La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el Rey Don Juan Carlos cobró “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales” para amasar su fortuna, según ha adelantado ‘El Mundo’, que ha tenido acceso en exclusiva a una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka.

En la solicitud realizada a Suiza, el Ministerio Público señala que en estos momentos dispone de “elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita” y apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

En esta comisión rogatoria, del pasado 24 de febrero, de acuerdo con dicho diario, la Fiscalía pretende que la Oficina Federal de Justicia de Suiza le remita la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019, entidad que pertenece a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito.

Desde esta fundación se habrían abonado gastos del Rey emérito hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.

Don Juan Carlos aparecía como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó en su momento que el antiguo monarca desconocía esta información y añadió que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.

INVESTIGACIONES ABIERTAS

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo unas diligencias de investigación en torno al Rey emérito por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda –en teoría la última– el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Así las cosas, en mayo se supo que AEAT ha notificado al Rey emérito la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.

El frente judicial de Don Juan Carlos se completa con la demanda que Larsen –también investigada en Suiza– ha presentado ante en Londres por la “vigilancia ilegal” y “hostigamiento” que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio Rey emérito.

El abogado de Juan Carlos I replica que la Fiscalía le acusa sin fundamento

La defensa del Rey Juan Carlos ha denunciado este viernes que las imputaciones contenidas en el comunicado de la Fiscalía General del Estado se realizan “sin apoyo alguno y son carentes de la más mínima justificación”.

El abogado Javier Sánchez-Junco dice que estas afirmaciones “conculcan de forma evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano”. “En esta comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, en nuestra opinión, estando contradichas por otros hechos de los que no se dice”, afirma.

Desde la defensa del antiguo monarca creen que con el comunicado de la Fiscalía General del Estado se traslada a la opinión pública “valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente” a Juan Carlos I.