El caso “Tito Berni” explica el nivel de degradación en que ha caído la clase política socialista española.

Pedro Sánchez llegó al poder como adalid de la lucha contra la corrupción, esa misma corrupción en la que chapotea su gobierno, como si de una ciénaga de purín se tratase.

En primer lugar, y respecto al caso que nos ocupa, y preocupa, comenzaré diciendo que respeto la presunción constitucional de inocencia, como no podía ser menos, pero ello no impide manifestar mi opinión sobre lo sucedido, y los indicios de criminalidad que afloran al respecto.

Pedro Sánchez ya declaró, públicamente, que la fiscalía depende del gobierno, y ha quedado meridianamente claro con la no petición de prisión provisional para el principal investigado, “Tito Berni”, ex diputado del PSOE, al que se obligó a dimitir unos días antes.

¿Conocía el PSOE las pesquisas policiales al respecto?

No me cabe ninguna duda, pues aunque en teoría existe la Policía Judicial, lo cierto es que la cadena de mando policial sigue incólume, y los casos más importantes son reportados a los jefes, quienes informan al delegado o subdelegado del gobierno, director general de la policía, en su caso, en fin, a la cargos políticos correspondientes. Y estos al secretario de estado, ministro, o presidente del gobierno, si preciso fuere. Lo mismo sucede con la fiscalía.

Y los jefes provinciales, autonómicos y la propia fiscalía general, reciben rápidamente información de cualquier asunto sensible, o que pueda afectar al partido en el poder, o a altas instituciones del estado.

No he visto el sumario o las diligencias previas correspondientes, pero según la prensa, la propia juez instructora se manifiesta en su auto contra la no petición de prisión del diputado socialista canario, por el riesgo de destrucción de pruebas que ello comporta, para el buen fin de la instrucción.

Pero, tal vez, sea eso lo que se busca, que el asunto se diluya como un terrón de azúcar en el café… Y aquí paz, y después gloria.

Sorprende, también, y mucho, la petición de ingreso en prisión provisional, no sé si comunicada o no, del general de división de la Guardia Civil, por muy jubilado que esté, pues un guardia civil lo es desde que jura el cargo hasta que fallece.

La milicia, y la Guardia Civil lo es, no es una profesión, sino una vocación, como el sacerdocio.

¿Se trata de intentar desprestigiar al máximo a la guardia civil, por los presuntos delitos de uno de sus miembros, en su caso?

¿Alguien cree, en confianza, que un general de la guardia civil se va a fugar de España?

Según los atestados policiales, el principal cabecilla de la trama era el diputado del PSOE “Tito Berni”.

Ergo, ¿cómo no se pide su prisión provisional, y sí la del general, al fin y al cabo, un actor secundario?

¿Tiene esto que ver con la inquina que el todavía ministro del interior profesa a la Benemérita, como es público y notorio, desde aquel “incidente” en el barrio chino de Bilbao, según cuentan?

En fin, reitero mi respeto a la fiscalía, pero a una fiscalía profesional, imparcial y objetiva, no a una fiscalía altamente politizada, y al servicio del gobierno de turno.

¡Menos mal que todavía quedan jueces en España!

Este asunto, y otros muchos, confirman mi tesis de que la instrucción está muy bien donde está, en manos de los jueces.

Y sigo sin saber porque no comparecen acusaciones populares, e instan el ingreso los ingresos en prisión provisional de quienes, presuntamente, estarán destruyendo pruebas.

¿Dónde está la sociedad civil?

*Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Ex fiscal y abogado.
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