Más de 750.000 italianos han firmado una petición para que se celebre un referéndum público sobre la legalización de la eutanasia, lo que garantiza su presencia en las próximas elecciones nacionales, según informaron esta semana los medios de comunicación locales.

Los tres cuartos de millón de firmas recogidas hasta ahora superan con creces las 500.000 necesarias para forzar un referéndum en Italia sobre esta cuestión, y los observadores sugieren que el referéndum podría votarse ya el año que viene.

Italia, que tiene la población más envejecida de todos los países de Europa y la segunda de todo el mundo, podría legalizar pronto una vía de escape para quienes deseen desahogar a sus familiares o al Estado. Incluso para quienes no lo deseen, la presión para «hacer lo correcto» será considerable.

Entre 2009 y 2020, la población de Italia envejeció cada año. En 2009, el 20,3 por ciento de la población tenía 65 años o más, mientras que en 2020 esa cifra había aumentado al 23,2 por ciento. La proporción de personas mayores en la sociedad italiana no ha dejado de crecer, mientras que la proporción de población joven no ha dejado de disminuir en los últimos años.

«Por razones de demografía, productividad y distribución, el sistema italiano será cada vez más difícil de financiar en los próximos años», escribió Christopher Caldwell en 2020.

Caldwell señaló que el PIB mundial se duplicó desde la caída del Muro de Berlín, mientras que la economía italiana se estancó en el mismo período.

Al mismo tiempo, la población italiana está implosionando. Las mujeres italianas sólo tienen 1,21 hijos cada una, muy por debajo del nivel de reemplazo. Cada vez hay menos jóvenes para mantener al creciente número de ancianos, la mayoría de los cuales están jubilados.

En 2019, la oficina nacional de estadística de Italia (Istat) informó de que el país se convertirá en una de las pocas naciones del mundo que experimentará una «recesión demográfica», una caída significativa en el tamaño de su población en edad de trabajar (15-64 años).

Según sus estimaciones, en el año 2050, la proporción de la población de entre 15 y 64 años se reducirá a algo más de la mitad de toda la población italiana, es decir, el 54,2%. Este descenso del 10% respecto a los niveles ya bajos de Italia -más de 6 millones de trabajadores potenciales menos- podría tener consecuencias dramáticas para la productividad y la presión sobre la seguridad social.

Esto representa «un verdadero declive numérico cuyo único precedente en la historia de Italia es el lejano periodo de 1917-18, una época marcada por la Gran Guerra y los dramáticos efectos de la pandemia de gripe española», dijo entonces el presidente del Istat, Gian Carlo Blangiardo.

Aunque pocos hablan públicamente de las ramificaciones económicas positivas de la legalización de la eutanasia, siempre está en segundo plano.

«He firmado porque hoy, sin una ley que la regule, la eutanasia no es un derecho accesible para todos», dijo esta semana el célebre periodista y escritor Roberto Saviano en un comunicado en referencia a la petición.

«He firmado por la libre elección de aquellos que no tienen la posibilidad de ir a países donde la eutanasia es legal», añadió.

El Catecismo de la Iglesia Católica no escatima palabras en su condena absoluta de la eutanasia, que considera un «asesinato», incluso cuando se lleva a cabo con la intención de reducir el sufrimiento.

Una acción u omisión «que, por sí misma o con intención, causa la muerte para eliminar el sufrimiento, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto debido al Dios vivo, su Creador», afirma el Catecismo.

«El error de juicio en el que se puede caer de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que debe ser siempre prohibido y excluido», añade.