Cuestión de estado
José María Nieto Vigil.- De auténtico drama y tragedia nacional se puede calificar la situación de la Sanidad pública en España. La realidad cotidiana que se vive, que se respira, que se sufre y desespera en los centros de salud –incluidos los hospitales, clínicas, centros de cuidados ambulatorios y centros de cuidados especializados- , sencilla y llanamente, es dantesca, trágica y vergonzosa. Así lo manifiestan los profesionales del sector sanitario, y así lo padecen y lo soportan los pacientes y ciudadanos. La gravedad del problema es, sin la menor de las dudas, una cuestión de Estado, no en vano estamos hablando de la Salud Pública.
Pero ¿quién es el responsable de poner fin al asunto? La contestación no ofrece dudas a la luz de lo establecido en nuestro ordenamiento legal vigente, son responsabilidad de los poderes públicos. Seamos más concretos, corresponde a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las ciudades autónomas y a la Administración local atender estas demandas y responder con medidas concretas, no con eslóganes de campaña ni declaraciones ampulosas y grandilocuentes. Sea como fuere, lo cierto es que falta una financiación suficientemente importante para afrontar la solución de manera global, tanto en calidad como en cantidad. Este es el problema central del que derivan todas las variables que se quieran discutir.
No es asumible bajo ningún aspecto el caos declarado, menos aún la deriva a la que se está llegando de manera alarmante. Las competencias en materia de sanidad han sido transferidas a las comunidades autónomas, un gravísimo error que, lejos de generar igualdad y equilibrio entre los distintos territorios españoles, ha generado diecisiete modelos diferentes que han provocado el efecto contrario al deseado, es decir, desigualdad y desequilibrio. No es la misma situación que se puede describir en una comunidad autónoma que la que se produce en la otra, ya que el gasto sanitario por habitante varía hasta en seiscientos euros de diferencia.
El panorama ofrece muchas sombras y muy pocas luces, especialmente las que exhiben los políticos oportunistas y los carroñeros del discurso fácil e incendiario. La pancarta exaltada, el pronunciamiento subversivo, el eufemismo fatuo y vacío, las soflamas mitineras, las declaraciones demagógicas, el postureo de salón de té, las ruedas de prensa pintureras, o cualquier otro teatrillo barato de ocasión, son las respuestas que se dan a la ciudadanía y a los profesionales del sector por parte de los consejeros de sanidad, de los próceres de la Patria –con mayúscula-, y de los sindicalistas de zambomba y pandereta. Todos, más pendientes de las urnas y de sus sillones en juego, intentan sacar rédito electoral al desastre al que estamos asistiendo los españoles. Es repugnante, repulsivo, repelente y nauseabundo.
Nuestros centros de salud – entiéndase la atención primaria- están desbordados y saturados por la falta de facultativos y enfermeros, las citas médicas se demoran días, las consultas están abarrotadas de pacientes, la atención telefónica está colapsada y así, un larguísimo etcétera de problemas. El resultado es que el servicio que se puede ofrecer dista mucho del que se precisa y se demanda. Pero no estamos hablando de cualquier cosa, se trata de salud pública, cuyo cometido es proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto individual como colectivamente, mediante acciones sanitarias sectoriales y transversales, promovidas y organizadas por las Administraciones públicas.
El paisaje rural sanitario ofrece un espectáculo todavía más desalentador. Los Centros de Salud Rurales no son ni suficientes, ni capaces de dispensar una asistencia eficiente y de garantía. Muchos están cerrados o con horarios muy restringidos, amén de estar muy dispersos. En la llamada España vacía -más del 70% del territorio- la población se encuentra desasistida y a merced de las circunstancias.
La situación no mejora si nos trasladamos a cualquier centro asistencial, ambulatorio u hospitalario. Faltan camas; faltan recursos humanos sanitarios; los pasillos son ocupados por pacientes a la espera de un ingreso; las urgencias qué decirles, sobrecargadas y sometidas a un estrés imposible; las listas de espera para una intervención quirúrgica o una consulta médica especializada son insufribles, eternas y desesperantes; en definitiva, más de lo mismo.
Quisiera, no obstante, romper una y mil lanzas en la defensa de nuestros sanitarios, esforzados profesionales que desde su vocación y profesionalidad dan respuesta sacrificada al servicio que se les demanda. En la situación en la que se encuentran es muy difícil trabajar con sus pacientes. Exigirles más es injusto, injustificado e inmerecido. No son ellos los responsables de los males que afectan al sector, debemos dirigir nuestras miradas y nuestras exigencias hacia quienes sí tienen la autoridad y la competencia de poder intervenir.
Creo firmemente que la recuperación de la competencia en materia de asistencia sanitaria, ahora en manos de las comunidades autónomas, debería volver a estar centralizada en manos de la Seguridad Social, es decir, debería ser una competencia exclusiva del Estado. La descentralización territorial sanitaria ha provocado gravísimos contrastes y diferencias entre los españoles en el acceso a este elemental servicio público. Esto no es tolerable, ni asumible.
La infrafinanciación –léase insuficiente financiación- es la causa primera de los males que acontecen. Falta inversión y, en consecuencia, faltan medios humanos y técnicos. Así de claro y así de rotundo. Los dispendios y el despilfarro del dinero público –el de todos- impide destinar los fondos que se precisan. El gasto corriente en florituras y adornos –políticos y asesores incluidos- es excesivo e innecesario.
El derecho a la salud está reconocido constitucionalmente (Título I. Capítulo tercero. Artículo 43. Párrafo 1 y 2). Los poderes públicos son los que deben articular medidas preventivas, prestaciones y los servicios necesarios. Así pues, la cuestión de la Sanidad pública es un asunto de estado. Por lo pronto, estoy con las demandas ciudadanas y con las exigencias de nuestros profesionales sanitarios. Más sanidad y menos política que emponzoñe el auténtico debate de fondo.
Doctor en Filosofía y Letras.