FR.- El sanchismo ha hecho de España una democracia de tercera división, tan viciada que no cumple ninguna de las principales exigencias de ese sistema. España no tiene controles suficientes al poder, ni separación efectiva de poderes, ni una ley igual para todos, ni respeto a la verdad, ni libertad de información, ni procesos electorales limpios y garantizados, ni influencia de los ciudadanos, ni primacía del bien común, ni una sociedad civil fuerte que sirva de contrapeso al poder político, etc.

Un ejemplo solvente de la bajeza reinante con el sanchismo en el poder es que de nada sirve en España haber reunido nada menos que un millón de firmas que exigen la eliminación del odiado impuesto de Sucesiones, el que permite al gobierno robar las herencias de los ciudadanos en España.

La izquierda se ríe de ese apoyo popular masivo, plasmado en firmas identificables sobre papel, recogidas en las calles de España, una masa popular que en cualquier democracia decente del mundo representaría una contundente presión que los políticos no podrían despreciar.

Las plataformas contra el robo de herencias han conseguido un millón de firmas, que fueron entregadas a VOX, por ser el partido que con más vehemencia y contundencia defiende la supresión del impuesto a los muertos, con el mandato de que las utilizara en las Cortes y consiguiera la supresión del más injusto, corrupto y desvergonzado entre los impuestos vigentes en España.

Pero la izquierda, empeñada no sólo en mantener ese impuesto, sino también en imponerlo en todo el territorio y subirlo, se ha reído de las cajas llenas de firmas, demostrando que su democracia es un autentico excremento.

Es cierto que la derecha no se diferencia mucho de la izquierda en su desprecio a la democracia y en su apego al abuso y la corrupción, pero en el asunto del Impuesto de Sucesiones, la derecha al menos apoya la eliminación de ese sucio y miserable tributo.

VOX ha exhibido ese millón de firmas en el Congreso, pero los socialistas y sus socios se han reído y nada ha cambiado. Es justo pensar que si el sistema desprecia la opinión ciudadana, plasmadas en ese millón de firmas, entonces el sistema es una basura antidemocrática y llena de vileza.

El impuesto de Sucesiones es el mejor ejemplo para demostrar la baja calidad de la democracia española y la maldad de un sistema en el que la voluntad de los gobernantes se impone y aplasta la voluntad masiva del pueblo.

Es tan brutal ese impuesto que grava las herencias que está arruinando a miles de familias y obstaculizando la continuidad de miles de empresas familiares, lo que genera desempleo y pobreza. Uno de cada cuatro españoles renuncia a su herencia porque el impuesto le arruina. Es la suciedad más sucia del sistema fiscal español. El silencio en torno a ese robo deleznable comienza a ser estruendoso y refleja la injusticia de ese maldito tributo. Es, junto con el del Patrimonio, el impuesto más impopular e imponerlo en contra de la voluntad popular le costaría al PSOE y a sus socios de izquierda, según los expertos, la fuga de más de un millón de votos.

El de Sucesiones, el que permite al gobierno robar las herencias, es, sin la menor duda, el más impopular de los impuestos vigentes en España, más incluso que el del Patrimonio, otra brutalidad fiscal confiscatoria, propia de bandoleros, como lo demuestra el hecho de que España sea el único país de Europa que se atreve a cobrarlo.

El rechazo masivo al impuesto de Sucesiones es ya un hecho indiscutible en España, donde el robo de herencias por los políticos es un escandalo que no se tolera. Esa estigmatización del robo legal de las herencias ha sido una victoria del pueblo contra los depredadores de la izquierda española, empeñados en mantenerlo. Miles de ciudadanos en Andalucía, Aragón, Asturias y otras regiones se lanzaron a las calles para protestar y presentaron ante los medios de comunicación casos concretos de familias arruinadas y desquiciadas por el robo de lo que habían heredado. El resultado de aquellas campañas, desarrolladas en las dos primeras décadas de este siglo, fue que la ciudadanía asumió la maldad de ese impuesto y exigió a sus políticos que lo suprimieran, algo que ha hecho ya parcialmente la derecha allí donde gobierna.

En Andalucía, la terca tozudez depredadora de Susana Díaz con ese impuesto le hizo perder casi medio millón de votos, según declararon algunos expertos y despachos especializados, lo que equivale a decir que el socialismo perdió el poder por culpa del sucio robo de las herencias.

Las plataformas que luchan hoy contra ese impuesto ilegítimo y anticonstitucional por expoliador, desigual y confiscador, están desenterrando el hacha de guerra para, coincidiendo con la campaña electoral, hacer pagar caro a socialistas y comunistas su sucia e injusta voracidad depredadora fiscal, arrebatándoles cientos de miles de votos cuando se abran las urnas.