Oriana Rivas.- Ni el FBI, ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, así como otras instancias bajo la supervisión del gobierno de Joe Biden, podrán comunicarse con empresas de redes sociales con el fin de censurar el contenido en línea. Esa es la nueva orden preliminar emitida por la Justicia, debido a que existe la posibilidad de la que la Administración demócrata haya violado la Primera Enmienda.

El fallo vino del juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Terry Doughty, para quien durante la pandemia por coronavirus “el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano”, según las 155 páginas firmadas por el magistrado y reseñadas por el portal Político.

La decisión no solo es importante porque asienta un precedente contra gobiernos que pretenden controlar y silenciar el discurso de los usuarios en línea, sino porque evidencia que los distintos reportes e investigaciones sobre acuerdos con personajes como el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, estarían en lo correcto. Solamente el fundador de Facebook ha sido acusado de contribuir a la manipulación de centro electorales en 2020, así como de ayudar a censurar la escandalosa historia de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, cuando éste último competía por la presidencia.

Freno a la censura

En junio se sabía que la decisión quedaba en manos del juez Terry Doughty, debido a la demanda que habían hecho fiscales generales de Missouri y Louisiana. Éstos aseguraron que la presión de la Administración Biden sobre Facebook, Twitter y YouTube “fue tan intensa que equivalía a censura”. En otras palabras, con el fallo funcionarios como Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos o Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, no podrán acercarse a dichas compañías.

Desde el gobierno de Biden pueden apelar. Sin embargo, es una victoria para representantes del Partido Republicano y en general, para los ciudadanos luego de presionar y protestar por cuentas suspendidas, mensajes eliminados y un sinfín de retaliaciones que recrudecieron sobre todo a finales del 2020 con las elecciones estadounidenses. Lo que antes justificaban las grandes tecnológicas —respecto al supuesto resguardo a la libertad de expresión— queda invalidado con el argumento del juez.

Yendo al detalle, de la orden judicial, se indica que las agencias “no pueden marcar publicaciones específicas en las plataformas de redes sociales ni solicitar informes sobre sus esfuerzos para eliminar contenido”. Lo que sí pueden seguir haciendo es “notificar a las plataformas sobre publicaciones que detallaran delitos, amenazas a la seguridad nacional o intentos extranjeros de influir en las elecciones”.

“Ejemplo perfecto de discriminación”

El actual propietario de Twitter, Elon Musk, reveló a finales de 2022 cómo la antigua junta directiva encubrió a Hunter Biden, luego de que se filtraran datos de su computadora portátil con posibles pruebas de tráfico de influencias, consumo de drogas y adicción a la pornografía. Meses antes, un funcionario del FBI había renunciado por sospecha de sesgo político en el manejo de la investigación de esa información. Son varias señales de presunta manipulación.

Lo anterior se suma a otros temas que también sirvieron como motivo de censura en este “Ministerio de la Verdad orwelliano” de Biden. Por ejemplo, las vacunas contra el coronavirus, la teoría de la fuga de un laboratorio, el rechazo a los resultados electorales de hace tres años o los confinamientos. Cada tema “suprimido” correspondía a una opinión conservadora, lo que “es bastante revelador” y a su vez, “un ejemplo perfecto de discriminación de puntos de vista del discurso político”, declaró Doughty.

El silencio reina de parte de las distintas plataformas luego de la decisión. Ni la Casa Blanca, Google o Meta, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios hechas por The New York Times.