Este martes se ha presentado en el Parlamento Europeo el informe preliminar sobre espionaje en la Unión Europea (UE) con un epígrafe dedicado a España. En el caso que afecta a los políticos catalanes, el texto sostiene que “no es posible establecer” la supuesta amenaza para la seguridad nacional que alegaba el Gobierno de España para llevar a cabo el espionaje con el software Pegasus.

El documento es un primer borrador que ha sido presentado por la eurodiputada neerlandesa Sophie In ‘t Veld y que todavía tiene que ser sometido a un proceso de enmiendas en el que ya se prevé que sus conclusiones serán moderadas.

El documento dedica 12 de sus 159 páginas a reseñar el caso español, en el que se incluye tanto el acceso a los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de dos de sus ministros como el espionaje al que se vieron sometidas 65 personas relacionadas con el movimiento independentista catalán.

El informe atribuye a Marruecos el espionaje sobre los miembros del Gobierno: “Se cree ampliamente que las autoridades marroquíes espiaron al primer ministro, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de manera similar al caso del presidente francés y los ministros”, recoge el texto.

Sin embargo, en el caso bautizado como ‘Catalan Gate’, el documento responsabiliza del espionaje al Ejecutivo español, del que sostiene que “fue probablemente el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO”, la empresa israelí propietaria del software Pegasus.

En este contexto, evalúa el marco jurídico español y la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el control de su actividad.

El informe relata que la infección de los dispositivos de los líderes catalanes coincide con momentos de relevancia política en el movimiento independentista o procesos judiciales, entre otros. Entre las personas espiadas se encontraban el actual presidente catalán, Pere Aragonés, el expresidente catalán Carles Puigdemont, eurodiputados, abogados, activistas y allegados y familiares de las víctimas.

“Dado que las autoridades [españolas] solo han reconocido 18 de los 65 casos, y que las solicitudes para esos casos no se han hecho públicas, no es posible establecer de qué manera hubieran tenido un impacto inmediato o constituido una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad del Estado”, señala el documento.

Crítica sobre el “ritmo” de los casos

Se refiere así a la información difundida por la exdirectora del CNI Paz Esteban, que reconoció en el seno de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados que 18 de esas 65 personas fueron hackeadas por las autoridades españolas con autorización judicial. Sin embargo, no ofreció información sobre si el resto de víctimas del espionaje también se encontraban entre los objetivos de la Inteligencia española.

En rueda de prensa, In ‘t Veld instó a las autoridades españolas a proporcionar más información para poder valorar más adecuadamente la situación. Durante su comparecencia, también señaló la diferencia entre el “ritmo rápido” del procesamiento del caso referido a Sánchez en contraste con la “lentitud” de la tramitación de las denuncias presentadas por los afectados catalanes en Barcelona.

Tras la publicación de este informe, que responde a la comisión de investigación creada en el Europarlamento a raíz de las revelaciones sobre el uso de Pegasus en países de la UE, se abrirá un debate seguido de un periodo de enmiendas hasta llegar a la votación del texto final, que contendrá recomendaciones no vinculantes a los Gobiernos e instituciones europeas. Polonia, Hungría, Grecia, Chipre y España son los cinco países que cuentan con epígrafe propio en la versión actual.

“El uso de software espía es un delito penal que no puede quedar sin consecuencias. Por lo tanto, uno esperaría que las autoridades investigaran a fondo el uso de tales herramientas en su suelo. Tal investigación parece no estar en marcha”, sostenía In ‘t Veld ante los medios hace solo cuatro días.