Juan Carlos Martínez (a la derecha), junto a María Gámez, actual directora de la Guardia Civil / ABC

Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, ex directora de la Guardia Civil, ostentó durante años importantes puestos como asesor de confianza de altos cargos públicos del PSOE. Entre los dirigentes que confiaron en sus servicios profesionales se encuentran un ministro de José Luis Rodríguez Zapatero o dos consejeros autonómicos que se encuentran condenados por los ERE de Andalucía.

En 2007, Bernat Soria, en aquel momento ministro de Sanidad en las dos legislaturas de Gobierno de Zapatero, nombró director de Comunicación al marido de Gámez. Este cargo lo encadenó con otro, también en Madrid. Tras acabar en Sanidad fue fichado en 2009 como jefe de gabinete de Gaspar Zarrías, entonces secretario de Estado de Cooperación Territorial. Zarrías es uno de los 19 altos cargos de la Junta de Andalucía condenado por el caso ERE.

Antes de desembarcar en la capital, Martínez fue asesor de Francisco Vallejo, ex consejero de Obras Públicas también condenado por los ERE. Primero estuvo en esta cartera autonómica y a continuación en la de Innovación, Ciencia y Empresa. En total, casi dos décadas de trabajo a la sombra de importantes cargos socialistas en el Gobierno, tanto en el central como en uno autonómico. También formó parte de tres empresas públicas andaluzas.

Como consecuencia de estos hechos, Martínez amasó un elevado número de contactos en la política. Gracias a estos cargos pudo beneficiarse de una ingente cantidad de ayudas públicas cuya adjudicación hoy están siendo investigadas por los tribunales. El marido de Gámez está imputado por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Tras conocerse su imputación, Gámez dimitió como jefa de la Benemérita.

Martínez compatibilizó la política con negocios privados relacionados con la intermediación empresarial. Según el Registro Mercantil, en 2012 constituyó la empresa Job Management Liberty SL, destino final de las subvenciones que cobró de los ERE. Desde hace varias semanas, una unidad de UDEF de la Policía Nacional se encuentra rastreando todos los movimiento financieros del cónyuge de Gámez.

1,6 millones en honorarios

El Debate ha publicado este miércoles que Juan Carlos Martínez ha ingresado un total de 1,6 millones de euros en honorarios a través de su empresa justo después de haber dejado la política y de haber recibido las ayudas de los ERE. Así se desprende de las declaraciones fiscales que el marido de Gámez hizo ante Hacienda entre los años 2012 y 2021.

El desglose de honorarios es el siguiente: en 2021 el marido de Gámez cobró 111.887,85 euros anuales; 104.359,88 euros en 2020; 104.303,19 euros en 2019; 171.210,48 euros en 2018; 265.586,49 euros en 2017; 174.846,84 euros en 2016; 187.074,27 euros en 2015; 187.763,04 euros en 2014; 188.844,07 euros en 2013 y 128.665,20 euros en 2012. En estos momentos, los investigadores continúan analizando todos estos ingresos.

Martínez está imputado en el ‘caso Santana Motor’, donde la Policía busca el paradero de, al menos, 2 millones de euros. Una cifra que coincide con el patrimonio oculto que Gámez y su marido compraron tras haber recibido las ayudas: cuatro casas entre Madrid y Málaga, algunas de ellas con un valor de mercado de un millón de euros. Tal y como ha publicado este periódico, uno de los cuatro inmuebles fue comprado al contado. Estas casas están valoradas en 2,7 millones de euros.

Pese a esto, Gámez declaró que tan sólo tenía un patrimonio notablemente inferior al que tiene realmente. En 2021 realizó una declaración de bienes en la que informaba que contaba con viviendas por valor de 168.252,50 euros; cuentas corrientes con 29.873 euros; seguros de vida o planes de pensiones por 36.086 euros y deudas por valor de 248.581 euros.

A pesar de que Gámez fue nombrada jefa de la Benemérita en enero de 2020 su única declaración de bienes pública es la de 2021. Ni rastro de los años 2020, 2022 ni 2023. El origen de la publicación de estos datos personales fue poder demostrar si el paso de una persona por la función pública provocaba o no un aumento de patrimonio o enriquecimiento. En cambio, no es posible comprobarlo en el caso de Gámez al faltar tres de estos documentos.

Los altos cargos del Gobierno están sometidos a una ley del año 2915 que les obliga a consignar el valor real de todas sus propiedades. Al tomar posesión tienen que completar diversos documentos en los que también están obligados a declarar si tienen acciones o participaciones en sociedades de capital. Otro de los motivos por los que tienen que hacer esto es para que se determine si, aceptando el cargo público, incurren en alguna incompatibilidad.

El Debate