El estado de excepción aprobado en El Salvador para hacer frente a la violencia de las pandillas cuenta con el apoyo de la mayoría de salvadoreños, según algunas encuestas aparecidas en las últimas jornadas.

La medida, aprobada el domingo por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele, estará vigente un mes. Implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó 87 muertos el fin de semana.

El gobierno atribuyó los asesinatos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Las autoridades informaron que detuvieron en los últimos días a 2.163 pandilleros en un país que ha reducido drásticamente el número de muertes violentas, y en el que Bukele, un milenial de 40 años, goza de un altísimo nivel de aprobación.

En 2021 se registraron 1.147 homicidios, mientras que en 2017 fueron 3.962.

Bukele decretó asimismo la emergencia máxima en cárceles y dio un ultimátum a las pandillas: “Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”, dijo el lunes en su cuenta de Twitter al advertir que puede endurecer aún más las condiciones de encierro a los más de 16.000 pandilleros encarcelados.

“Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, además les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol”, escribió el mandatario.

“A los pandilleros les toca el cementerio, cárcel o la cama de un hospital. ¡El Estado se respeta!”, tuiteó el domingo el ministro de Justicia.

Como era de prever varias oenegés, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han expresado inquietud sobre las recientes medidas.

“El régimen de excepción es la tendencia más evidente al ejercicio del autoritarismo como forma de gobierno y eso se va acentuando. Hay un ejercicio autoritario del poder”, dijo Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que promueve los derechos humanos.

Para el director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), José María Tojeira, las políticas “de mano dura” como la impuesta por Bukele contra las pandillas “son siempre el resultado de modos de pensar autoritarios, racistas y aporofóbicos”.

Desde el inicio de su mandato en junio de 2019, Bukele puso en marcha el “plan de control territorial” que, entre otras cosas, contempla el uso del ejército como apoyo a la policía en labores de seguridad pública y el combate a las pandillas.

En junio de 2021 inició el proceso para duplicar el ejército de 20.000 a 40.000 efectivos.

Respeto a los DDHH

Eduardo Escobar, director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana dedicada a la lucha contra la corrupción, señaló que el uso de militares no es algo nuevo. Anteriores gobiernos lo hicieron también y nunca resolvieron el problema de inseguridad.

“En realidad quien tiene el control cuando así lo decidan son estos grupos criminales. Son los que pueden establecer reglas, pueden dominar territorio, pueden matar a su antojo ante la inoperancia del gobierno”, señaló Escobar.

Bukele mandó un mensaje con sarcasmo “a la comunidad internacional” que critica sus medidas por no respetar los derechos humanos.

“Tenemos 70.000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos violando sus derechos”, escribió en Twitter.

En El Salvador investigaciones periodísticas señalan al gobierno de negociar con pandilleros para reducir los homicidios y en diciembre Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios de El Salvador por negociar con líderes de pandillas encarcelados.

El mandatario niega las acusaciones.

Ábrego consideró que “se debe investigar” si existe tal pacto y si tiene que ver con el alza de homicidios.

En tanto, el director ejecutivo de la oenegé Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, dijo a la AFP que el gobierno “no solo debe ofrecer mano dura” contra las pandillas, sino también “oportunidades de rehabilitación para los que están en prisión”.

Apoyo popular

En diciembre, un 85% de los salvadoreños dijo aprobar la gestión de Bukele, según un sondeo del matutino La Prensa Gráfica.

Muchos como Ángel Mendoza, de 48 años, apoyan sus más recientes medidas.

Este vendedor de San Salvador dice sentirse “seguro” con el despliegue de más policías y soldados en la capital.

“No le veo problemas a eso que aprobaron”, indicó en referencia al régimen de excepción. “Nos favorece porque estamos más seguros”.

Para Ramón Hernández, un vigilante privado de 54 años, las acciones del gobierno contra las pandillas “se deben apoyar”.