El Gobierno estudia tipificar la violencia económica como violencia de género
El Gobierno se ha comprometido a estudiar la propuesta de una juez de Mataró (Barcelona) para tipificar la “violencia económica” machista como una modalidad de la violencia de género, que prevea una reparación integral a las víctimas tanto del daño económico causado como del “daño social”.
Así lo ha anunciado la propia magistrada, Lucía Avilés, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Mataró, en un mensaje en las redes sociales en que celebra que el Ministerio de Justicia se haya comprometido por escrito a estudiar su propuesta, que elevó en una exposición razonada al Gobierno, para tipificar en el Código Penal la violencia económica de raíz machista como violencia de género.
En una carta, que la juez publica en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Justicia afirma que valorarán “con todo interés” su propuesta, ya que están “plenamente convencidos” de que erradicar la violencia de género “en todas sus manifestaciones” y garantizar la protección, atención y recuperación de las mujeres que las sufren, así como las de sus hijos, “debe ser objetivo prioritario de un Gobierno comprometido no solo con el bienestar y la seguridad de las personas, sino también con la justicia y la igualdad”.
En la misiva, Justicia admite que la ley de 2004 contra la violencia de género, “que en su momento” situó a España “en la vanguardia” de la lucha contra la violencia machista, “merece ser actualizada y adaptada a las nuevas formas de violencias que se ejercen contra las mujeres”.
En este sentido, la carta resalta que el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y el Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 advierten sobre las diferentes formas de violencia machista existentes, mencionando “de forma expresa” las que tienen “naturaleza económica”.
La juez también ha recibido una carta en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que el jefe del ejecutivo se congratula por el hecho de que el Ministerio de Justicia le haya comunicado que su propuesta va a ser estudiada “con detenimiento” para tipificar “de manera específica y adecuada” la violencia económica como modalidad de la violencia de género.
La juez presentó esta iniciativa al advertir que los efectos de la “violencia económica” de género son “tanto o más nocivos” que las agresiones físicas y suponen un “empobrecimiento de las mujeres” con un “impacto real” sobre su salud.
Así lo sostuvo la juez en una sentencia en la que en octubre pasado condenó a once meses de cárcel a un hombre por el delito de abandono de familia y le impuso el pago de una indemnización de 7.375 euros a su exmujer por no haberse hecho cargo entre 2014 y 2019, en un contexto de violencia machista, de la pensión alimenticia de la hija que tienen en común, pese a que un juez se lo ordenó.
En su sentencia, la magistrada elevó una exposición razonada al Gobierno para que estudiase la inclusión en el Código Penal del delito de “violencia económica de género” -actualmente solo se contempla con carácter genérico el de impago de pensiones alimenticias acordadas judicialmente- y que se prevea una “reparación integral” a las víctimas que comprenda el “daño económico” y también el “daño social”.
La juez instaba a tipificar este delito “en coherencia” con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, la Constitución y los diferentes estándares internacionales, entendido como “la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y/o de sus hijos o hijas, el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio y el hecho de obstaculizar la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja y en la apropiación ilegítima de bienes de la mujer”.
La magistrada, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, detallaba que se trata de un tipo de violencia que desde el punto de vista jurídico “puede pasar desapercibida” porque “no deja un rastro evidente como las agresiones físicas”, pero cuyos efectos son “tanto o más nocivos que aquella en la medida en que suponen un empobrecimiento de las mujeres, de las madres, y de sus hijas e hijos, que les determina un impacto real en su salud, en su bienestar y en las opciones de futuro”.
La juez apuntaba además que la violencia económica se lleva a cabo mediante el control del acceso de las mujeres a los recursos económicos, “disminuyendo su capacidad para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos y sus hábitos de vida previos, dependiendo financieramente del marido/pareja/ex y socavando sus posibilidades de escapar del círculo de abuso”.
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Los gobiernos de corte socialista como el nuestro fomentan los divorcios contenciosos, las rupturas de pareja son un gran negocio por diversas razones que todos ya conocemos. Desafortunadamente la mayoría de las mujeres divorciadas son incapaces de rehacer su vida por su cuenta sin la ayuda directa de “Papá Estado”. Esta incapacidad para salir adelante por si mismas produce una gran frustración, que es aprovechada por los gobiernos de corte socialista, esa frustración es canalizada y convertida en votos mediante la aprobación de leyes sexistas, discriminatorias e inconstitucionales como esta de la noticia.