La ministra del Interior británico, Suella Braverman, afirmó que Ruanda es un país seguro para trasladar a los inmigrantes que llegan ilegalmente a Reino Unido, pero rechazó fijar una fecha límite para las primeras deportaciones.

Braverman defendió el plan de Londres de enviar a miles de inmigrantes al país del este de África a pesar de haber sido cuestionada por un incidente de 2018, cuando la Policía ruandesa disparó contra un grupo de refugiados y terminó con la muerte de doce personas.

En una entrevista con la BBC se le preguntó a Braverman sobre ese hecho, ocurrido durante una violenta protesta por raciones de alimento en un campamento en Ruanda. La política dijo que no estaba familiarizada con el caso, pero aseguró que estaba “en terreno firme” al decir que Ruanda era un país seguro y agregó que era la solución correcta para el problema de los migrantes que llegan en embarcaciones pequeñas a Reino Unido.

“Eso podría ser 2018, estamos mirando hacia 2023 y más allá”, dijo. “El Tribunal Superior, jueces expertos de alto nivel, analizaron los detalles de nuestro acuerdo con Ruanda y encontraron que es un país seguro y que nuestros acuerdos son legales”, agregó, comprometida a seguir adelante con el plan de 148 millones de dólares alcanzado con el Gobierno ruandés en abril del año pasado.

Sin embargo, no dio una fecha límite para la salida del primer avión con migrantes. “No voy a dar una fecha límite sobre cuándo despegarán los vuelos. Tenemos que ser realistas”, dijo a Sky News. “Tuvimos una victoria muy fuerte en el Tribunal Superior a fines del año pasado en torno a Ruanda. Ahora hemos introducido legislación. Queremos avanzar lo más rápido posible para reubicar a las personas desde el Reino Unido a Ruanda”, señaló.

Una fuente del Gobierno británico dijo en marzo que las autoridades están trabajando para que los primeros vuelos salgan “para el verano”, tras la firma de una actualización del acuerdo con Ruanda. El plan tiene como fin ampliar su ámbito de aplicación a “todas las categorías de personas que atraviesan países seguros y realizan viajes ilegales y peligrosos” al territorio británico.

El acuerdo fue anunciado en abril de 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, pero el primer vuelo de deportación fue bloqueado por una orden judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Superior de Londres dictaminó en diciembre que el esquema era legal, pero los opositores buscan apelar ese fallo.

La política de enviar solicitantes de asilo a Ruanda, impulsada por la anterior ministra del Interior, Priti Patel, de raíces indias, ha sido calificada por los críticos como vergonzosa y una de las más perniciosas en la historia reciente del gobernante Partido Conservador británico.

Grupos de derechos humanos afirman que el acuerdo es ilegal e inhumano, ya que pretende enviar a personas a un país en el que no quieren vivir y que, además, tiene un pobre historial respecto a los derechos humanos.