El 17 por ciento de la población, casi 8 millones de personas, tuvieron problemas en nuestro país en 2022 para mantener su hogar a una temperatura adecuada. Son un millón más que en 2021 y casi 3 millones más que en 2020, según recoge el último informe de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, que refleja un aumento de la pobreza energética el año pasado en España en plena escalada de los precios de la luz y del gas.

4,3 millones de personas, el 9 por ciento de la población, no pudieron pagar a tiempo sus facturas de la luz o el gas el año pasado y muchos más hogares tuvieron que dedicar recursos por encima de lo razonable a cubrir las necesidades energéticas que para el 16,8 por ciento fue desproporcionado con respecto al hogar medio en nuestro país frente al 15,2 por ciento en 2021. Además, el año pasado, aumentó en dos puntos hasta situarse en el 11,8 por ciento las personas que los hogares cuyo gasto energético es inferior a la mitad de un hogar medio en nuestro país.

La pobreza energética escondida afecta en España, según este informe, a más de 4 millones de personas y la pobreza energética escondida severa a 2 millones de personas cuyo consumo energético se limitó a una cuarta parte de sus necesidades reales. Este tipo de pobreza se redujo ligeramente en tan solo 3 décimas en 2022 sobre 2021, pero siguen siendo cifras inasumibles, según subrayan los autores del estudio. Si los datos permanecieron estables con respecto a años anteriores, es, señalan, por la puesta en marcha de un refuerzo de las ayudas, en concreto, de los bonos sociales, eléctrico y térmico, que permitieron reducir un 13 por ciento la factura energética en los hogares más desfavorecidos.

“La pobreza energética está en niveles altos en nuestro país. Hay que seguir trabajando, el escudo social es necesario y también más medidas. El bono social hace lo que puede, pero a medio y largo plazo hace falta un trabajo sobre la eficiencia de los hogares y mejorar el aislamiento térmico de los hogares”, subraya Efraím Centeno, director de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia.

En el informe incluyen dos indicadores que ilustran la dimensión del gasto desproporcionado y que arrojan distintos resultados. El primero, denominado 2M, identifica como hogares en pobreza energética a aquellos cuyo porcentaje de gasto en energía sobre los ingresos es mayor que el doble del de un hogar medio y cifra en 3,2 millones de hogares en esta situación, el 16,8 por ciento frente al 15,2 por ciento del año anterior. El segundo que llaman MIS se basa en el salario mínimo interprofesional y sitúa en 2,5 millones y medio los hogares que dedican una parte desproporcionada de su presupuesto a pagar la luz y el gas, el 13,1 por ciento frente al 14,6 por ciento el año anterior.

Son situaciones que, por desgracia, conocen bien María y Juana. María tiene 32 años y está al frente de una familia monomarental con dos hijos en la provincia de Alicante. En su casa en invierno limitan al máximo el uso de la calefacción: “pongo la estufa cuando hace más frío, cuando ya es de noche, un par de horas y solo en el salón y con eso me apaño porque la verdad es que me da miedo la factura que me puede llegar”.

Juana Sánchez, de 95 años, vive sola en Madrid con una pensión de poco más de 700 euros. La factura más alta que recuerda haber pagado es de 30 euros al mes. Y es que en su casa el uso del radiador es también limitado: “todavía no he encendido el radiador, lo suelo encender ya cuando me siento a comer o por la tarde, pero tampoco paso mucho frío. Lo tengo solo en el comedor que es donde hago la vida, el resto de la casa está ventilada, está fresquita”.