Una incongruencia  más en la acción del infame gobierno. Si el Ejecutivo ordenó al servicio español de inteligencia que vigilara a numerosos líderes independentistas, ¿en base a qué razón de estado ese mismo  gobierno puso la gobernabilidad de España en manos de partidos cuyos representantes estaban siendo vigilados por supuestamente comprometer la seguridad nacional? Pura lógica kafkiana. En el gobierno de Sánchez, la sinrazón y la traición conviven en feliz consorcio.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha admitido este jueves ante los portavoces parlamentarios que integran la Comisión de Gastos Reservados que se llevaron a cabo cerca de una veintena de escuchas a líderes independentistas, entre los que se encontraría Pere Aragonés —se desconoce si los pinchazos fueron a antes de que fuese presidente—, todas ellas acreditadas mediante autorizaciones firmadas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, según han relatado fuentes conocedoras de la reunión.

Las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI ante los portavoces parlamentarios no han convencido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha asegurado minutos después en TV3 que Esteban ha reconocido que solo una parte (en torno a una veintena) de los más de 60 dirigentes independentistas espiados lo fueron por los servicios de inteligencia, siempre bajo autorización judicial. Y, además, Esteban habría planteado -siempre según Rufián- que la incursión en los teléfonos del resto de los investigados, a los que no pinchó el CNI, podría tener dos orígenes: o bien una potencia extranjera, o bien “organismos descontrolados” del propio Estado español.

Las declaraciones del portavoz de ERC se produjeron apenas unos minutos después de que finalizara la sesión de la comisión de gastos reservados, más conocida como comisión de secretos. Allí, apenas unos días después de que se constituyera, compareció este jueves Esteban para dar explicaciones sobre los pinchazos a los teléfonos de más de 60 dirigentes independentistas y también del presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles.

“Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales”, ha dicho Rufián, quien sostiene que no incumple la ley –que obliga a los miembros de esta comisión a guardar silencio sobre lo que allí se trata– al desvelar parte de esa comparecencia porque el grueso de la misma ha versado sobre cosas ya “filtradas” a los medios de comunicación.

Según ha detallado, Paz Esteban ha acudido a la cita con documentación que contenía las autorizaciones judiciales para las escuchas que ha llevado a cabo el CNI, ha señalado que no podía hablar específicamente del programa ‘Pegasus’ y no ha ofrecido ninguna solución a esta situación.

El portavoz de ERC planteó literalmente, que los servicios secretos “reconocen el espionaje” y “básicamente apuntan a dos vías, una nación extranjera o a organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales”. Posteriormente insistió en esta idea en declaraciones a los medios, aunque minutos después matizó en Twitter que esa teoría sobre la procedencia de algunas de las escuchas es únicamente una “interpretación”.

El juez ordena el secreto del ‘caso Pegasus’

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con el software Pegasus, y ha ofrecido a ambos personarse como perjudicados, tal y como había solicitado la Fiscalía.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica que la declaración del secreto de sumario tiene por objeto “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación”.

“Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento”, expone.

Además, Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo podrá ser conocido posteriormente, “evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida, el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna”.