Juan García-Gallardo

La investidura del nuevo Gobierno de Castilla y León ha tenido lugar este lunes. Alfonso Fernández Mañueco, ha revalidado su cargo como presidente de región, mientras Juan García-Gallardo ha sido nombrado vicepresidente. Así, ha dado comienzo al gobierno de coalición formado por el Partido Popular y Vox. Sin embargo, lo que resulta sorprende es la labor que desempeñará el político del partido verde en el nuevo ejecutivo castellanoleonés. García-Gallardo tendrá pocas muy pocas funciones o ninguna. Las tareas que realizará el nuevo número dos de Castilla y León serán más representativas que funciones ejecutivas reales. Es decir, será el primer vicepresidente que no tenga cartera, eso sí cobrará un elevado sueldo que asciende a 101.555,28 euros. Todo un salario para el nuevo vicepresidente «florero» de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que no hará nada en el Gobierno de coalición.

García-Gallardo solo realizará tareas de representación institucional. Así, el nuevo vicepresidente de Castilla y León asumirá la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa. Asimismo, también será el suplente de representación del Comité de las Regiones y del Comisionado de las Víctimas del Terrorismo. Además, ostentará la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.

El cargo de Procurador del Común resulta un tanto extraño dado que hace solo un mes desde el partido de extrema derecha pidieron eliminar este departamento. Así, la política de Vox, Fátima Pinacho, aseguró que se trata de una «figura innecesaria y prescindible» y que no le sale «barata» a los ciudadanos de la región castellanoleonesa. Sin embargo, ahora puede que vea con buenos ojos este «despilfarro» de dinero dado que irá a parar a la cuenta bancaria de su compañero de partido García-Gallardo. Aunque no es de extrañar que abogado burgalés haya pedido ostentar este cargo, dado que según su propio partido consideran que se trata de un figura redundante y que debe ser eliminada, ya que sus funciones podrían ser asumidas por el Defensor del Pueblo.

Además de ostentar todos estos cargos de representación institucional, lo que también sorprende es que entre las competencias del político de Vox no haya ninguna consejería. Y es que, su antecesor, Francisco Igea, sí compatibilizaba la vicepresidencia con la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Sin embargo, Vox desde el primer momento renunció a que su vicepresidente se hiciera cargo también de una consejería. En su lugar, han preferido relegar las tarea de García-Gallardo a puestos de representación institucional, bien remunerados y sin grandes responsabilidades.

Así, tras casi dos meses de negociaciones desde que tuvieron lugar las elecciones castellanoleonesas el 13 de febrero, ambos partidos han decidido que el nuevo número dos de la Junta de Castilla y León no desempeñe funciones ejecutivas. El abogado burgalés tendrá atribuciones menores, pero un elevado salario público que asciende a 101.555,28 euros. Todo un chollo para el vicepresidente que se estrena en el Gobierno regional por todo lo alto, poca responsabilidad y una elevado sueldo. Todo un «florero» para decorar las instancias de la Junta de Castilla y León.