Los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) cumplen seis años este jueves, con el caso ya juzgado en la Audiencia Nacional y una sentencia que condenó a tres miembros de la célula yihadista que los organizó.

Los atentados causaron 16 muertes, la sentencia reconoce a 350 víctimas de los hechos por heridas físicas o daños psicológicos, y el juicio se alargó durante 32 sesiones entre noviembre de 2020 y febrero de 2021.

La Audiencia Nacional impuso penas de 53, 46 y 8 años de cárcel a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, pero tras un recurso rebajó las condenas más altas en 10 años cada una, habiendo ya fijado un límite máximo de cumplimiento de 20 años de prisión.

Ninguno de los acusados ha sido condenado por los 16 asesinatos en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils –que cometieron otros miembros de la célula que murieron durante los ataques y en la explosión de Alcanar (Tarragona) el día antes de los atentados–, a pesar de que lo pidieron las acusaciones particulares y populares, porque el tribunal considera que no participaron ni estaban al corriente de estos ataques.

Chemlal y Oukabir fueron condenados por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista, y estragos en tentativa de carácter terrorista, además de 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.

La rebaja de las penas responde a que el tribunal consideró que Houli Chemlal y Oukabir no tenían una verdadera intención de matar con la segunda explosión de Alcanar.

ATENTADOS

El 16 agosto de 2017 por la noche, la explosión en una casa de Alcanar –donde la célula preparaba los atentados y guardaba un centenar de bombonas de butano, precursores de explosivos, metralla, granadas artesanales y un cinturón bomba– precipitó los ataques improvisados del día siguiente.

Unos minutos antes de las 17 horas del jueves 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub, al volante de una furgoneta, subió a la plataforma peatonal de La Rambla conduciendo en zigzag para arrollar a los peatones desde la plaza Catalunya hasta la altura del Liceu, asesinando a 14 personas.

Unas horas más tarde, a la una de la madrugada del 18 de agosto, en Cambrils, otros cinco miembros de la célula atropellaron a seis personas, entre ellos una agente de los Mossos d’Esquadra, matando a una mujer.

Abouyaaqoub murió abatido por los Mossos cuatro días después tras una persecución a contrarreloj –en la que mató a la víctima 16– al ser descubierto en un campo de Subirats (Barcelona), mientras que los autores del ataque en Cambrils fueron abatidos en su huida momentos después del atentado.

CIERRE UAVAT

El 5 de mayo de este año, el asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (Uavat), Robert Manrique, anunció el cierre de la unidad por “la falta de apoyo” de los gobiernos.

Manrique ha asegurado a Europa Press que con el cierre pedían a la Generalitat que hiciera un protocolo de atención a la víctima para atenderlas después de un atentado y, entre otras, que se volviera a crear la Oficina de Atención a la Víctima de Terrorismo, que se abrió en Barcelona en 2010, aunque “se cerró al cabo de un año por los recortes”.

Critica que, tras los atentados del 17 de agosto de 2017, el Gobierno creó una oficina del 22 al 29 de agosto: “Esta oficina solamente estuvo abierta una semana. Es muy poco práctico y muy poco empático”.

Respecto a la Generalitat, ha dicho que tiene la “obligación” de informar a las víctimas de atentados terroristas de sus derechos, y ha explicado que el Govern hizo un listado de los heridos, pero que no les han informado de nada, en sus palabras.

Por contra, ha negado que el cierre de la Uavat deje a las víctimas “desamparadas”, y ha señalado que, desde la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, seguirán atendiéndolas.