Irene Montero en el debate de investidura

Un año después de la puesta en marcha de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual -la del ‘solo sí es sí’ porque situó en el centro de la norma la idea del consentimiento de las víctimas-, las heridas del proyecto siguen supurando beneficios para los delincuentes sexuales en forma de reducciones de penas. Según los últimos datos oficiales, 1.205 condenados han visto cómo se ha rebajado su castigo entre seis meses y dos años como regla general, dependiendo del caso. De estos, 121 reos favorecidos han acelerado su excarcelación al cumplir la mayoría de la condena.

Esto supone que una de cada tres revisiones de sentencias condenatorias se han resuelto con disminuciones de penas, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, en el 31,4% de los casos analizados los tribunales han considerado que los cambios en el marco penológico que introdujo la ley estrella del Ministerio de Igualdad, sobre todo en sus horquillas bajas tras unificar los delitos de abusos sexuales en las agresiones, han favorecido al condenado por el principio de retroactividad de las disposiciones más favorables al reo.

No obstante, el fluido goteo de rebajas, que comenzó pocas semanas después de la entrada en vigor la ley, el 7 de octubre de 2022, no cesará a corto plazo por un aspecto meramente numérico: en los centros penitenciarios del país están recluidos 4.030 presos castigados por delitos sexuales, incluidos los preventivos. Todos ellos están en su derecho de pedir la revisión de su pena por el citado principio de la ley penal.

Uno de estos reclusos beneficiados simboliza lo que ha sido la tramitación y el desarrollo de la polémica ley del ‘solo sí es sí’, que ha provocado las tensiones más importantes en la pasada legislatura en la coalición de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Se trata del caso de Ángel Boza, uno de los cinco integrantes de La Manada, condenados en firme por el Tribunal Supremo en junio de 2021 a 15 años de prisión por un delito continuado de violación.

El pasado 12 de septiembre el Tribunal Superior de Navarra redujo un año el castigo a Boza en virtud del principio de retroactividad de la ley impulsada por el departamento de Irene Montero. Una norma precisamente nacida al calor de la respuesta social al ‘caso de La Manada’ desde que se produjo la violación de la víctima de 18 años en los Sanfermines de 2016. Sobre todo tras la primera la sentencia de la Audiencia de Navarra, con la estupefacción pública que provocaron los comentarios del juez firmante del voto particular, que vio «un ambiente de jolgorio y regocijo» en lo que el Supremo acabaría apreciando una violación, reforzando su jurisprudencia sobre el consentimiento.

Cambios de versiones

En suma, que a un miembro del grupo de agresores sexuales cuyo caso fue la semilla de una ley que le acabaría beneficiando ha sido el último golpe a una ministra que se ha agarrado al puesto con uñas y dientes. Ello pese el desaire socialista con la contrarreforma unilateral del solo ‘sí es sí’, aprobada en abril con los votos del PP, y las reiteradas peticiones de dimisión desde la oposición.

Así, los 200 días que estuvo en vigor la ley en su formato original han sido un sobresalto continuo para el Ejecutivo de coalición, que hizo oídos sordos a las advertencias que en febrero de 2021 ya hizo el CGPJ. Su informe consultivo avisó de que los cambios en el cuadro penológico iban a provocar «reducciones del límite máximo de algunas penas». Una referencia que también hizo el Consejo Fiscal en su informe.

En noviembre de 2022 comenzaron a conocerse las primeras rebajas de penas. El primer momento en el que el PP pidió al presidente Pedro Sánchez, con dos iniciativas, una reforma para tratar de evitar este «desaguisado penal». Ninguna de ellas fructificó.

En diciembre el Congreso aprobó la reforma para eliminar el delito de sedición y ahí sí, al calor de un clamor social y mediático en aumento, el PSOE aprovechó la oportunidad para introducir una enmienda destinada a clarificar la interpretación de la ley, que, sin embargo, no iba a poder atajar la sangría de reducciones.

Todos estos hitos en solo un año, tiempo en el que Montero también ha ido cambiando de versiones sobre su norma. Cuando se aprobó la ley aseguró que no se iba a producir ni una sola rebaja de penas. «Es clara la jurisprudencia. Todavía no se conoce una sola reducción y no se va a conocer. Es propaganda machista», defendió. Tras las primeras revisiones pasó a dirigirse a los jueces: «La están aplicando erróneamente por los estereotipos y el machismo». Pero hubo muchos jueces que «no cumplieron con la ley» y hubo que modificarla, pero aun así siguió defendiendo que «estaba bien hecha». Un mantra que perduró hasta el pasado 17 de septiembre, en un acto político para insuflar aire a un Podemos en horas bajas.

«Cuando empezó la reacción machista y la ofensiva de los sectores más reaccionarios del Estado hubiese sido mucho más fácil decir, ‘miren, sí, la ley tiene un error’. Un error garrafal que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia que es del Partido Socialista», clamó Montero. Es decir, que una ley que estaba «bien hecha» ahora sí tenía un «error garrafal».