LR.- “Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia. Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales”. De esta forma el Ministerio de Justicia, dirigido por Pilar Llop, anima a todas aquellos inmigrantes o extranjeros mayores de 18 años, que por sentencia firme hayan sido condenados, a “borrar” sus antecedentes penales o sexuales (algo que omiten señalar en el texto de su campaña). Un polémico tutorial, orquestado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que llega desde la cuenta oficial del propio ministerio, lo que ha generado malestar e indignación entre los ciudadanos.

En 2021, Justicia desarrolló un sistema robotizado de automatización que cancela de oficio “la mayoría de las penas que cumplen los requisitos marcados”. O lo que es lo mismo, “cancela tus penas sin que tengas que solicitarlo”, explica el tutorial. Un sistema que ya ha permitido que casi 250.000 personas hayan visto su historial penal limpio, sin tener que solicitarlo o esperar más tiempo del necesario, según señala el propio ministerio.

Sobra decir, por tanto, que el Gobierno no se saca de la manga estas recomendaciones, que esa opción existe y es viable dentro de nuestra legislación actual y que hay una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para solicitar la cancelación de esos antecedentes. A saber: extinción de la responsabilidad penal, completar unos plazos de tiempo y no volver a delinquir durante el periodo de cancelación.

Sánchez, a la caza del voto inmigrante

Sin embargo, más allá de la polémica que pueda generar la cancelación de los antecedentes penales y sexuales, de cara a la ciudadanía, son muchos los que muestran su indignación por que sea una cuenta oficial del Gobierno la que ofrezca estas facilidades a los extranjeros que han delinquido en nuestro país. Y es que este tutorial llega justo después de saberse que Sánchez busca reformar nuestras leyes para regularizar a miles de ciudadanos extranjeros que hoy viven en España de manera irregular.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, trabaja en un borrador que incluye una reforma de la normativa de extranjería, con el objetivo de “dar respuesta a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral”. En concreto, esta reforma permitiría que los estudiantes extranjeros trabajen y que los inmigrantes en situación irregular que se formen para puestos en los que se necesitan trabajadores, puedan obtener los papeles. Asimismo, todos aquellos que denuncien “abusos laborales” se les regularizará de forma inmediata.

A esto, hay que sumar que en 2021, Sánchez ya intentó sacar adelante una reforma constitucional para que los extranjeros residentes sin nacionalizar también pudieran votar en las elecciones municipales. Lo hacía en el Senado, en un documento en el que se planteaba “estudiar la posibilidad de realizar una reforma constitucional que posibilite el derecho de sufragio en las elecciones municipales de las personas extranjeras residentes en España”. Sin limitación de ningún país, ni exigencia de reciprocidad de voto en sus países para los españoles, tal y como está estipulado ahora.

Registro especial de delincuentes sexuales

En una sentencia de 2020, el Tribunal Supremo estipuló legal el plazo de 30 años para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales cuando se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, la víctima sea menor de edad y el condenado mayor de edad. En dicha resolución, el alto tribunal consideraba que se trata de “un instrumento de protección en beneficio del menor” y que su finalidad es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden acceder y ejercer a profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen o no de antecedentes penales. “Estas limitaciones o prohibiciones no vulneran el derecho al honor de los condenados por este tipo de delitos, honor que, precisamente, se ha perdido por el comportamiento del autor de tales conductas”.