AR.- Se ha alternado hoy mensajes entre apocalípticos y criminalizadores por el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. La ministra inquisidora Pilar Alegría se ha llevado la palma. Lejos del papel institucional que le correspondía, se ha comportado como una rabiosa sectaria y un peligro para la democracia. En el Frente Atlético he conocido gente más templada. De entrada, la payasa ha recriminado a Feijóo, una y otra vez, el acuerdo con la «ultraderecha». Le pregunto a la payasa qué otra alternativa le dejasteis al PP. ¿Acaso pretendíais que tirara su victoria por la borda y os dejara gobernar a vosotros? Da igual que leyendo y releyendo el acuerdo no encontremos un solo punto susceptible de gestar la inquietud que estos días se ha apoderado de los refinados espíritus democráticos de la izquierda española. Lo que más teme la izquierda representada por especímenes como Pilar Alegría es que la narrativa del miedo a la ultraderecha se les venga abajo, cuando la tranquilidad institucional en Castilla y León invalide los prejuicios que se construyen estos días en los laboratorios propagandísticos de la izquierda.

Ingenuamente alcanzamos a creer en la sinceridad de los fedatarios de los proclamados “valores democráticos” cuando machaconamente defendían la infabilidad de los votantes. “El pueblo siempre tiene razón”, sentenciaban los trápalas. Ahora se ha visto que no, que también en eso nos engañaron, que lo que quisieron decir es que hay votos buenos y votos malos, votantes con y sin pedigrí democrático, que solo votando lo que ellos quieren se tiene derecho a gozar de la respetabilidad cívica que se concede, por ejemplo, a los votantes de partidos que promueven la insurrección golpista o cuyos dirigentes han vivido durante años en permanente roce con el terrorismo.

Ahora ya sabemos que el concepto que estos prendas tienen de la democracia española es bastante restrictivo. Más de cinco millones de españoles han votado a Vox. Si nos atenemos al diagnóstico que hace la izquierda, nos encontramos ante una masa de gente enajenada que delira cuando vota y que necesita ser guiada y conducida al redil de los ciudadanos ejemplares.

Si aceptamos la lógica democrática como la mejor de cuantas han sido creadas por el hombre para regirse políticamente, o la menos mala, no debería ser un buen negocio criminalizar a los votantes ni establecer que hay asuntos de la vida pública que no pueden ser discutidos ni aún menos cuestionados. Establecer “cordones sanitarios” en torno a Vox sería tanto como expulsar a sus cinco millones de votantes de nuestro espacio común de convivencia.

Lo que hacen estos días las mafias progresistas es convertir en anatema las consecuencias y no las causas por las que millones de españoles huyen de las ofertas políticas tradicionales para echarse en los brazos de partidos que a ellas no les gustan.

Se nos dice por un lado que cualquier cosa considerada justa puede discutirse, defenderse o refutarse pacíficamente; que hasta la independencia de algunos territorios puede lograrse si es a través de los mecanismos que contempla la propia ley. Por otro lado, se criminaliza a Vox por mantener un punto de vista distinto al oficial sobre determinados temas de orden moral, que se consideran indiscutibles. Se dice por ejemplo que Vox no acepta los valores de la Unión Europea. ¿Y cuáles son esos valores? No los del cristianismo, sino los del colectivo LGTBI, nos responden. Y en ese contexto, ¿puede sorprender que millones de europeos estén alineados con el punto de vista de Putin?

Si esta gente se atuviese a un diagnóstico real, si conectaran con la calle, si conocieran más el alma española, comprenderían que el voto a Vox ha sido sobre todo una OPA a la imposición de la narrativa oficial de la izquierda, a una forma de ser y de gobernar, de vivir y de hacer, de pensar y de alterar conciencias, que muchos electores han rechazado sin contemplaciones. Lo que debería preocupar a la izquierda es la inquietante paradoja de que ni con toda su artillería mediática y propagandista, haya conseguido que millones de españoles sucumban a sus fétidos ideales en cuestiones morales.

De las incendiarias declaraciones hoy de la ministra Alegría, en representación de un gobierno socialista que ha hundido una vez más la economía española, nos preocupa el peligroso correlato que la sinvergüenza ha establecido entre violencia y el gobierno de Castilla y León. No todo vale. Alguien tendría que sacarle los colores a esta hipócrita y preguntarle por qué no abrió la boca cuando su compañero del PSOE, Jesús Eguiguren, fue condenado por agredir a su mujer. Contra más se les conoce, más asco dan.

Guste o no, Vox es una formación política que se ha constituido de forma legal conforme al ordenamiento jurídico y lo seguirá siendo, al igual que su formación, en tanto no se declare judicialmente su ilegalidad. La izquierda sectaria monopoliza la palabra democracia y la palabra libertad, pero a continuación trata de impedir que un partido legalmente constituido haga uso de los mecanismos establecidos por ley. Las aseveraciones de Alegría ponen al descubierto que, para un sector de la casta política, los españoles que no piensan como ellos no tienen derecho siquiera a la existencia. Se puede negar la existencia de Dios, abogar por la ruptura de España, pretender la derogación de la monarquía, justificar los ataques a las creencias cristianas, defender como sacrosanto el derecho al aborto… pero no puede defenderse por los cauces legales y pacíficos la derogación del título VIII de la Constitución.

La izquierda española transita entre el esperpento y lo surreal. Es esperpéntico y surrealista al mismo tiempo que acuse de «peligro para España» la representante de un partido que ha tenido una amplia nómina de ladrones, corruptos y asesinos en sus filas. Pilar Alegría utiliza la mentira como coartada para desviar la responsabilidad de su partido en la degeneración de la democracia española. Les preocupa que Vox exista como partido, y en cambio su partido han permitido que Pedro Sánchez gobierne gracias a los herederos ideológicos de la banda terrorista ETA. A mí, nada sospechoso de simpatizar con Vox, lo que me preocupa es que los separatistas rebasen los límites de la ley, que los políticos hayan depredado los recursos públicos, que gestores corruptos e inútiles hayan sumido en la pobreza a millones de familias y que nuestros jóvenes tengan que emigrar porque los recursos nacionales han sido dilapidados por gente como Pilar Alegría. A diferencia del PSOE, que apuesta por la cultura de la muerte en su programa ideológico, Vox apuesta por al derecho a la vida y el derecho a nacer hasta de personas como Pilar Alegría. No deberían admitirse coacciones y políticas autoritarias que tienden a difamar y calumniar irresponsablemente a formaciones amparadas en la libertad constitucional ideológica y religiosa.

Es imperio que la derecha rompa todos los puentes con la izquierda y oriente toda su estrategia política al objetivo de echar del poder a esta gentuza corrupta, incompetente y totalitaria.