El fenómeno de la okupación no deja de aumentar y de generar incertidumbre entre los ciudadanos, que ven cómo apenas cuentan con herramientas efectivas y rápidas para hacer frente a quienes les arrebatan sus viviendas. Por ello, ante un problema «que se ha disparado en los últimos años», el PP llevará en su programa electoral para el 23J una serie de «medidas antiokupación» para, entre otros, agilizar los desalojos y aumentar las penas por estos delitos. Algo que ya planteó para las autonómicas y municipales del 28M.

Así se desprende del apartado «En defensa de la propiedad privada de los españoles» del programa de los populares, según informa La Razón, y en el que se deja claro en su introducción que «el derecho de propiedad es uno de los pilares de la comunidad política y social». Y ante eso, para protegerlo, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se compromete a «reforzar la defensa de la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española». Y lo hará, explica, «a través de normas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la ocupación ilegal, que se ha disparado en los últimos años».

En concreto, los populares se comprometen a sacar adelante «un paquete de medidas antiokupación para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas, que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria o impedir que los ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados».

“Unidades de actuación inmediata”

Unos objetivos que buscan lograr, entre otros, con «la creación de oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal» que cuenten con una asesoría jurídica para los vecinos o comunidades de vecinos afectados. Además de la implantación de «un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación», junto a «una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal». Al mismo tiempo, el PP anuncia que creará unidades de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, así como «unidades de actuación inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos».

Todo, para conseguir ese desalojo en no más de 24 horas «desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble» o «de modo inmediato en caso de flagrante delito».

Y como medida disuasoria, se reforzarán las «penas por delito de usurpación en el Código Penal con hasta 3 años de cárcel» y se mejorará «la protección legal frente a la actuación de las mafias, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones».

Propietarios

En cuanto a los propietarios afectados y la numerosas cargas que han de asumir en caso de okupación, los de Núñez Feijóo anuncian también «reformas de la legislación tributaria para que se puedan devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación». Además de para que la vivienda sea considerada como residencia habitual de su propietario «si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de forma que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere».

Del mismo modo, buscan evitar que un okupa se empadrone en la vivienda, para lo que modificarán la Ley de Bases del Régimen Local para que dicha inscripción «se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni le atribuya ningún derecho».