La cuestión del bilingüismo sigue trayendo polémicas en algunas regiones de España. Cómo impartir clases en aquellas comunidades donde existe lengua cooficial es una discusión que no se ha resuelto todavía, y un colegio catalán ha sido el último en vivir un episodio de confrontación por este motivo.

Un grupo de educación infantil (P5) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar impartirá desde este jueves el 25 % de sus asignaturas en español por indicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras haber sido demandada por padres de algunos de sus alumnos.

La secretaria general de la consellería de Educación, Patrícia Gomà, afirmó en rueda de prensa la semana pasada que la sentencia es una más de aproximadamente 80 emitidas los últimos años por el TSJC para impartir clases en español, “motivada por una familia concreta y para un grupo concreto”, ha dicho.

Lo que es “relevante” en este caso, según dijo la secretaria, es que se están produciendo más reacciones de familias en contra que en los anteriores ocasiones, por lo que ha instado al resto de familias que rechazan la medida a que lo “hagan público”.

Esta situación ha continuado escaldada hasta el punto que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha denunciado ante la fiscalía, por delitos de odio, a las personas y entidades que “están amenazando a la familia” que reclamó judicialmente que se impartiesen más horas de clase en castellano.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

El Tribunal Supremo dejó claro el pasado mes de noviembre que la Generalitat catalana debe impartir un 25% de las clases en castellano.

El asunto, que despertó mucha polémica, tiene su origen en 2015, cuando el entonces Ministro de Educación, Cultura y Deporte del PP, Íñigo Méndez de Vigo, demandó a la Generalitat por su “inactividad” para hacer efectivo el uso del castellano en “proporción razonable” en las escuelas de la comunidad.

Cinco años después, en diciembre de 2020, el TSJC dictó una sentencia en la que ordenaba a “adoptar las medidas que sean necesarias” para garantizar que todos los alumnos catalanes reciban la enseñanza “de forma efectiva e inmediata” mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales, “que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

La Generalitat recurrió el fallo en noviembre de este año, pero el recurso fue finalmente rechazado el 23 de noviembre por el Supremo; lo que por parte del Govern fue recibido como “un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán”, en palabras del conseller de Educació, Josep González-Cambray.

¿Qué ocurrió en el colegio que provocó críticas?

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a una escuela pública de educación infantil y primaria de Canet de Mar a hacer un 25% de las horas en una clase de P-5 en castellano.

Esto sucedió después de que una familia del centro pidiera hacer la mitad de horas en castellano, pero el tribunal ha dictado unas medidas cautelares que obligarán a partir del 9 de diciembre a hacer el 25%. En concreto se harán en tres de las cinco tardes y dos horas más.

Tanto el Govern como un grupo de familias han criticado la situación y se ha mostrado en desacuerdo con la medida, lo que ha provocado un aluvión de críticas a la familia que pidió esta medida, llegando incluso a producirse supuestamente amenazas contra ellos.

Las supuestas amenazas y la denuncia ante la Fiscalía

La familia que solicitó un 25% de educación en castellano para su hijo de cinco años en este centro educativo ha denunciado que están siendo objeto de amenazas e insultos desde las redes sociales.

“He pedido a las familias que prioricen la convivencia”, ha opinado el conseller respecto a estos hechos. El próximo viernes se ha anunciado una movilización en Canet de Mar contra esta resolución judicial convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc). Padres del centro han abierto una página web para recoger firmas en contra de la sentencia que ya ha recibido unos 5.000 apoyos.

Los padres de este alumno reciben el apoyo de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y han asegurado que, a pesar del acoso, no se echarán atrás, aunque también han pedido que el colegio de su hijo no se convierta en un lugar de protesta de favorables y contrarios al modelo de inmersión lingüística en Cataluña, como la marcha prevista el próximo viernes.

La familia también ha hecho un llamamiento a la justicia para evitar la discriminación por parte de otros padres del mismo centro y, en un escrito dirigido al TSJC, ha pedido que se obligue a Educació de la Generalitat y a la dirección del colegio a “preservar la identidad, la intimidad y la seguridad” del menor y de sus padres.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha denunciado ante la fiscalía, por delitos de odio, a las personas y entidades que “están amenazando a la familia”. “Creemos que la seguridad de la familia está en peligro porque hay amenazas reales de personas y colectivos”, ha afirmado su presidenta, que ha añadido que “ni la dirección del centro educativo ni la consellería están actuando correctamente” porque “tienen que garantizar la privacidad de la familia y que la convivencia en el centro se mantenga”.

