Mañueco y Gallardo.

AR.- Se alternan estos días mensajes entre apocalípticos y criminalizadores por el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. He leído y releído el acuerdo y no encuentro un solo punto susceptible de gestar la inquietud que estos días se ha apoderado de los refinados espíritus democráticos de la izquierda española.

Si todo lo malo que han podido sacar del acuerdo de 34 puntos es la referencia a la inmigración ordenada y a la lucha contra la violencia intrafamiliar, entonces es que el acuerdo se enmarca escrupulosamente dentro de los márgenes de la legalidad constitucional, que es mucho más de lo que podría decirse de los golpistas catalanes o de los filoetarras vascos que apoyan al gobierno de Sánchez.

Inmigración ordenada es justamente la contraria a la que entra en avalancha hiriendo a nuestros agentes con garfios, piedras y palos. Si a la izquierda hipócrita y mendaz le inquieta que la derecha defienda una inmigración ordenada y regulada (particularmente creo que no nos hace ninguna falta), al resto debería inquietarnos todavía más que la izquierda esté mandando a los inmigrantes el mensaje de que todo vale, incluso el uso de la violencia, si quieren entrar ilegalmente en España. ¿En qué parte del acuerdo se desprende la naturaleza xenófoba atribuida por la izquierda?

Por otra parte, violencia intrafamiliar es la que reconoce que existe, por desgracia, violencia machista (es decir, de hombres contra mujeres), pero también la que ejercen hijos contra padres, nietos contra abuelos, mujeres contra mujeres lesbianas y también, aunque en menor medida, la que tiene como víctimas a los varones. ¿Dónde está el problema más aún cuando Mañueco ha reiterado su compromiso contra la llamada violencia machista?

¿No debería tranquilizarles que el partido que dice oponerse a las autonomías haya explicitado en el mismo acuerdo su compromiso con una mejor financiación autonómica? ¿O tal vez lo que les intranquiliza es que los votantes de izquierda vean que el oso era bastante manso y que la retórica de Vox era solamente eso?

Por otra parte, no soy sospechoso de contemporizar con los de Abascal y es por ello que pregunte a los que hoy criminalizan el acuerdo de gobierno en Castilla y León: ¿qué otra opción tenía Mañueco? ¿Qué otra alternativa le habéis ofrecido para que prescindiera de Vox? Insisto, lo que más temen es que la narrativa del miedo a la ultraderecha se les venga abajo, cuando la tranquilidad institucional en Castilla y León invalide los prejuicios que se construyen estos días en los laboratorios propagandísticos de la izquierda.

Ingenuamente alcanzamos a creer en la sinceridad de los fedatarios de los proclamados “valores democráticos” cuando machaconamente defendían la infabilidad de los votantes. “El pueblo siempre tiene razón”, sentenciaban los trápalas. Ahora se ha visto que no, que también en eso nos engañaron, que lo que quisieron decir es que hay votos buenos y votos malos, votantes con y sin pedigrí democrático, que solo votando lo que ellos quieren se tiene derecho a gozar de la respetabilidad cívica que se concede, por ejemplo, a los votantes de partidos que promueven la insurrección golpista o cuyos dirigentes han vivido durante años en permanente roce con el terrorismo.

Ahora ya sabemos que el concepto que estos prendas tienen de la democracia española es bastante restrictivo. Más de cinco millones de españoles han votado a Vox. Si nos atenemos al diagnóstico que hace la izquierda, nos encontramos ante una masa de gente enajenada que delira cuando vota y que necesita ser guiada y conducida al redil de los ciudadanos ejemplares.

Si aceptamos la lógica democrática como la mejor de cuantas han sido creadas por el hombre para regirse políticamente, o la menos mala, no debería ser un buen negocio criminalizar a los votantes ni establecer que hay asuntos de la vida pública que no pueden ser discutidos ni aún menos cuestionados. Establecer “cordones sanitarios” en torno a Vox sería tanto como expulsar a sus cinco millones de votantes de nuestro espacio de convivencia.

Lo que hacen estos días las mafias progresistas es convertir en anatema las consecuencias y no las causas por las que millones de españoles huyen de las ofertas políticas tradicionales para echarse en los brazos de partidos que a ellas no les gustan.

Se nos dice por un lado que cualquier cosa considerada justa puede discutirse, defenderse o refutarse pacíficamente; que hasta la independencia de algunos territorios puede lograrse si es a través de los mecanismos que contempla la propia ley. Por otro lado, se criminaliza a Vox por mantener un punto de vista distinto al oficial sobre determinados temas de orden moral, que se consideran indiscutibles. Se dice por ejemplo que Vox no acepta los valores de la Unión Europea. ¿Y cuáles son esos valores? No los del cristianismo, sino los del colectivo LGTBI, nos responden. Y en ese contexto, ¿puede sorprender que millones de europeos estén alineados con el punto de vista de Putin?

Si esta gente se atuviese a un diagnóstico real, si conectaran con la calle, si conocieran más el alma española, comprenderían que el voto a Vox ha sido sobre todo una OPA a la imposición de la narrativa oficial de la izquierda, a una forma de ser y de gobernar, de vivir y de hacer, de pensar y de alterar conciencias, que muchos electores han rechazado sin contemplaciones. Lo que debería preocupar a la izquierda es la inquietante paradoja de que ni con toda su artillería mediática y propagandista, haya conseguido que millones de españoles sucumban a sus fétidos ideales en cuestiones morales.

La democracia busca la participación de todos los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica –cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia , N.º 406–. No es fácil respetar y vivir esa democracia, sobre todo cuando políticos y periodistas se dedican a criminalizar a quienes votan opciones distintas para hacer frente a problemas reales.

La democracia no es una concepción de la vida ajena a los valores, que son fundamentales y globales, y entrañan una fraternidad universal. Cuando esos valores se desintegran, la propia democracia entra en una profunda crisis de identidad. La Constitución de 1978, a diferencia de la norteamericana, se edificó sobre valores que fueron negociados y otros aún más genuinos que simplemente han sido desde entonces ignorados o relegados.

Una auténtica democracia, como la que la izquierda no quiso nunca defender, no es solo resultado de un respeto formal a las reglas, sino el fruto de una aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona, el respeto de los derechos de cada español a proclamar y defender su identidad en cualquier parte de nuestro territorio nacional, la asunción del “bien común” como fin y criterio regulador de la vida política. Al faltar el consenso general de estos valores entre las mafias progresistas, España ha perdido el significado de la democracia y se ha llegado incluso a comprometer su estabilidad. Esa es la razón principal de que Vox, en menos de tres años, haya pasado de ser una fuerza residual a ocupar 52 asientos en el Congreso.

Si los que nos alertan sobre Vox quieren ser creíbles, comiencen por combatir el virus mortífero y no al enfermo que padece sus consecuencias.

¡Respeten la voluntad soberana del pueblo español, hijos de puta!