¿Amenazó el Gobierno de Marruecos a Pedro Sánchez con dar la versión real de la matanza de los trenes del 11M si no cambiaba de posición respecto al Sahara? Esta es la pregunta que se hacen fuentes destacadas del Frente Polisario tras el ‘volantazo’ del presidente del Gobierno español sobre la ex colonia española.

De acuerdo a las mismas fuentes, más o menos este habría sido el ultimátum de Mohamed VI, Rey de Marruecos, o de Saadeddine Othmani, presidente del Gobierno marroquí. Esclarecer el 11M sigie siendo una asignatura pendiente para una parte de la opinion española resuelta a que el mayor atentado de la historia en nuestro país no caiga en el olvido. Desde el PP ha habido tibias reivindicaciones para la reconstrucción de unos hechos perpetrados por vulgares criminales del Magreb, residentes en Francia y España, que actuaban por dinero y que, además, desconocían la enormidad de la matanza que iban a llevar a cabo. Prueba de ello es que la mayoría se conociera después de la masacre.

Hay dos pruebas muy importantes que aún o han sido aclaradas. El fiscal ocultó y mandó destruir la bomba que no estalló y que hubiese aclarado por su contenido muchos puntos negros de la investigación, entre otros, los fabricantes de las bombas. Su deber era entregar la bomba al juez. Los policías dijeron que la entregaron en la comisaría de Vallecas, quien se hizo cargo de su guarda y custodia, y que posteriormente fue trasladada a fiscalía. Al menos así consta. ¿Por qué no llegaron al juez? Unos funcionarios de la Audiencia dicen que no eran parte del cuerpo del delito ya que no estallaron, otros que corrían mucho peligro –estaba desactivada- por lo que no podía explotar ni echándola al fuego. El artefacto se perdió en la mismísima Audiencia.

La segunda prueba: El 11 de marzo de 2004, al producirse las explosiones de los trenes, los convoyes se encontraban en las estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y a la altura de la calle Téllez, cerca de Atocha. En total explotaron diez bombas que causaron la muerte a 193 personas e hirieron a cerca de  2.000.

El caso se cerró en falso, porque la instrucción dejó demasiados agujeros negros. Sigue siendo una incógnita, por ejemplo, quién o quiénes fueron los autores intelectuales de los atentados. Ahí entraría en juego Marruecos y el temor de las autoridades españolas a que algún día conozcamos a los autores reales del magnicidio terrorista.

“Queda mucho por investigar”, señala Sánchez de Roda, investigador de los hechos, que sólo encuentra una explicación a la destrucción de los trenes tras los atentados: “La única explicación es que había que poner una versión oficial que fuera distinta de la real, y como la real -que eran los trenes propiamente dichos- iba a contradecir la versión oficial, pues había que deshacerlos como fuese”.

La gestión que se hizo de los convoyes del 11-M es incomprensible, y así se pone de manifiesto al compararla con los procedimientos seguidos en el caso del Alvia accidentado en Santiago de Compostela por un exceso de velocidad. El juez autorizó la devolución de los vagones a Renfe cuatro años después, después de haber realizado todos los informes pertinentes. “Si eso fue así en Santiago, cuántas más razones más poderosas había para conservar los trenes del 11-M, destrozados por explosiones de origen desconocido y que contenían pruebas irremplazables que podrían conducir a determinar qué había explotado y a identificar a quienes habían perpetrado el atentado”.