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnas/os (AMPA) del centro educativo de Canet de Mar, Mònica Ruz, ha defendido que se cumpla la resolución judicial: “Igual que ha habido una familia que ha hecho un recurso para pedir el 25% en castellano, hay otra serie de familias que quieren seguir teniendo el modelo que escogieron. Queremos mirar qué recorrido legal tenemos para poder seguir teniendo el modelo”.

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno de la Generalitat?

El conseller de Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), ha visitado este jueves la escuela de Canet de Mar, donde ha asegurado que “no estamos ante un problema real, estamos ante una mentira”, ha afirmado el conseller a preguntas de los periodistas tras reunirse con la dirección del centro y con algunas familias.

Lo ha hecho en catalán al negarse a responder en castellano a los medios afirmando que “hoy no era el día” para ello. El conseller estaba acompañado este jueves por la alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell, también de Esquerra.

La resolución dictada por el TSJC va dirigida a la dirección del colegio, por lo que la Generalitat no puede intervenir en la misma, ha explicado el titular de Educació catalán: “La resolución del TSJC va dirigida a la dirección del centro, eso impide que Educació pueda actuar”.

Gonzàlez-Cambray ha defendido el modelo de inmersión lingüística en la educación catalana como un modelo “de éxito que está blindado por la Ley Educativa Catalana (LEC) de 2009”.

Por su parte, la secretaria general de la consellería de Educación calificó la semana pasada de “positivo” que un grupo de familias del centro haya hecho pública su disconformidad con la decisión del TSJC creando una cuenta de Twitter para divulgar su posicionamiento contrario.

El sindicato Intersindical·Csc, en un comunicado, ha rechazado la decisión que afecta a la escuela de Canet, asegurando que “las intromisiones en la vida de los centros de familias concretas y sobre todo del poder judicial español solo pretenden crear un clima de confrontación y malestar allí donde solo había normalidad y pedagogía”.

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno de España?

El Gobierno condenó este jueves las amenazas recibidas por la familia de Canet del Mar. En declaraciones a Al Rojo Vivo (La Sexta), el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, expresó que “cualquier acto de acoso o amenaza” es “lamentable”. “Lo condeno”, agregó Bolaños, para quien las distintas lenguas son una “riqueza” a “fomentar” que debería servir para “entendernos, dialogar y convivir”, y no un elemento que deba emplearse para la “confrontación”.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, apuntó por su parte en unas declaraciones en Bruselas, donde asiste a una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea, que “toda amenaza o posible amenaza” constituye un hecho “grave para la convivencia”, por lo que “serán investigadas en su caso”. “Tengamos confianza en la investigación”, pidió.

Y la ministra de Justicia, Pilar Llop, trasladó “todo su apoyo” a la familia afectada y garantizó que estudiará el expediente del caso de acoso contra ellos.

También la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reprobado “cualquier acción de acoso” que se haya podido producir contra la familia de la población barcelonesa de Canet de Mar que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijara en, al menos, un 25% el horario lectivo en castellano en el colegio de su hijo. Si bien, la ministra ha puntualizado que desconoce los detalles de la denuncia.

“Desconozco los detalles de las personas que fueron los demandantes y la cuestión del niño, en cualquier caso, de ser así, por supuesto, hay que reprobar cualquier acción de acoso, es intolerable, y esa sería la posición del Gobierno, pero desconozco los detalles”, ha precisado Isabel Rodríguez este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

¿Una nueva ley de educación en Cataluña?

El Consell Escolar de Catalunya estudia proponer una modificación de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) que ha reafirmado la obligación de un 25% de educación en castellano en Catalunya que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En declaraciones a los periodistas este jueves tras una jornada de reflexión del organismo, su presidente, Jesús Viñas, ha explicado que un grupo de trabajo está debatiendo “todo el marco normativo, pero en este momento no hay una propuesta cerrada”.

Dicha propuesta, según sus previsiones, se publicará en enero, y también comprendería una revisión al alza de los requisitos de catalán para ejercer la docencia que están estudiando: “Hay titulaciones que no acaban de asegurar” la suficiente competencia lingüística de los futuros profesores y maestros, en su opinión.

En una conferencia en la jornada de reflexión del Consell Escolar de Catalunya, ha defendido la inmersión lingüística como modelo de consenso, aprobado democráticamente y conforme con la Constitución, y se ha mostrado favorable a que el castellano deje de ser lengua oficial en Catalunya: “Supone un hándicap muy grande para el progreso del catalán en Catalunya”.

Ha sostenido que la fijación de un porcentaje de educación en castellano es “la imposición de una minoría” y ha confiado que se pueda llevar a cabo la república catalana -que existe como proyecto político, en su opinión-.

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