El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena (i), junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona el pasado jueves.

El fantasma de la corrupción sobrevuela la representación catalana en la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Según publica este lunes ‘El Confidencial’, una serie de documentos intervenidos por la Guardia Civil en los registros de la operación Voloh revelan que altos cargos de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès usaron partidas destinadas a la preparación del proyecto olímpico para adjudicar a dedo contratos de asesoría a políticos y empresarios afines. Entre los beneficiados por estos encargos se encuentran el actual consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y el exconsejero de Presidencia (2012-2016) y exportavoz de CiU en el Congreso (2015-2016) Francesc Homs.

En la actualidad, el consejero de Interior está inmerso en una polémica por cesar a mandos de los Mossos d’Esquadra que investigaban casos de corrupción que afectan a su propio Gobierno, como la trama del 3% y el fraccionamiento de contratos por el que está imputada la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Un correo localizado por los investigadores de la Guardia Civil revela que el 8 de febrero de 2019 se reunió con Ricard Font, presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), el organismo que gestiona las estaciones de esquí catalanas y encabeza la candidatura Pirineos-Barcelona, para sondear “propuestas de colaboración profesional” relacionadas con el proyecto olímpico.

Dos semanas después, el 22 de febrero de 2019, Elena envió a Font un correo con tres presupuestos de diversos servicios de asesoría jurídica para los Juegos de Invierno. El primero ascendía a 10.000 euros más IVA y se centraba en la estructura organizativa que debía tener la candidatura; el segundo era de 14.500 euros más IVA y abordaba los aspectos medioambientales del futuro proyecto, y el tercero y último era una mezcla de los dos primeros, pero sumaba otra vez 14.500 euros más IVA.

Elena reenvió los presupuestos a Gerard Figueras, un dirigente de Junts per Catalunya que ocupa actualmente el cargo de secretario de Acción Exterior de la Generalitat, pero que entonces era secretario de Deportes y está imputado en varias causas por prevaricación y malversación de fondos públicos. Por su condición de máximo responsable del Consejo Catalán de Deportes, Figueras ocupaba en esa época la presidencia de la candidatura de los Juegos de Invierno e influía en los desembolsos de Ferrocarriles en todo lo relacionado con el proyecto olímpico.

Según consta en los documentos publicados este lunes, el dirigente de Junts per Catalunya no puso inconvenientes e incluso instó a pensar en un nombre para el puesto que tendría Agustí en la estructura directiva de Barcelona-Pirineos y localizar también una oficina para ubicar su futuro despacho. “Abrazos Beto y muchas gracias”, responde en uno de los correos que investiga la Guardia Civil.

La Justicia investiga también a otros responsables públicos del deporte catalán por el desvío de fondos, entre ellos el antecesor de Figueras en el Consejo Catalán de Deportes, Iván Tibau, así como un colaborador de este, Xevi Ardite, que desempeñó diversos cargos en órganos de la Generalitat relacionados con el mundo del deporte.