José Gregorio Martínez.- Dos noticias que acaparan titulares este lunes en la prensa española tienen un mismo origen: las leyes de género de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Mientras por un lado, en Sevilla, fue detenido un beneficiado por la ley “solo sí es sí” por reincidir al intentar violar a una mujer; por el otro, gracias a la “ley trans”, que permite hasta tres cambios de sexo en dos años, un número indeterminado de personas puede haber adoptado otra identidad acogiéndose al género con el que se identifica desde el 2 de marzo, cuando entró en vigor la norma, ya que el Gobierno dice no disponer de esos datos.

La polémica ley de libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”, impulsada por Montero, redujo las penas mínimas por agresión sexual, permitiendo que más de mil condenados por delitos de violación salieran en libertad. Un hombre de 58 años identificado como Manuel R. C. fue uno de estos beneficiados. Pero todo indica que no se regeneró en prisión y al volver a las calles se puso en riesgo a mujeres como la que agredió y presuntamente intentó violar el lunes en Dos Hermanas, Sevilla.

El agresor fue detenido nuevamente por la Policía Nacional una vez que la víctima, de 50 años, logró escapar pese a haber recibido un golpe con un palo en la cabeza, según informó este viernes el Diario de Sevilla. Este hombre pagaba una condena por otra agresión sexual a mediados de la década pasada, pero consiguió una reducción de la pena gracias a una de estas polémicas leyes de género impulsadas por Irene Montero, como la conocida como “solo sí es sí”, en este caso.

Sin registro de cambios de sexo con la “ley trans”

La agenda ideológica de la pareja del cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha tenido un gran protagonismo en el gobierno de coalición social-comunista de Pedro Sánchez. La denominada “ley trans”, cuyo nombre oficial es Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, propuesta por el Ministerio de Igualdad, permite desde su entrada en vigencia en marzo que una persona, incluso menor de 16 años y sin el consentimiento de sus padres, pueda cambiar de sexo, volver al original y luego solicitar una nueva rectificación en un plazo de 24 meses sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos. Esto de por sí ya era muy cuestionado. Pero para empeorar la situación, se ha conocido que el Gobierno español no lleva un registro actualizado de estos cambios de identidad.

Así quedó en evidencia cuando el portal The Objetive preguntó al Ministerio de Justicia por “el número de varones que cambiaron a mujer, y viceversa”, sirviéndose de la mencionada ley de género promovida por la titular de la cartera de Igualdad, Irene Montero, y la respuesta recibida en una resolución de transparencia es que no se dispone de esas cifras, puesto que solo cuenta con “el número de inscripciones practicadas en los Registros Civiles relativas al cambio registral de la mención relativa al sexo, que consta en las bases de datos Inforeg y Dicireg”.

El portal español aclara que en esas bases de datos solo hay información hasta 2022, año en el que acudieron al Registro Civil 1306 personas para cambiarse de sexo, lo que equivale a un promedio de casi cuatro por día, cifra que quintuplica los registros de 2012, cuando hubo 280 solicitudes.

La controvertida agenda de Irene Montero

Un dato que sí logró conseguir en un artículo previo el periodista Marcos Ondarra, autor de la investigación, es que la mayoría de las personas que han acudido al Registro Civil a solicitar un cambio de sexo desde la entrada en vigencia de la polémica “ley trans”, lo han hecho bajo el único requisito de manifestar la identidad de género con la que se identifican, pero han decidido mantener su nombre masculino original en su documento de identidad, según la declaración de fuentes bajo la condición de anonimato. Para finales de julio, cuando fue publicada esta nota periodística, el medio español pudo conocer que había “miles de expedientes iniciados”, pero apenas se había dictado “un puñado de resoluciones”.

La ministra Irene Montero no solo ha sido polémica por impulsar estas leyes de género sino también por sus declaraciones de apología a la pedofilia, como cuando en septiembre del año pasado dijo y luego ratificó que “los niños, las niñas y les niñes tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren”, insistió para inmediatamente agregar que “tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento”.