Sánchez debe romper ya con Puigdemont
ED.- Que la Audiencia Nacional impute a Carles Puigdemont por posible colaboración o inducción de delitos de terrorismo cometidos por Tsunami Democràtic durante el procés puede, tal vez, disgustar a Pedro Sánchez y los paladines de sus obscenos intentos de pacto con un prófugo, pero tiene toda la lógica judicial. Y, por tanto, de un Estado de Derecho que se resiste a desaparecer aplastado bajo la bota de los intereses individuales del líder socialista.
Porque es evidente que aquel movimiento, que englobó la resistencia violenta y antidemocrática del procés y dio legitimidad a las vergonzosas acciones de los CDR en Cataluña, presenta claros indicios de haber incurrido en ilícitos penales, como atestiguan las prolijas pesquisas de la Guardia Civil.
Lo sorprendente no es que, con esos indicios sólidos, se procese a quienes pueden ser los cabecillas de sus andanzas, el propio Puigdemont y la también huida Marta Rovira, de ERC; sino que un aspirante a presidente del Gobierno se plantee pactar con ellos y deberles el puesto.
La campaña ya en marcha contra el juez García Castellón, un buen ejemplo de que en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo aún quedan dignos representantes de la Justicia y de la independencia que debe caracterizarla; no debe esconder los hechos y mucho menos diluir sus consecuencias, solo por no entorpecer las ambiciones de un dirigente sin escrúpulos.
Porque mientras los Cuerpos de Seguridad y un magistrado hacían su trabajo, el deseable en un Estado que se sustente en la primacía del principio de que cada acto ha de tener su consecuencia; el Gobierno en funciones se ha dedicado a intentar exonerar a los CDR ante Europol o a pactar, a un precio inaceptable, con quienes les jaleaban o quizá incluso hasta les organizaban.
Si ya es lamentable que el líder socialista negocie la jefatura del Ejecutivo con un golpista con causas pendientes y fugado de los tribunales; no es sencillo encontrar palabras para definir la insistencia temeraria en un acuerdo con alguien sospechoso de participar en delitos de terrorismo.
España no se puede permitir deberle su Gobierno a un personaje con ese historial y esas intenciones, que no han variado precisamente. Al contrario, se ven reforzadas por la indigna disposición de Sánchez a intercambiar su impunidad personal y la legitimación de sus objetivos por un puesto que no merece, no ha ganado y no puede ejercer con decencia en esas condiciones.
El verdadero desafío a la Constitución no lo encarnan Puigdemont, Otegi o Junqueras; sino un delirante líder socialista cuya codicia y afán de poder coloca a España al borde de un caos sin precedentes.
Y esa infamia apela, directamente, a todos y cada uno de los servidores públicos, que más allá de su adscripción partidista han de respetar y hacer respetar el mandato constitucional que les asiste. O frenan a Sánchez, por su conciencia y su decencia, o serán cómplices necesarios de sus abusos.