Villarejo, Delgado y Garzón.

¿Recuerdan los famosos audios en los que Dolores Delgado reconocía que miembros de la judicatura y la fiscalía abusaban de menores en sus desplazamientos a Colombia?

El conocido como “vídeo de la cumbia” detallaba los nombres de quienes supuestamente viajaron a Cartagena de Indias en compañía de la que también fue ministra de Justicia Dolores Delgado. A esto se suma la grabación de un audio divulgado por Villarejo en el que la actual fiscal general del Estado afirmaba haber visto a magistrados y fiscales acompañados de chicas menores de edad.

La grabación del audio se habría realizado durante un almuerzo en el que la actual pareja de Baltasar Garzón compartía mesa y mantel con Villarejo y varios mandos policiales. En el ambiente de confianza, propio de las comidas de trabajo, ella relató algunos detalles de aquel viaje. Según esa grabación, los miembros de la delegación judicial española les hicieron el vacío a ella y a la magistrada de la Audiencia Nacional. La transcripción de algunos pasajes sería:

Delgado: “Y estos tíos, missing en combate. Y vamos nosotras dos, disolutas, y me decía ésta vámonos a comprar esmeraldas y bueno, si tu quieres, vamos y tal y cual. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos ‘sentadicas’ las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General…17 años…”

Villarejo: “Con 17 años, eh…”.

Delgado: “¡Menores de edad! Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto”.

Villarejo: “Nosotros, lo primero que preguntamos es si votan. Y si votan…”.

Delgado: “Y las explicaciones: Camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no sé qué”.

Hace dos años el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desmentía mediante un comunicado que Dolores Delgado hubiese estado en esos viajes. Sin embargo hubo reacciones que instaban tanto al Gobierno como al propio CGPJ a iniciar una investigación seria y profunda sobre este asunto. Por si fuera poco, el alcalde de Cartagena de Indias exigió al gobierno colombiano la solicitud de extradición para las personas que estuvieron presentes en dicho encuentro.

Tras la polémica comenzó a circular por las redes sociales un listado y un vídeo en el que aparecían los nombres de seis jueces españoles que, presuntamente estuvieron en esas “jornadas de trabajo” celebradas en Cartagena de Indias. Lo cierto es que “el vídeo de la cumbia” desapareció de internet. Pese a la gravedad del asunto, la Fiscalía no intervino en un asunto del que, como tantos otros en los que hay implicados pertenecientes a las más altas esferas del estado, nunca más se supo.

Tampoco la Fiscalía europea mostró interés alguno por las grabaciones realizadas a Delgado, pese a la entrada en vigor de la Directiva europea de denunciantes de corrupción, UE 2019/1937.

La Fiscalía europea dispone de funciones instructoras para este tipo de delitos, por cuanto afecta al crédito y honorabilidad de los integrantes de un servicio público esencial de uno de los Estados miembros de la Unión, España. Tres cuartos de lo mismo ocurre con los magistrados que ocupan altos cargos del poder judicial español. Solo ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera, Fernando Presencia, emprendió las tareas de limpieza presentando denuncia ante el juzgado central de instrucción de guardia de la Audiencia Nacional contra los referidos magistrados, por las sospechas de “haber participado cada uno de ellos, y en concurso con los demás, en varios delitos de corrupción de menores tipificados como tales en el Código Penal”.

La Fiscalía Anticorrupción y el hermano de Ayuso

Frente al desinterés de la Fiscalía por investigar el supuesto caso de abusos a menores en Colombia, con el caso del hermano de Isabel Ayuso, las tornas cambian.

La Junta de Fiscales de Sala, la cúpula del Ministerio Público, ha respaldado por unanimidad la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de que sea la Fiscalía Anticorrupción quien continúe haciéndose cargo de las diligencias de investigación que se han abierto sobre el contrato que está vinculado a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión llega después de que la Fiscalía Europea quisiera quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba una posible malversación de fondos europeos ya que ese contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas en plena pandemia se pagó con fondos europeos.

En la reunión, que se ha alargado por dos horas, la fiscal general ha defendido que si bien la parte de la presunta malversación puede investigarla en el proceso abierto la Fiscalía Europea, los delitos conexos que tienen que ver con el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas debe quedarse en la Fiscalía Anticorrupción.

