Desde el año 2000, China se convirtió en el principal prestamista del mundo a países de medianos y bajos ingresos con miles de contratos firmados con sus empresas públicas, todos ellos con cláusulas secretas. Así, el rol del gigante asiático como viaducto de capital productivo y financiero a países emergentes pasó al centro del debate luego que el coronavirus extremara las necesidades financieras de las naciones.

Por un lado, están quienes defienden su utilidad por diversificar las fuentes de financiamiento por fuera de las condicionalidades tradicionales de los organismos multilaterales de crédito. Por el otro, sus detractores denuncian la opacidad de los contratos, la abundancia de cláusulas abusivas y exigencias de garantías preferenciales que amenazan la soberanía de los deudores, lo que denominan la “trampa de deuda“.

Uno de los casos más emblemáticos de esta “trampa de deuda” es el caso del puerto de Hambantotaen Sri Lanka financiado por capitales chinos que el estado ceilandés nunca consiguió pagar, fue refinanciado por capitales chinos a tasas cada vez más altas incrementando el monto de la deuda y, producto de cláusulas secretas, obligó a Sri Lanka a cederle a China por 99 años su control y el de las tierras costeras aledañas.

Luego de este traumático proceso, Sri Lanka multiplicó su endeudamiento, perdió parte importante de la soberanía sobre su comercio exterior y vio a China avanzar en la compra de terrenos en torno al puerto que se convirtió en un enclave industrial de ultramar para la potencia asiática, justo sobre una ruta comercial y militar estratégica y a mínima distancia de su competidor, la India.

Si bien el caso del puerto de Sri Lanka ganó relevancia internacional al conocerse los sobornos que salieron de empresas chinas a la cuenta del presidente presuntamente para aceptar los términos del préstamo y la construcción de un puerto económicamente inviable, los casos se repiten entre las naciones isleñas del Pacífico, pero también alcanzan a países del este europeo como Bosnia Herzegovina y Montenegro.

Siempre bajo la misma lógica: el financiamiento para que empresas chinas realicen obras de infraestructura estratégicas sobre las que luego, ante dificultades para el repago, los países pierden el control en favor de China y la magnitud de la deuda se multiplica.

Por eso, en 2021 el influyente Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIEE) -que recientemente respaldó la posición de Guzmán respecto de las sobretasas del FMI- publicó con la asistencia de varias organizaciones para la transparencia de la información, un estudio sobre las condiciones en las que China presta a los demás países y sus efectos sobre el conjunto de las finanzas internacionales. El estudio relevó un centenar de contratos de China con 24 países por un total de 36.600 millones de dólares.

En este sentido, las advertencias son de particular relevancia para países como la Argentina con dificultades periódicas para cumplir con el pago de sus deudas en tiempo y en forma. Una advertencia que toma relevancia ante la reciente decisión de Alberto Fernández de incorporar a la Argentina a la Ruta de la Seda, el programa diseñado por Beijing para financiar obras públicas y modernización de infraestructura en otros países.

De acuerdo con un estudio, los préstamos a los que tuvieron acceso muestran que los bancos chinos exceden el rol de bancos comerciales con cláusulas de cross-default que les permiten exigir a voluntad el pago por adelantado de los préstamos en caso de que no se le pague a otro acreedor. Además, suman prohibiciones para tratar a China como un par de otros países en caso de necesitar renegociar las deudas y se reservan potestades para definir la estructura de pagos, lo que “efectivamente limita el espacio de políticas del deudor para cancelar los préstamos chinos o para sancionar nuevas regulaciones ambientales”.

Por sobre todas las cosas, los autores enfatizaron el problema de la proliferación de cláusulas secretas y costos ocultos en estos contratos -que también aparece en las obras realizadas mediante PPP-. Por eso, hicieron un llamamiento a la transparencia. “Esto daría a los ciudadanos la habilidad para hacer responsables a sus gobiernos de las deudas que contraen en sus nombres. La deuda pública debe ser pública”, concluyeron.