“Todos los indicadores se han desbocado. Estamos en niveles del 2015. Salimos de una situación donde teníamos limitada la movilidad y el conjunto de ciudadanos parece haber perdido la cautela”.

Así lo afirmó Luis Del Río Montesdeoca, nuevo fiscal del Sala de Seguridad Vial, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras su elección en marzo de este año por jubilación de su titular, Bartolomé Vargas, al cumplir los 72 años.

Los delitos contra la seguridad vial en España se incrementaron durante el año 2021 hasta alcanzar los 125.939 procedimientos incoados, lo que supone 11.000 más que en 2019; un 9,8 por ciento superior a lo registrado en el último ejercicio previo a la pandemia, según las estadísticas de procedimientos judiciales correspondientes a 2021 presentadas por esta fiscalía especializada.

De esos procedimientos, el Ministerio Fiscal formuló 96.244 acusaciones por delitos viales de peligro, algo más del 33 por cien del total de las presentadas por Fiscalía por cualesquiera delitos.

De este total, 94.942 se convirtieron en delitos contra la seguridad vial de los artículos 379-385 del Código Penal .

En este escenario, las sentencias condenatorias también subieron hasta las 94.942, frente a las 66.648 de 2020 y las 80.480 de 2019.

Y las acusaciones presentadas por la Fiscalía crecieron hasta las 96.244, en comparación con las 71.613 del pasado año, y las 86.958 de hace dos ejercicios.

En ese ranking delictivo, el nuevo fiscal de Seguridad Vial señaló que 54.764 condenas fueron conducir bajo efectos de drogas o alcohol, un 13% más que en el 2019 y 34.127 por delitos por conducción sin permiso un 41% más que en el 2020 y un 20 por ciento superior al 2019.

La conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas es uno de los diferentes delitos que se regulan dentro de los delitos contra la seguridad vial, en concreto, se encuentra recogido en el apartado segundo del artículo 379 del Código Penal.

Es el artículo 379.2 del Código Penal donde se señala como conducta punible conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.

En cuanto a la pena se habla de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a doce meses o un castigo de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. En cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Un 90 % de esas condenas fueron dictadas por conformidad, es decir, por acuerdo expreso con el acusado. Lo que ha permitido la ejecución casi instantánea de 60.790 penas de privación del derecho a conducir y a 1.791 perdidas de vigencia del permiso según el articulo 47.3 del Código Penal, impuestas en ese año.

Eso ha hecho que se produjera un pronto cumplimiento de buena parte de las 67.000 penas estimadas de multa y 25.905 penas de trabajo en beneficio de la comunidad asimismo impuestas en sentencia a lo largo del pasado 2021.

DATOS MUY MALOS: UN MAL ENTENDIDO SENTIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA LIBERTAD

El volumen de actividad judicial es el mayor de la década, debiéndonos remontar a 2011 para encontrar un volumen superior de actividad judicial en este ámbito: en ese año se incoaron más de 140.000 procedimientos por delitos contra la seguridad vial”, recalca la Fiscalía.

A juicio del fiscal del Sala de Seguridad Vial, este repunte es un “mal entendido sentimiento de recuperación de libertad” tras la crisis sanitaria.

El alza de la delincuencia vial se ha producido cuando caía la movilidad en las carreteras —se registraron 393,7 millones de desplazamientos en 2021, frente a los 427,1 millones de 2019 (las cifras de 2020 se obvian por el confinamiento)— y disminuía el número de fallecidos y heridos graves —hubo 1.004 muertos y 3.278 lesionados en vías interurbanas en 2021, 97 y 705 menos respectivamente que hace dos años, según la Dirección General de Tráfico (DGT)–.

A preguntas de Confilegal, Del Río Montesdeoca señaló que sigue muy de cerca la reforma que se está gestando en el Congreso de los Diputados para convertir las imprudencias con resultado grave en tema penal, cuestión que protegerá a ciclistas y motoristas “cualquier protección que se consiga a las víctimas de tráfico hay que tomarla por buena”.

Respecto a si la Fiscalía que ahora dirige podría impugnar alguna sentencia absolutoria por las que en algunas ocasiones algunos conductores quedan libres del siniestro, pese a existir heridos graves o mortales, comentó que habría que estudiar caso a caso de forma detallada para conocer hasta qué punto puede implicase esta fiscalía de sala.

Sobre la solución a este incremento de asuntos que han desbordado todas las previsiones, Del Rio Montesdeoca hizo un llamamiento público a cumplir la norma de seguridad vial «dada la importancia de lo que está en juego: la vida, la integridad física, la salud de las personas».

En este sentido, destacó el incremento en la siniestralidad que se ha producido en el primer semestre de este 2022.

El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial explicó en su intervención la gran paradoja con la que se han encontrado a la hora de elaborar este informe que acaba de presentarse a los medios de comunicación.

Mientras en 2021 descendieron las cifras de siniestralidad vial (-9% en el caso de los fallecidos en siniestro vial y -16% en los lesionados graves), se produjo un aumento en todos los indicadores de delincuencia vial –procedimientos judiciales, acusaciones y sentencias condenatorias–, siendo «los más altos de los últimos años», similares a las 2011-2012.

POTENCIAR LA LABOR DE LA FISCALÍA

En su primera rueda de prensa, Del Rio Montesdeoca, que estuvo acompañado por Dolores Delgado, fiscal general del Estado –quien glosó la trayectoria profesional de este jurista–, el nuevo fiscal mostro su preocupación por estos datos que despiertan todas las alarmas.

También se mostró satisfecho del legado que Vargas le deja con una red de fiscales de tráfico especializados en todo el territorio nacional, “aunque si hay algo que mejorar, se hará para potenciar este equipo de trabajo tan especializado que tenemos”.

“Aún es pronto para saber si es algo coyuntural o es un cambio de tendencia, pero hay que extremar la cautela», especialmente en estas fechas estivales en las que se está produciendo un incremento en los desplazamientos por carretera, para evitar tragedias personales.

Del Rio Montesdeoca señaló también que tres de cada cuatro procedimientos incoados concluyeron con sentencia de condena, lo que supone un 75 % del total.

“Si a la cifra de sentencias condenatorias se sumaran las absolutorias y autos de archivo las tasas de resolución se situarían en términos muy próximos a la igualdad entre procedimientos incoados y resueltos, lo que consolida la celeridad, eficacia, seguridad jurídica y uniformidad interpretativa de la justicia penal de tráfico en España”, destacó.

Otro elemento que destacó el nuevo fiscal de Sala de Seguridad Vidal fue que más del 70 por ciento de los procedimientos incoados y del 80 % de las acusaciones viales de peligro se produjeron por el cauce de los llamados juicios rápidos, una garantía para aplicar con celeridad la ley penal a la delincuencia de tráfico en nuestro país.

(Confilegal)