La toma de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a favor de la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos es “vil, entreguista y claudicante”, además de hacer incurrir a España en una responsabilidad jurídica de carácter muy grave, según denuncian 115 abogadas y abogados de Canarias.

Consideran que la adhesión a una autonomía propuesta unilateralmente por el “régimen monárquico y sátrapa de Marruecos”, que ocupa ilegalmente dicho territorio colonial español (con estatus de provincia española) desde principios de noviembre de 1975, “consuma un acto gubernamental que viola, como potencia administradora que es España, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en el territorio no autónomo, así declarado por la ONU, del Sáhara Occidental, derecho previsto por la Carta de las Naciones Unidas para los territorios que tienen dicha consideración internacional”.

Afirman que lo hecho por Sánchez no cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las NNUU, y hace incurrir a España en una “responsabilidad jurídica de carácter muy grave” por su condición de potencia administradora del Sáhara Occidental, “que le obliga a velar por la culminación del proceso de descolonización”.

El grupo de juristas recuerda que desde noviembre de 2020 se han reanudado las hostilidades entre el ejército marroquí y el Ejército Popular de Liberación Saharaui y que es “profundamente aterrador” que el Gobierno español legitime la ocupación militar “con violación flagrante y dolosa de la legalidad internacional, dado que contribuye gravemente a la escalada militar”.

Tras calificar de “vil, entreguista y claudicante” la posición de Pedro Sánchez ante Marruecos, afirman que España abandona otra vez sus obligaciones con el pueblo saharaui, establecidas de la carta de Naciones Unidas, que en el artículo 73 determina que los miembros de las NNUU que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, “reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios”.

Los letrados y letradas de Canarias consideran “una impudicia que raya en lo tétrico” que se pretenda legitimar la venta de un pueblo hermano con el argumento de que “el acuerdo obliga a Marruecos a desistir de sus reivindicaciones sobre Canarias, Ceuta y Melilla”.

Los firmantes del manifiesto repudian que en su nombre se justifique “tamaña felonía” con un pueblo hermano e instan al presidente del Gobierno a cumplir las obligaciones que como potencia administradora le impone la ONU y a promover iniciativas que hagan culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Por ello, piden a Pedro Sánchez que revoque y deje sin efecto la traición al pueblo saharaui contenida en su carta al sátrapa marroquí, hecha pública el pasado viernes 18 de marzo de 2022.