Entrada a la Audiencia Nacional.

Un vigilante de seguridad, detenido en 2018 cerca de Barcelona con un arsenal de armas, se sentará el martes en el banquillo de la Audiencia Nacional por expresar de forma “explícita” en Whatsapp su deseo de matar como “francotirador” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “me gustaría tenerlo un día en el punto de mira”, llegó a escribir. El acusado, considerado un experto en tiro -lo que hizo más verosímiles sus amenazas- se pronunció así en un grupo de WhatsApp llamado “Terrassa por España”, y también a particulares, a propósito de los planes del Ejecutivo de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

“Al Sánchez hay que ir a cazarlo como un cuerno (ciervo) y poner la cabeza en la chimenea. Tantos cazadores en España y ninguno tiene cojones. Solo matan pobres animalitos que no rompen España, a este sí que hay que cazarlo”, es uno de los mensajes que dedicó al presidente del Gobierno.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para él 19 años de cárcel por homicidio en grado de proposición con la agravante de discriminación ideológica, y por un delito de depósito de armas y municiones de guerra, tenencia de armas prohibidas, depósito de municiones no autorizadas y tenencia de explosivos. Sostiene que el acusado, M. Murillo, “alcanzó la convicción personal de la necesidad de planificar acciones tendentes a causar la muerte del presidente del Gobierno como forma de derrotar el gobierno socialista, y solicitó de forma pública y privada ayuda para llevarlo a cabo”.

En el grupo “Terrassa por España”, abunda el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, solicitó incluso “ayuda y organización”, exponiendo que tenía “muchas armas y munición y todo esperando el momento de salvar España”. “Yo lo hago. Necesito ayuda y tiene que ser patriotas (…) Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo se hunda a España. No haría falta guerras”, planteaba.

Estableció también contacto con particulares, entre ellos un contacto nombrado “Vox organizador”, si bien el fiscal aclara que no consta que pertenezca a ese partido político, “realizando el procesado la asociación entre su interlocutor y el referido partido político”. En esas conversaciones manifestó la necesidad de crear “un comando de francotiradores” en relación a Pedro Sánchez: “si viene por Cataluña y hace algún mitin lo tenemos que estudiar y tengo todo para hacerlo. Un buen comando y (bien) preparado como ya sabes”.

“Lo haría particularmente, solo necesito periodistas que siempre están allí donde hay la noticia para ir como ellos al punto en el lugar y hora que estará el Sánchez para tener preparado el disparo. Es para tirar de lejos, para eso necesito alquilar un piso cerca y preparar todo como la peli de una bala para el Rey”, transmitió. Los mensajes fueron emitidos entre julio y septiembre de 2018. En el primero, de 18 de julio, señalaba: “No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera (…) Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo”.

En agosto ya se refirió en el grupo directamente al presidente del Gobierno: “Si levantara la cabeza el abuelo materno de Pedro Sánchez que estuvo al lado de Franco le estaría dando ostias hasta donde no se puede decir (…). Ya me gustaría tenerlo un día en el punto de mira”. En ese momento la Fiscalía observa que empezó a fraguar “un discurso de rechazo hacia la figura de Pedro Sánchez”, que culminó “en el deseo expresado de forma explícita del procesado de acabar con su vida como medio para forzar un cambio en la vida política del país”. “Si lo sacan (a Franco) me cargo a Sánchez”, “mi mayor ilusión es meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco”, “tendremos que ir de francotiradores anónimos cargándonos a esos hijos de puta poco a poco, sin ayuda”, fueron las numerosas referencias que hizo a la idea de asesinar al presidente del Gobierno.

Una receptora de estos mensajes los denunció y tras comprobar su contenido se procedió a la detención del acusado el 18 de septiembre de 2018. En el interior de su vehículo se le intervino una pistola neumática de la marca Pardini y una carabina de la marca Chiapa de la que el acusado disponía la guía de pertenencia, así como útiles para la práctica del tiro. En el registro de su casa se hallaron tres revólveres, una escopeta, un fusil Cetme, una ballesta artesanal, munición de diversos calibres, ocho recipientes de pólvora, y un artefacto explosivo de confección casera.

A raíz de la detención, fuentes gubernamentales aseguraron que la seguridad del jefe del Ejecutivo “en ningún caso” se había visto comprometida” y apuntaron que “ese tipo de amenazas es una constante”.