La Fiscalía investiga a la monja separatista Teresa Forcades, licenciada en medicina y teología y doctora en salud pública, por un presunto delito contra la salud pública. Las autoridades investigan si Forcades recetó sustancias ilegales a pacientes con enfermedades graves y, al mismo tiempo, si incitó a estos pacientes a abandonar los tratamientos médicos indicados para sus patologías.

La investigación se ha iniciado a partir de una denuncia interpuesta a finales de enero por el Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB), que supo que Forcades habría indicado presuntamente a pacientes realizar tratamientos con clorito de sodio, un compuesto tóxico utilizado en la fabricación de papel, desinfección de aguas y aconsejado por algunos gurús como alternativa terapéutica.

A través de un comunicado, el CoMB explicó que decidió llevarlo a la Fiscalía a finales de enero, ya que los hechos “podían ser constitutivos de delito”. Detallan que la religiosa lo habría hecho “a lo largo de varios años” con pacientes “con enfermedades graves”.

El Colegio de Médicos de Barcelona asegura que “la indicación de estos productos se habría realizado en la asistencia a pacientes con enfermedades graves, a los que también se habría presuntamente incitado a apartarse de tratamientos validados para sus patologías”.

Por su parte, la monja ha negado “categóricamente”, en declaraciones a Efe, haber recetado sustancias no autorizadas ni haber “infringido cualquier norma deontológica”. Afirma que “desde el año 2018, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona intenta de forma activa y constante coartar mi libertad de expresión sin ningún tipo de base ni de evidencia científica”.

Forcades se introdujo en el mundo de la política en 2013. Junto con el profesor de Economía Arcadi Oliveres anunciaron la creación del Procés Constituent en Catalunya, un “movimiento creado para promover una iniciativa por un cambio de modelo político, económico y social”.

En 2015 dejó el convento de las benedictinas de San Benito de Montserrat con permiso del Vaticano y del obispo de Sant Feliu de Llobregat para concurrir a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de ese año, una exclaustración que finalizó después de no conseguir que prosperara su iniciativa política.