrapolando los resultados, me dieron otra mayoría absoluta. Yo ya no puedo pedir más a los gallegos como político, ahora bien, soy perfectamente consciente de que soy presidente del PP y acepto y me afectan todos los resultados de mi partido. Me gustaría escuchar al señor Sánchez decir que él también asumirá el resultado como algo propio, después de que ha perdido todas las comunidades en las que gobernaba, salvo dos. En cualquier caso, lo realmente importante es que logremos evitar que el modelo gallego de gobierno se convierta en el modelo de Sánchez. En Galicia no hay ninguna alternativa del Partido Socialista, que se ha hundido en el Parlamento y sigue haciéndolo en las encuestas. Y el BNG es el socio de Bildu y de Esquerra Republicana. Van en coalición y cada uno asiste a los mítines del otro. Tienen un planteamiento soberanista para Galicia.

¿Qué ha querido decir con lo de que «acepta» que le «afecte» el resultado de las gallegas? ¿Se hace responsable si pierden la mayoría absoluta?

Soy el presidente del partido y asumo la responsabilidad que me corresponde de todos los resultados de las elecciones a las que nos presentamos.

Los datos que se están publicando de la «Operación Cataluña» convierten a Rajoy en un inconveniente en la campaña.

Son datos que ya conocíamos desde hace tiempo y que ahora se vuelven a editar. Debemos ir por la 12 o la 15 edición del mismo libro. Y lo nuevo es que desde el año 2018, durante algún tiempo, el señor Sánchez dio instrucciones a la ministra de Defensa y a la directora del CNI para que se pincharan los móviles del señor Aragonés porque había dudas si estaba o no detrás de determinados actos vandálicos en Cataluña. Y creo que fue lo correcto. Aunque ahora hemos conocido que la decisión viene de Sánchez, y que en un tiempo coincidió con la negociación de su investidura con los mismos a los que se investigaba. Todo lo demás que dice el señor Villarejo ya lo ha contado en otras ocasiones, y ha sido visto por los jueces, y si hay alguna novedad el Gobierno debería ponerla a disposición de los jueces para que se investigue.

Con independencia de que ya se supiera, como dice, ¿no le parece mal que se utilice a la Policía para encargar informes «ad hoc» para ir contra tus adversarios políticos?

Eso habrá que demostrarlo, ¿no? Que yo sepa no hay ninguna decisión judicial al respecto. Si yo no me atrevo a decir si el señor Puigdemont ha cometido actos de terrorismo, creo que tampoco se pueden atribuir responsabilidades a un Gobierno del Partido Popular sin respetar los procedimientos abiertos.

¿Cómo ve el estado de salud de Vox?

Los dirigentes de Vox están a veces un poco obsesionados con el Partido Popular, mientras que los militantes de Vox están mucho más obsesionados con Sánchez que con el Partido Popular. España necesita con urgencia una alternativa al señor Sánchez y yo no voy a confundirme de objetivos y de prioridades.

¿Pero a qué atribuye la crisis interna que atraviesan en el partido de Abascal?

Vox está teniendo problemas, y el último que hemos conocido es el de Baleares. Pero el Partido Socialista también tiene bastantes problemas. Nosotros hemos resuelto los que teníamos, y en estos momentos no tenemos ninguno digno de mención. Los demás tendrán que resolver los suyos.

Los problemas de Vox no le vienen mal a usted…

A mí me preocupan los problemas de España. Y con los 11 millones de votos que sumamos no tiene ningún sentido que el presidente del Gobierno sea Sánchez. Esos votos, juntos, son más de 190 escaños, y separados se quedan en 170.

A la crisis de Ciudadanos reaccionaron «fichando» nombres vinculados a este partido para darle el remate final. ¿No hay ninguno de Vox que les interese?

No he pensado en eso ni un minuto. En este momento tengo que dedicarme plenamente a liderar la alternativa al sanchismo.

¿Se siente cómodo en la «fachoesfera»?

El señor Sánchez se queja de que le insultan y le descalifican. Y a todos los que no pensamos como él nos llama fachas.

¿Es un insulto que le molesta especialmente?

No me afecta. Ahora, sí me pregunto en qué lugar de la «fachoesfera» estaba Sánchez cuando decía que la amnistía era ilegal, que iba a traer a España a Puigdemont, que lo que había ocurrido en Cataluña era una rebelión o que no se podían banalizar los actos de terrorismo ocurridos en Cataluña. Yo, desde luego, no me doy por aludido por este tipo de expresiones del señor Sánchez. No estoy en libertad vigilada como él, soy el líder de un partido político libre. No tengo más socios que los españoles y no me debo a nadie más que a los intereses generales de mi país. Entre los principios y el poder, siempre los principios. Sánchez prefiere el poder. Yo los principios. Estamos en sitios distintos.

