El PP ha registrado este lunes en el Congreso una Proposición de Ley para crear y regular un Cuerpo de Alta Inspección Educativa del Estado, “que velará por los derechos educativos de todos los alumnos, incluidos los lingüísticos, en cualquier lugar del territorio español”, aunque esta figura ya está recogida en la Ley educativa y tiene dichas funciones.

La iniciativa forma parte de la ofensiva legislativa anunciada a mediados de diciembre por el presidente de los ‘populares’, Pablo Casado, por el caso del menor de Canet de Mar (Barcelona), después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara la sentencia del TSJC que obligaba a la Generalitat a impartir un 25% de las clases en español.

El texto del PP, firmado por la portavoz del grupo parlamentario de los ‘populares’, Cuca Gamarra, dispone que “la Alta Inspección garantizará que los alumnos puedan recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado residan donde residan, de acuerdo con las disposiciones vigentes”. Este Cuerpo también se encargará de “garantizar la neutralidad ideológica de los centros docentes, con el objetivo de presentar a los centros educativos como lugares de aprendizaje libres de adoctrinamiento”.

Además, comprobará que los currículos, los libros de texto y el material didáctico se adecúan a las enseñanzas comunes; que estas se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre estas materias obligatorias básicas de los respectivos currículos; y verificará que los estudios cursados se adecúan a lo establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en toda España.

Otras competencias, entre otras, que tendrá la Alta Inspección Educativa será comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico para cada nivel de enseñanza; verificar la adecuación del otorgamiento de subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado; y elevar a las autoridades del Estado una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas comunidades que será pública y tendrá que ser presentada en las Cortes Generales.

ACTUARÁ DE OFICIO O POR DENUNCIAS DE PARTICULARES

Según dicha proposición, los funcionarios encargados de las tareas de alta inspección gozarán de la consideración de autoridad pública y podrán actuar de oficio o por denuncia de particulares por presuntas infracciones.

Cuando encuentre infracciones dará cuenta al Ministerio de Educación, con la propuesta de las actuaciones que correspondan, y si los hechos detectados pueden ser constitutivos de delito tendrá que dar cuenta de ellos al Ministerio Fiscal.

Tal y como propone el PP, el jefe de la Alta Inspección Educativa tendría un mandato de cinco años y sería nombrado por el Consejo de Ministros entre funcionarios con más de 15 años de servicio efectivo en las Administraciones Educativas.

Y las Cortes Generales podrán recabar su comparecencia para ser informadas de aquellos asuntos para los que fuera requerido, así como los órganos legislativos de las comunidades autónomas sobre temas que afecten a su territorio.

ALTA INSPECCIÓN VIGENTE

La Ley educativa vigente recoge la figura de la Alta Inspección educativa, del Estado, que se encarga de “comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo”, de “comprobar la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos y que éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente” y de “comprobar el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos”.

Entre las funciones que cumple la Alta Inspección se encuentran también la de “velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables”, así como de “verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

Además, la Ley establece que, en el ejercicio de las funciones de la Alta Inspección, los funcionarios del Estado gozarán de la consideración de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en sus actuaciones la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas para el cumplimiento de las funciones que les están encomendadas.