La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recoge la regularización extraordinaria de unos 446.000 inmigrantes residentes en España no decae tras la convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuencia disolución de las Cortes, ya que estas propuestas populares no caducan.

Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa.

Así lo hicieron hasta 800 ONG que se unieron en el proyecto ‘Esenciales’ para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.

Según estas entidades, este colectivo supone el 12% de la población extranjera total del país, es decir, entre 405.000 y 446.000 migrantes.

Esta propuesta nació tras las evidencias de que esta parte de la población española había ejercido labores esenciales –especialmente las de cuidados– durante la pandemia del Covid-19. Las ONG reclaman que su trabajo en estas circunstancias sea reconocido a través de la regularización de su situación administrativa.

DEFENDIDO EN EL CONGRESO HACE UNAS SEMANAS

El texto fue validado por la Mesa de la Cámara baja y este mismo mes de mayo varios impulsores de la iniciativa presentaron el proyecto ante la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, en donde pidieron la colaboración de las formaciones para sacar adelante la iniciativa.

Tras la convocatoria de elecciones anunciada por Sánchez las Cortes se disolverán y se frenará la actividad parlamentaria. Esto provoca que las leyes registradas en las cámaras y aquellas que estaban en tramitación decaigan. No obstante pueden volverse a registrar en la nueva legislatura.

Pero este no es el caso de las ILP, que no caducan, según el Reglamento del Parlamento. Es decir, cuando las Cortes retomen su actividad tras su nueva constitución, esta iniciativa podrá ser tramitada desde el mismo punto en el que estaba antes de las elecciones. Aún así, este texto no había sido aún tomado en consideración, por lo que arrancaría la nueva legislatura desde el inicio de su tramitación.

Cabe destacar que durante la presentación de las ONG a los partidos en la Comisión, PP y Vox se mostraron contrarios a ponerla en marcha, mientras que el PSOE aseguró “no tener miedo” a debatirla, pero apostó por otras medidas puestas en marcha por el Gobierno y que, a su juicio, están ayudando a la regularización de personas en situación irregular en España.