Cambiando de tema, ¿a favor o en contra de limitar el sueldo a los directivos, como propone la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Es llamativo que alguien a quien los ciudadanos le pagan su vivienda diga que hay que limitar el sueldo a otros. A los directivos les limita el sueldo las empresas que los contratan. El Gobierno puede poner más impuestos en función del salario y de la renta que se percibe, pero en una economía de libre mercado los salarios los fijan los propietarios de las compañías. No los fija el Gobierno.

¿Y de impulsar la presencia de trabajadores en los consejos de administración, como ocurre en otros países como Alemania?

En las empresas públicas es decisión del Gobierno si los trabajadores están o no en los consejos de administración, y en las compañías privadas es decisión de los accionistas de las compañías. El Gobierno debe dirigir la economía de un país, pero no debe meterse en la gobernanza de las empresas privadas. Ahora, si usted me pregunta si creo que es bueno que en las empresas pueda haber miembros de los trabajadores en los consejos de administración, pues puede que en algunas sí, ¿por qué no? Pero que sea obligatorio por ley, porque lo manda el Gobierno, en ningún caso.

¿Los altos beneficios que ha presentado la banca está semana ponen más difícil eliminar el impuesto que se aprobó en la pasada legislatura?

Pero eso se grava con el impuesto de sociedades. Cuando los tipos estaban bajos, la banca tenía unos resultados muy justos. Cuando los tipos suben, lo que hay que buscar es que la banca retribuya los ahorros a los ciudadanos y que haya un impuesto de sociedades que recaude lo que corresponde en función de los beneficios. Porque si tú pones un impuesto gigante a los beneficios altos, hay un riesgo de que también te pidan ayudas o subvenciones cuando tengan pérdidas. Este tipo de cuestiones, honestamente, son más ideológicas que recaudatorias.

¿Y qué piensa de ese nuevo impuesto de solidaridad a las grandes herencias y donaciones del que también ha hablado Yolanda Díaz?

Es una intromisión en las políticas fiscales de las comunidades autónomas. Fíjese, pactan con Junts la cesión del 100% de los impuestos en favor de la Generalitat de Cataluña, y a la vez quieren obligar a las comunidades autónomas, a las otras, a las de segunda categoría, a que sus políticas fiscales queden reducidas a la nada.

¿A qué se refiere?

Se han metido con el impuesto de patrimonio, que lo gestionaban las comunidades autónomas, y ahora quieren ir a por el impuesto de sucesiones, que también lo gestionan las comunidades autónomas. No hay una coherencia ni en materia de financiación ni en materia de política fiscal porque consideran a unas comunidades autónomas como naciones independientes de la Nación española, si de eso depende que sigan en el poder, y a las demás las tratan como provincias. Este tipo de de intromisiones en la política autonómica se debe básicamente a que ya no tiene comunidades autónomas y van a cercenar las políticas fiscales del Partido Popular, pero nosotros creemos que tanto el Impuesto de Patrimonio como el Impuesto de Sucesiones entran en la esfera de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y no vamos a renunciar a esa autonomía financiera.

Se habla mucho de la resiliencia de la economía española. Eso es positivo, ¿no le parece?

Me parece un ejercicio de triunfalismo que supone una falta de respeto para las familias, que tienen muchos problemas para llegar a final de mes. Con respecto a Europa, estamos en la cola de la recuperación del PIB. Tenemos el doble de paro femenino, juvenil y general. Somos una de las tres economías con más incremento de la deuda pública, con más déficit público y somos uno de los países de la OCDE con mayor incremento de impuestos. Y si tomamos como referencia las rentas de las familias, de la que le hablaba antes, resulta que somos uno de los países de la OCDE con mayor pérdida de poder adquisitivo y que en convergencia en renta, estábamos en el 92% de la media de la Unión Europea y ahora estamos en el 85. Hemos bajado al club de las naciones pobres, que son aquellas que tienen derecho a fondos de cohesión. Hay cerca de 8 millones de españoles en el umbral de la pobreza: nunca hemos tenido un porcentaje de pobreza material tan severa como el que hay ahora. Los hechos son estos, y los datos no son opinables.

Fuente: La Razón