Ximo Puig y Mónica Oltra

Los casos relacionados con familiares de Ximo Puig y Mónica Oltra han puesto contra las cuerdas a los dos principales líderes del gobierno del Botànic, la fórmula de coalición que desde 2015 comparten el PSPV-PSOE y Compromís en la Generalitat valenciana, a la que en 2019 se unió Unides Podem como miembro del Ejecutivo. A poco más de un año del fin teórico de la legislatura, ambos dirigentes se enfrentan a la exigencia de responsabilidades por parte de la oposición, e incluso de dimisión en el caso de Oltra, y al posible desgaste e inestabilidad del Consell en función de la evolución de ambos frentes judiciales.

La semana negra para ambos, a los que desde el PP se acusa de tener un “pacto de silencio”, comenzó el 1 de abril, con la petición del juez de instrucción para que el TSJ valenciano impute a la vicepresidenta por un presunto encubrimiento, desde la Conselleria que dirige, del caso de abusos sexuales de su exmarido, que era educador en un centro público, a una menor tutelada, hechos por los que fue condenado. Casi al mismo tiempo, otro juez citó a declarar para el próximo 23 de mayo a Francis Puig, hermano del jefe del Consell, en el marco de una investigación sobre justificación de subvenciones concedidas por los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018 a un grupo de empresas y que en total sumarían en torno a 2 millones de euros.

Esta pasada semana, la portavoz del grupo popular, María José Catalá, apuntó en Les Corts a un supuesto acuerdo entre Puig y Oltra por el que ninguno asumiría responsabilidades políticas por ambos casos, que discurren casi en paralelo. A ello Puig, a quien “en absoluto” le preocupa la posible imputación de la vicepresidenta, respondió el viernes: “No hay trapos sucios, hay confianza en la Justicia”.

El presidente valenciano se refirió también a la contratación de su hijo con una ayuda para fomento del empleo: “Hay una manipulación. Es un informe sesgado que ha distribuido el PP, es una denuncia contra una empresa en la que trabaja mi hermano y en la que, circunstancialmente durante tres meses, absolutamente con toda legalidad, trabajó mi hijo”. Por su parte, Oltra lleva tiempo insistiendo en una “cacería política de la extrema derecha” como supuesto origen de la investigación sobre su departamento.

Investigación en la Conselleria de Igualdad

El caso que afecta a Oltra tiene su origen en febrero de 2017, cuando una menor tutelada en un centro de acogida de la Generalitat (que entonces tenía 14 años) puso en conocimiento de los responsables del mismo que había sufrido abusos por parte de uno de los educadores, Luis R. I., entonces pareja de la vicepresidenta. Por aquellos hechos, el acusado fue condenado a cinco años de cárcel en marzo de 2021 -sentencia ratificada por el TSJCV en septiembre de ese mismo año-.

Sin embargo, la investigación actual se centra en el proceso interno abierto en el departamento que dirige Oltra para, supuestamente, esclarecer los abusos. El juez sospecha que aquello no fue más que una simulación o investigación “parajudicial” con el objetivo contrario, es decir, encubrir lo que había pasado desacreditando la versión de la víctima, y por eso ha imputado a 13 personas, la mayoría cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y personal técnico que intervino en aquel proceso.

La instrucción judicial tiene su origen en dos denuncias: una de la víctima, representada por el abogado José Luis Roberto (líder de España 2000), y otra de la asociación Gobierna-Te que dirige Cristina Seguí, próxima a Vox en sus inicios. Este último partido está personado como acusación popular.

Oltra replicó que fueran a por ella, pero, para que pueda ser investigada, el titular del juzgado número 15 de València, que ve “indicios racionales y sólidos” de la participación de la vicepresidenta en los hechos, ha tenido que remitir una exposición razonada al TSJCV, ya que, como diputada, es aforada ante este tribunal. La pelota está, pues, en el tejado de los tres magistrados que decidirán si comparten las tesis del juez de instrucción y si, por tanto, asumen la causa para investigar a la número 2 del Gobierno valenciano.

El caso de Francis Puig

Por lo que se refiere al president, el caso relativo a su hermano se remonta a los ejercicios de 2015 a 2018, es decir, los tres primeros años de Gobierno del Botànic en la Generalitat. En esta causa, abierta en el juzgado de Instrucción número 4 de València a raíz de una denuncia del PP, se investiga un posible fraude a la hora de justificar las subvenciones recibidas, entre ellas las de fomento del uso del valenciano, por Francis Puig, hermano del jefe del Consell, a través de varias empresas y productoras por él participadas.

Además del empresario castellonense, en la causa está investigado el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que precisamente fue absuelto a finales de 2021 de un delito de falsedad documental en ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, cuya acusación ejercía la diputada del PP Eva Ortiz.

El familiar del jefe del Consell ha sido citado para el 23 de mayo y, dos días después, comparecerá Juan Enrique Adell Bovell, otro empresario vinculado también al conglomerado societario, según consta en el auto judicial del pasado 31 de marzo.

Sin intención de llamar a las urnas

Puig no ve “ninguna urgencia electoral en este momento”, según dijo esta pasada semana, por lo que no prevé adelantar los comicios en la Comunitat Valenciana, centrada en “la reactivación económica y social”.

Precisamente, la convocatoria avanzada de abril de 2019, un mes antes de la fecha prevista, fue el detonante de un empeoramiento de la relación entre Oltra y el president socialista, que hizo coincidir las autonómicas con las generales. La líder de Compromís vio entonces intereses partidistas en el adelanto.