Pedro Altamirano.- La resolución de expulsión de Mohammed, el primer párrafo me pone los vellos de punta cuando dice “Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional, o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países…” ya que creo que, la primera parte del mismo me chirría, no creo que participara en actividades contrarias a la seguridad nacional “española” supongo, y la segunda parte me horroriza ya que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países ¿totalitarios? Para mí, como demócrata, aquel que lucha contra una dictadura como la argelina, no perjudica a las relaciones de España, sino que beneficia a la democracia y los derechos humanos a nivel global.

Esta siguiente parte me parece más indicativa aún “Asimismo, Abdellah MOHAMED estaría en contacto con un ex diplomático argelino y líder del movimiento Rachad/Asociación RACHAD con página web www.rachad.org movimiento opositor al Gobierno argelino, llamado Larbi ZITOUT, quien le estaría realizando aportaciones económicas a Abdellah MOHAMED para que pueda mantenerse en España. Los citados tendrían intención de crear una nueva fuerza política, haciendo publicidad del citado proyecto a través de la cadena Magharibia.” Creo que el párrafo es de nota académica alta. Mohammed recibe ayuda de Larbi Zitout para mantenerse en el país y crear una fuerza política opositora a un régimen totalitario. Sin comentarios.

Leída la resolución de expulsión no encuentro ni una sola prueba de ser un peligro contra la seguridad del Estado español, ni ser un peligro social. Todo se reduce a que es mantenido por un supuesto Larbi Zitout que, de forma presunta, perteneció o tuvo relación con grupos violentos en lucha contra un régimen totalitario, para fundar un partido político que luche, y esto es importante, contra el régimen argelino desde la política, no desde la lucha armada. Que yo me aclare. Por ejemplo, a Mohammed lo financia un antiguo presunto colaborador de ETA, para que formen un partido político BILDU, para la lucha política no violenta. No sé donde esta la peligrosidad más allá de potenciar la lucha democrática contra un régimen totalitario como es el Argelino, que financia al terrorismo del Frente Polisario y demás grupo terroristas del Sahel.

Por desgracia, y ello entristece, repito, siempre desde el máximo respeto a las resoluciones administrativa a las que me debo como hombre respetuoso con el derecho y la Ley, leer una resolución como esta, en un país como España que se autoproclama como democrático, me huele a una resolución política mas que administrativa. No creo que si Mohammed, en vez de activista anti argelino, fuera un activista anti ruso o coreano del norte, hubiese sido expulsado. Pero es que Argelia tiene mucho gas.

En el ámbito de lo político, sí puedo, a la vista de la acción del actual gobierno de España que preside Pedro Sánchez, coinciden muy mucho con el apoyo de presta al régimen de Argelia. No sé si es por la obediencia debida al gas argelino, o por indicación de los anti sistema y anti capitalistas de PODEMOS que lo soportan en el poder.

Lo que sí le recuerdo al actual gobierno español, es que el régimen argelino entrenó, ayudó y ocultó a los terroristas de ETA, y que hoy sostiene, ayuda y financia a la banda terrorista del Frente Polisario, que atentó y asesino a pescadores canarios, que mata, asesina y amenaza a todos los demócratas que se atreven a hacerle frente.

Desde, por desgracia, amplios sectores de la actual Administración Española, se sigue desamparando a aquellas personas que, por su Democracia, buscan refugio en España, mostrando debilidad ante aquellos otros regímenes o sistemas, quizás por adulación, que muestran evidentes signos de desprecio a los derechos humanos más básicos, como es el régimen de Argelia.

La decisión de expulsión del joven activista, firmada por el Secretario de Estado de Seguridad de España, para deshonra de nuestro país, parece justificar dicha expulsión en que el joven activista supondría un peligro para la seguridad social y asimismo perjudicaría las relaciones de España con otros Estados.

Entiendo que con ello se ampara administrativamente a quienes pueden cometer incluso crímenes contra la Humanidad, ya que España, a pesar de su Democracia, nunca se convertiría en refugio de aquellas personas que defienden la Verdad, y la Justicia frente a aquellos que convierten la Verdad en mentira, y la Justicia en los peores horrores que pueden padecer el individuo o la sociedad.

España ha claudicado, sí, y de forma hipócrita, saca a cientos de afganos ante el avance talibán. Por una parte libera, y por otra, entrega la piel y la sangre de defensores de la Humanidad a las peores bestias, como los actuales líderes de la Argelia postcolonial, de partido único, dictador y con un anacronismo propio de los regímenes fascistas estalinianos de los años treinta.

Cualquier ayuda que pueda recibir un activista defensor de la Humanidad, en cualquier escenario del mundo, no sólo no debe ser desacreditada, como ha hecho la Administración española con la expulsión del joven activista, sino que al contrario debe ser amparada y auspiciada. Vuelvo a recurrir a la hipocresía de una Administración, la actual, llamada «social-comunista» que honra a las Brigadas Internacionales de los años treinta, y sin embargo criminaliza a aquellas organizaciones internacionales que defienden la Vida, la Democracia y los Derechos Humanos en la Argelia corrupta, dictatorial y anacrónica del Presidente Abdelmadjid Tebboune.

La Administración española, y sus políticos oficialistas, pagarán muy caro este descuido, de hecho ya lo está haciendo, al ser el hazmerreír ante la Comunidad Internacional, que ha demostrado no sólo en este asunto sino en otros, como en la reciente crisis con Marruecos o con las recientes declaraciones de Josep Borrell al afirmar que «los talibanes han ganado la guerra y tenemos que hablar con ellos»

La expulsión de territorio español del joven activista argelino defensor de los derechos humanos Don Mohammed Abdellah evidencia la necesidad de revisar deforma urgente la normativa española en materia de extradiciones.