Hay ocasiones en las que afloran sentimientos que tienes que controlar en tu interior, para que la razón no se ofusque cuando una ignominia o una injusticia hiere lo más hondo de los principios que has defendido y por los que has luchado allí donde el destino te ha proporcionado la oportunidad de hacerlo.

Unos de esos destinos ha sido el Parlamento Europeo, en el que durante dos legislaturas tuve el gran privilegio de participar en la construcción de una Europa, que hoy desgraciadamente se ha alejado de sus fundamentos constituyentes, y de defender las libertades y la justicia contra quienes atentan y ponen en peligro en el territorio de la Unión Europea la paz, la estabilidad y la cohesión de sus Estados miembros.

Precisamente una de las aportaciones a esa defensa fué el haber tenido la oportunidad de contribuir a los trabajos y aprobación de la conocida como orden europea de detención y entrega (euroorden) que entró en vigor el 1 de Enero del 2004.

Era impensable que cuando se consiguió su aprobación consensuada principalmente con la delegación socialista española y después de arduos trabajos en su elaboración para establecer un nuevo procedimiento de supresión de la extradición, el gobierno de España de la mano de su vicepresidenta fuese a atentar gravemente contra la autoridad judicial del Estado que representa y contra las garantías jurídicas que la Unión Europea ha determinado, para salvaguardar la independencia judicial de las injerencias políticas de los gobiernos implicados en el procedimiento de la euroorden.

Una conducta la de la Vicepresidenta de Gobierno, que según algunos penalistas consultados, podría tener encaje en el Art 451,1º del Código Penal toda vez que Puigdemont se ve beneficiado, en su situación procesal, del auxilio que le presta la presencia y el encuentro con un destacado y cualificado miembro del gobierno. ¿Qué respeto nos van a tener las instituciones europeas si desde el propio gobierno se quebranta el principio de la división de poderes en el mismo Parlamento Europeo?

Para cualquier diputado europeo sensibilizado con los derechos y libertades de los ciudadanos, la imagen de Yolanda Díaz paseándose sonriente por los pasillos del parlamento, del brazo del diputado y prófugo de la justicia española Carlos Puigdemont, con el objeto de negociar un gobierno que pretende apoyarse en quienes están atentando contra la unidad y la soberanía de uno de los Estados miembros, ha sido especialmente frustrante y dolorosa.

Honestamente creo que esa reunión es demostrativa de la irrelevancia que han demostrado tener nuestros representantes en el Parlamento Europeo, que han permitido que en su sede se consumara esa grave afrenta y humillación a los ciudadanos y a la autoridad judicial de España.

En cualquier caso el culpable directo de esta esperpéntica situación, recae sobre el partido que ampara e impulsa la negociación con estos indeseables personajes, como bien lo ha señalado el que fuera Secretario General del PSOE Nicolás Redondo Terreros: “No sé como se puede hacer un bloque político progresista con Puigdemont y unos nostálgicos del siglo XVIII. Pedro, ¡no, no!, el problema, no está en ellos, ni en ERC, ni en Bildu. La responsabilidad es del PSOE, dispuesto, parece a día de hoy a negociar a precios inimaginables”