El presidente de Postversa, Andy Vermaut, el 24 de marzo de 2020.

Richard Szabo.- Matar a innumerables personas pacíficas para vender sus partes humanas vitales debería llamarse extracción asesina de órganos, afirma un defensor de los derechos humanos.

Andy Vermaut quiere que todo el mundo empiece a llamar “organicidio” a la carnicería sancionada por el Estado del Partido Comunista Chino (PCCh) contra los seguidores de Falun Dafa, los nativos uigures y los cristianos clandestinos.

Aunque el presidente de PostVersa cree que la detención arbitraria, la tortura, la extracción de órganos y el asesinato de personas con altos estándares morales puede no cumplir técnicamente con la definición de genocidio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es ciertamente una forma de asesinato.

“Lo que está ocurriendo a los practicantes chinos de Falun Gong no cumple los criterios de la ONU para un genocidio, así que, para el robo de órganos y el asesinato de individuos sanos [y] vivos, introduzco una nueva noción… organicidio de mentalidad china”, dijo en una declaración.

Vermaut cree que el PCCh recurrió a la intimidación, la violencia y el acoso en los últimos 22 años porque entró en pánico tras descubrir que entre 70 y 100 millones de personas hacen ejercicios de meditación de Falun Dafa y se comportan de forma veraz, compasiva y tolerante en la vida cotidiana. Esto empequeñece la base de miembros ateos del propio PCCh, que era de sólo 50 millones en 1999.

“El PCCh se asustó por completo y eso es lo que realmente desencadenó la persecución”, dijo. “La paranoia del aparato estatal chino es el principal culpable de este organicidio basado en la mentalidad que destruye la fuerza vital del hombre… [y] en Europa lo llamamos la operación china secreta de los ‘asesinatos en la sombra’ “.

Una investigación conjunta entre PostVersa y la Alianza Internacional para la Defensa de los Derechos y las Libertades reveló que al menos 207.500 practicantes de Falun Dafa han sufrido el robo y asesinato de órganos en los últimos 22 años.

“No porque hayan hecho nada malo, sino porque meditan”, dijo Vermaut. “Los acusados de practicar la actitud o la ideología de Falun Gong fueron desmembrados, ejecutados y luego quemados sin dejar rastro: la gente desaparece”.

“De forma clínica organizada, y para agregarle valor a los órganos, promueven que los órganos provienen de practicantes de meditación secuestrados, y lo añaden como un factor de venta adicional”, continuó. “Se me pone la piel de gallina al pensar en estos horrores”.

Vermaut hizo estas declaraciones antes de una conferencia internacional en el Club de Prensa de Bélgica.

El abogado del Tribunal Internacional de China, Hamid Sabi, revisó por separado “miles de páginas” de testimonios de supervivientes. También encontró varias incoherencias en los datos de la llamada donación voluntaria de órganos de China continental.

“La propia China dice que tiene 2,8 órganos por cada donante registrado fallecido”, dijo en el comunicado. “Los hallazgos del tribunal (…) concluyeron que la práctica de la extracción forzada de órganos ha estado en marcha durante muchos años en el régimen chino. Cada año se realizan miles de trasplantes, todos ellos documentados”.

La ONU condenó recientemente la supuesta extracción de órganos del PCCh por considerarla “extremadamente” alarmante. La organización intergubernamental citó “información creíble” que muestra claramente que personas pacíficas de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos son sometidos por la fuerza a análisis de sangre, ultrasonidos, rayos X y otras formas de examen médico sin consentimiento. Todo ello a pesar de que no se exige a los presos de conciencia que se sometan a estas pruebas médicas.

“La extracción forzosa de órganos en el régimen chino parece estar dirigida a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas específicas que se encuentran detenidas -a menudo sin explicar los motivos de su detención- o que reciben órdenes de arresto en diferentes lugares”, declaró anteriormente la ONU. “Estamos profundamente preocupados por los informes sobre el trato discriminatorio de los presos o detenidos en función de su etnia y religión o creencias”.

La ONU también criticó al PCCh por registrar los resultados de las pruebas en una base de datos de fuentes vivas para la “asignación de órganos”. Los proveedores de servicios sanitarios estatales utilizan supuestamente la información para encontrar posibles compradores que pueden pagar hasta un millón de dólares por órgano.