Respalda así la propuesta del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien en declaraciones a los medios al término de la Junta ha señalado que las diligencias preprocesales de investigación se quedan en su departamento.

“Por unanimidad se ha apoyado la posición de la fiscal general en el sentido de que Anticorrupción continúe con la investigación abierta sobre los delitos que son de su exclusiva competencia, sin perjuicio de la facultades de la Fiscalía Europea de continuar con los delitos que específicamente afectan a intereses financieros de la UE”, ha explicado a los medios congregados.

Así, ha indicado que esos delitos “que atañen a intereses estricta nacionales relacionados con el buen funcionamiento de la administración publica española” se los queda él como fiscal encargado del asunto.

Conflicto competencial

Esta Junta, a la que asisten más de una treintena de fiscales de Sala, se celebraba para atender a este conflicto de competencias entre ficalías. Esta misma mañana, desde la Fiscalía Europea se trasladaba a Delgado la posibilidad y conveniencia de que fuera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien decidiera, por lo que instaba a que se elevara una cuestión prejudicial al respecto.

Pero Luzón, tras la Junta, ha afirmado que la Ley Orgánica en su artículo 9 es clara al subrayar que las discrepancias que puedan surgir sobre la intervención de la Fiscalía Europea en relación “con delitos indisolublemente vinculados a los que si son de su competencia” deben ser decididas por la FGE.

“Creemos que no se dan las circunstancias como para elevar al TJUE”, ha dicho Luzón, si bien ha matizado que lo que vaya a hacer a partir de ahora la Fiscalía Europea “es asunto suyo” y que en todo caso “el conflicto de competencias se cierra de acuerdo a la Ley”.

Colaboración y coordinación

Por otro lado, Luzón ha señalado que la colaboración y coordinación entre ambas fiscalías se desarrollará dentro de la normalidad institucional con “la leal cooperación que hay entre las dos”. De hecho, ha apuntado que no descarta que en el futuro si tiene que transmitir información sobre esta investigación concreta así lo hará “con toda normalidad como se hace hasta la fecha”.

Ha remarcado que lo que ocurre hoy con la investigación no es un desgaje porque la causa la tienen Anticorrupción, independientemente de que la parte de la posible malversación la incorpore a su procedimiento la Fiscalía Europea. “Tienen copia de las actuaciones (…), tiene conocimiento por tanto de ello”, ha dicho.

Al hilo, ha explicado que lo que está haciendo la Fiscalía Europea es un procedimiento penal, porque ahí los fiscales hacen las veces de jueces instructores, mientras que en Anticorrupción sólo se trata de una investigación preprocesal que en caso de que haya base suficiente puede acabar en incoación de un proceso penal.

Sobre la reunión ha explicado que han hablado una veintena de fiscales que han realizado aportaciones valiosas que se incorporarán al contenido del decreto de la fiscal general, pero que el apoyo ha sido unánime.

Además, ha querido subrayar que no se trataba de una disputa entre fiscalías porque solo era “un tema competencia y procesal”, y ha recalcado que “ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones estrictamente domésticas y nacionales que no perjudican a intereses financieros de la UE sino que atañen al funcionamiento de la administración publica española”.

“Con la percha de los intereses financieros de la UE no deben colgarse delitos que atañen a bienes jurídicos completamente distintos”, ha añadido.

La petición de abstención

Fuentes fiscales han explicado a Europa Press que en esta Junta hasta seis fiscales de Sala han presentado un escrito solicitando que la FGE se abstenga en esta causa concreta dado que ha sido ministra de Justicia y participó en las elecciones generales llegando a obtener el acta de diputada por el PSOE.

“Es notorio que las diligencias de investigación 3/2022 de la Fiscalía Anticorrupción se iniciaron por denuncia de los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid” y contra la presidenta ‘popular’, explican.

Si bien entienden que en el caso concreto de este lunes, “tratándose de una materia estrictamente competencial y procesal (…) no es el momento de plantear la abstención de la Fiscal General del Estado”, en todo caso consideran que su intervención en estas diligencias de Anticorrupción “ha de limitarse exclusivamente a este trámite”.

Estas fuentes apuntan a que Delgado ha negado que le sea de aplicación el deber de abstención dado que está en servicios especiales, y que ha explicado que los fiscales de Sala no están legitimados para pedir su abstención.