Uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar el próximo gobierno es el nivel de desequilibrios publicados y ocultos con los que va a tener que trabajar.

Muchos expertos asumen que un análisis y auditoría independiente de las cuentas públicas va a resultar en un agujero significativamente superior a lo que reflejan hoy los datos oficiales. El problema del déficit oculto no es una novedad. Ya se vivió en 2011 y todavía hoy en muchos análisis interesados se “incluye” como deuda creada por la administración de Rajoy el desequilibrio fiscal recibido y el coste del rescate aquellas cajas públicas insolventes llevadas al precipicio durante la época de las “fusiones frías”.

El próximo gobierno deberá hacer una urgente revisión de los datos reales del paro y de déficit para dar a los ciudadanos las cifras reales incluyendo discontinuos inactivos y déficit estructural excluyendo ingresos extraordinarios y no recurrentes, pero también un análisis de la contabilidad nacional y si hay necesidad de ajustar el aporte, por ejemplo, de fondos europeos que no se hayan ejecutado o el impacto en las rentas por impuestos de la inflación.

Deuda y déficit

Las cifras de deuda y déficit son ya, en cualquier caso, muy preocupantes. Una deuda de más de 1,5 billones de euros que ha aumentado más que ningún país de nuestro entorno entre 2019 y 2023, más de un 12% sobre el PIB, y una deuda total, incluyendo todos los pasivos de las administraciones públicas, de más de 1,9 billones de euros, casi un 140% del PIB. El propio FMI estima que, si sigue la política económica, el déficit anual de España no bajará del 4% del PIB hasta 2028.

En cualquier caso, la herencia recibida no puede ser una excusa para pasarle el coste al contribuyente.

No podemos olvidar que los contribuyentes españoles han visto sus impuestos aumentar un 21% en la legislatura y que, como explica Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria, un trabajador con dos hijos y sueldo mediano en España paga hoy 700 euros más solo por IRPF, además de la subida de más de 45 impuestos. España tiene ya un nivel de presión fiscal (ingresos tributarios/PIB) del 42% del PIB, superior al promedio de la UE (41,7% con datos de 2021 que son los últimos disponibles, según Eurostat y Santander Research). Pero es mucho más grave. El esfuerzo fiscal que sufren los españoles es un 53% mayor al de la media de la Unión Europea. España es uno de los peores países en competitividad fiscal, situándose en el puesto 34 de los 38 estudiados por la Tax Foundation. Las empresas y contribuyentes españoles pagan más impuestos que sus comparables con respecto a su renta y, además, los impuestos al ahorro y el capital son mucho mayores a la media, según el Banco de España.

Gasto improductivo

Mientras tanto, el Ejecutivo de Sánchez y Díaz no solo no ha reducido un solo euro de los más de 60.000 millones de euros de gasto anual improductivo e ineficiente, sino que lo ha aumentado. Sánchez y Díaz han aprovechado que se suspendían las reglas fiscales de la Unión Europea para aumentar el gasto político un 34,1 %, suponiendo ya el 29,8 % del total del gasto una cantidad de 181.789 millones de euros, como explica José Ramón Riera. Eso no tiene nada que ver con el gasto social y el estado de bienestar. De hecho, Sánchez y Díaz han aumentado el gasto político un 34% y el gasto social solo un 24%.

Caer en el error del equivocado gradualismo solo generará mayor descontento y es empeorar el problema de España. Disparar y consolidar el gasto político clientelar no es aceptable.

No existe medida de ingresos que embride el déficit estructural de España y baje la deuda. Ya lo hemos visto con los errores de las subidas de impuestos que nos han machacado desde 2010. La consolidación fiscal se tiene que hacer de la única manera efectiva, que es cercenar el exceso de gasto ineficiente.