La política fiscal del Gobierno socialista presidido por Lula da Silva demostró una dosis extraordinaria de irresponsabilidad: en solo siete meses de gestión Brasil perdió la totalidad del superávit primario que había dejado la gestión Bolsonaro.

Las estadísticas del Banco Central de Brasil confirmaron que el resultado primario del Gobierno federal (excluyendo a los Estados locales y la propia autoridad monetaria) marcó un déficit equivalente al 0,9% del PBI en julio de 2023. Cuando Lula asumió la presidencia en enero se registraba un superávit primario en torno al 0,6% del producto.

Por otra parte, el resultado financiero del Gobierno federal registró un déficit del 5,7% del PBI al cierre de julio, el valor más desequilibrado desde septiembre del año 2021. El presidente Lula emprende una política fiscal aún más extremista que la que llevó a cabo durante sus primeras gestiones entre 2003 y 2010, cuando en todo momento se procuró mantener un cierto superávit entre los gastos operativos y la recaudación.

La mayor parte del desbarajuste de las finanzas públicas se condicen con el fuerte aumento del gasto público, sin contraprestación de ingresos tributarios genuinos pese a los aumentos que ya decretó el Gobierno (retenciones, impuestos digitales, renta financiera y combustibles).

El socialismo brasileño eliminó el techo fiscal de gastos previsto para el año 2023 como su primera medida de Gobierno, avalando un aumento de hasta 145.000 millones de reales para el gasto público anual.

Evolución del déficit fiscal de Brasil entre 2014 y 2023.

Por otra parte, se anunció la vuelta del llamado “Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)” con un gasto asociado de hasta 371.000 millones de reales a desembolsar en los próximos años, un esquema de corte keynesiano que pretende reactivar la economía mediante la inyección de obra pública.

La reforma tributaria que pretende aprobar el oficialismo solo tendría efecto a partir de enero del año próximo, y entre otros cambios se propone aplicar un IVA de hasta el 25% (la tasa más alta del continente, y entre las más elevadas del mundo).

Por otra parte, la nueva regla fiscal que logró aprobar el Gobierno de Lula también entrará vigencia sólo a partir del año próximo. Hasta entonces, las finanzas públicas seguirán sufriendo un proceso de deterioro paulatino.

Los cambios normativos sobre las reglas fiscales del país le permiten al Gobierno gastar a discreción sin límites, siempre y cuando consiga aumentar la recaudación en una relación más que proporcional. Esto se dio a conocer públicamente como el “calabozo fiscal”.