El ex fiscal de Zaragoza Ramiro Grau.

Por Ramiro Grau Morancho.- El Diccionario de la Real Academia Española tiene hasta ocho acepciones de la palabra dignidad, pero la que me parece más adecuada parta lo que quiero decir es la tercera: “Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”.

Por supuesto que todos hemos podido actuar de forma no demasiado digna en algún momento de nuestra vida, pues nadie o casi nadie somos santos, pero hay un concepto de dignidad pública, que se refiere a comportarse correctamente, no agachar la cerviz ante la prevaricación, judicial o administrativa, la corrupción, los empleos por enchufe o a dedo, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, etc.

Dicen que un país tiene el gobierno que se merece, ¿y no será que los españoles nos merecemos este desgobierno socialcomunista, de corruptos, incapaces, y traidores?

Una nación dónde todo el mundo busca el camino fácil, sin esfuerzo, sin trabajo, está destinada a tener un gobierno corrupto, pues la corrupción es endémica, ya que anida en la propia sociedad.

¿Ustedes creen que hay muchos políticos o empleados públicos, de toda clase y condición, desde jueces o fiscales, militares, policías, etc., que puedan mirarse al espejo todos los días sin sentir vergüenza propia?

Muchas veces la explicación es “yo no quería, pero no quiero problemas”, “tengo varios hijos, y no me puedo enfrentar con los jefes”, “tengo que pagar la hipoteca o el alquiler”, etc., y todo ello va generando un caldo de cultivo de impunidad para los delincuentes políticos, económicos y sociales.

También la socorrida excusa de “total, todos son iguales”, “no se puede hacer nada, controlan todo”, “no quiero enemistarme con nadie”, “paso de todo”, y las nuevas generaciones apelan a que yo tengo “derecho” a ser feliz…
La corrupción no se penaliza, ni judicial ni socialmente.

Es más, me atrevería a decir que hasta está bien vista en nuestra sociedad.

Aquí, en España, se parte de la presunción de que el que no roba, es porque no puede.

Y claro, con estas alforjas, no podemos llegar muy lejos.

Las penas por prevaricar o efectuar nombramientos ilegales, son ridículas, y no suponen prisión ni castigo realmente infamante.

Me atrevería a decir que son irrisorias.

¿Qué les supone a políticos al borde de la jubilación que les inhabiliten para ocupar cargos públicos durante X años, cuándo ya están alejados de la función pública?

Como muy bien dijo el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, “aquí solo se persigue a los robagallinas”, es decir, la criminalidad de bagatela.

Ejércitos de abogados, formados para más inri por jueces y fiscales en excedencia, abogados del estado, catedráticos y profesores, etc., es decir lo más florido de la profesión jurídica, defienden a tipejos absolutamente indefendibles, pues son escoria, por muy bien trajeados que vayan, y con abundantes perfumes, para que no se note el olor a mierda que emana de ellos.

No niego el derecho constitucional de defensa, faltaría más, ni la presunción de inocencia, pero hay muchos investigados, sobre todo por corrupción, que como dice la doctrina anglosajona, son personas a prueba de libelos, vamos, que se puede decir casi cualquier cosa de ellos, pues todo es verdad.

En definitiva, los españoles tenemos lo que nos merecemos.

Unos más que otros, por supuesto.

Un país que criminaliza, con penas de prisión, nada menos, las manifestaciones pacíficas frente a los abortorios, se merece todo lo malo que le pase.

La ira de Dios caerá sobre todos nosotros, y no tardando mucho.

Quien quiera entender, que entienda…

*Ex fiscal y escritor.
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