Si bien la política del Ministerio de Salud de Japón alienta a las personas a recibir inyecciones de COVID, han enfatizado que estas no son obligatorias.

La política en Japón exige que se informe el consentimiento informado y las lesiones causadas por la vacuna para documentar los posibles efectos secundarios.

Como tal, Japón recientemente etiquetó los viales con una advertencia sobre miocarditis y otros riesgos.

Brownstone informa: El Ministerio de Sanidad de Japón declara: “Aunque animamos a todos los ciudadanos a que reciban la vacuna COVID-19, no es obligatoria ni forzosa. La vacunación sólo se realizará con el consentimiento de la persona que se vaya a vacunar tras la información facilitada”.

Además, afirman: “Por favor, vacúnese por su propia decisión, entendiendo tanto la efectividad en la prevención de enfermedades infecciosas como el riesgo de efectos secundarios. No se administrará ninguna vacuna sin consentimiento”.

Finalmente, dicen claramente: “Por favor, no obligue a vacunarse a nadie en su lugar de trabajo ni a quienes lo rodean, y no discrimine a quienes no hayan sido vacunados”.

También tienen un enlace a una página de “Consejos sobre derechos humanos” que incluye instrucciones para manejar cualquier queja si las personas enfrentan discriminación por vacunación en el trabajo.

Otras naciones harían bien en seguir el ejemplo de Japón con este enfoque equilibrado y ético.

Esta política asigna apropiadamente la responsabilidad de esta decisión de atención médica al individuo o la familia.

Podemos contrastar esto con el enfoque del mandato de vacunas adoptado en muchas otras naciones occidentales. Estados Unidos ofrece un estudio de caso sobre la anatomía de la coerción médica ejercida por una red burocrática sin rostro.

Una burocracia es una institución que ejerce un poder enorme sobre ti pero sin un lugar de responsabilidad.

Así es como esta dinámica se está desarrollando con los mandatos de vacunas coercitivos en los EE. UU. Los CDC hacen recomendaciones de vacunas. Pero la distinción éticamente crucial entre una recomendación y un mandato colapsa inmediatamente cuando las instituciones (por ejemplo, una agencia gubernamental, una empresa, un empleador, una universidad o una escuela) requieren que se vacune según la recomendación de los CDC.

Trate de impugnar la racionalidad de estos mandatos, por ejemplo, en un tribunal federal, y la institución que los manda simplemente señala la recomendación de los CDC como la base racional para el mandato. Por lo general, el tribunal estará de acuerdo y se someterá a la autoridad de los CDC en materia de salud pública. La escuela, la empresa, etc., por lo tanto, se exime de responsabilidad por la decisión de imponer la vacuna: “Después de todo, solo estamos siguiendo las recomendaciones de los CDC. ¿Qué podemos hacer?”

Pero los CDC también renuncian a su responsabilidad: “No hacemos políticas; después de todo, solo hacemos recomendaciones”.

Mientras tanto, el fabricante de la vacuna es inmune y está exento de toda responsabilidad o daño según la ley federal. No sirve de nada acudir a ellos si su producto, un producto que usted no decidió tomar libremente, lo perjudica.