Milagros Boyer- La prensa ha sido crítica con Milei, basándose en su perfil de outsider y sus posturas “anti tibias”, especialmente hacia el socialismo y el comunismo. En cambio, el régimen cubano recibe una atención menos incisiva, con artículos tímidos y, en general, una cobertura más indulgente, a pesar de la disidencia que protesta contra una dictadura que ha perdurado por 65 años.

La dictadura castrista anunció un significativo incremento en los precios del transporte en Cuba. Estos ajustes incluyen un alza de hasta 700 % en los precios de los trenes, así como de 300 % en los billetes de avión y autobuses interprovinciales. Los voceros Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, y la viceministra de Finanzas Lourdes Rodríguez Ruiz, fueron quienes justificaron la medida e indicaron que se presenta como una respuesta a la necesidad de actualizar los costos del transporte desfasados desde hace tres años.

Sin embargo, es importante acotar que esto no fue aislado. El régimen de Miguel Díaz-Canel y sus secuaces previamente habló sobre un incremento de 500 % en los precios del combustible y un aumento de 25 % en la tarifa eléctrica para consumidores que superen los 500 kWh. Estas medidas, que entrarán en vigor en febrero y marzo respectivamente, forman parte de un paquete de correctivos a la economía del país que esbozó en su momento el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en diciembre.

Lo curioso de todo esto, es que palabras más, palabras menos, las medidas que están haciéndose en primera instancia bajo el argumento de “la desactualización de los costos durante los últimos tres años”, así como la supresión de subsidios estatales, son las que en primera instancia también está tomando el gobierno del presidente libertario Javier Milei para enfrentar un déficit fiscal que se ha carcomido a Argentina por al menos seis décadas, tal como se desmenuza en un artículo de Infobae:

En 56 de los 62 años (1961-2022), el 90,3 % de los casos, el Estado nacional registró lo que los economistas llaman “déficit fiscal primario”, camino de ida a la emisión de dinero, el endeudamiento interno y externo y, por acumulación, a inflación, devaluación, inestabilidad macroeconómica y diferentes formas de incumplimiento (default) de los compromisos del Estado, que por derrame generan rupturas de contrato, quiebre en las cadenas de pago y desorganización general de la economía.

Sin embargo, a simple vista el tratamiento de la información a este plan shock económico dista mucho uno del otro, considerando la ideología política de quienes los implementan. Independientemente del antecedente de las medidas, el resultado de ambas o la variación en las magnitudes de ellas, la realidad es que propuestas que son para voceros de la izquierda “de corte neoliberal”, porque reducen en su mínima expresión la presencia del Estado en la vida del ciudadano, hoy son criticadas por el kirchnerismo en Argentina pero ignoradas cuando se trata de cualquier otro mandatario que esté inmiscuido en el grupete del Foro de Sao Paulo. Hipocresía en pleno.

La realidad es que los medios de comunicación han sido completamente inclementes con Javier Milei, basándose en su perfil de outsider de la política y lo incómodo de sus comentarios “anti tibios”, cuando se trata de condenar al socialismo, al comunismo, así como a las prácticas vergonzosas y corruptas que llevaron a Argentina a este punto de ebullición. Sin embargo, con respecto al régimen de Díaz-Canel más allá artículos tímidos en cualquier periódico, ayudados por la disidencia que mantiene el clamor de la protesta contra con una dictadura que ha pulverizado 65 años de libertad en un país, no hay nada más.

Estas divergencias en el tratamiento informativo resaltan la hipocresía mediática, ya que las propuestas que son criticadas por la izquierda en Argentina son, en muchos casos, ignoradas o tratadas con menor severidad cuando se aplican en regímenes afines al Foro de Sao Paulo. La reflexión sobre estos enfoques contrastantes invita a cuestionar la objetividad y consistencia de la cobertura mediática, subrayando la importancia de una evaluación imparcial de las políticas económicas independientemente de la afiliación ideológica de los gobernantes.